Seguimos con el tema de la descentralización. El Consejo de Ministros está debatiendo sobre un proyecto de ley que pasaría la responsabilidad para buena parte de la recaudación de impuestos a las municipalidades.

Lo que hasta ahora es competencia exclusiva de la SUNAT se convertiría entonces en una tarea compartida. Según el proyecto, las municipalidades se encargarían de cobrar el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas a las Medianas y Pequeñas Empresas, también conocidas como MYPES, así como a los profesionales independientes.

Clasifican como MYPES aquellas empresas con menos de 50 trabajadores y ventas por debajo de los 525 mil soles anuales. Las dimensiones pueden parecer pequeñas, pero en el Perú el 98 % de las empresas clasifican como medianas y pequeñas empresas. Con el nuevo proyecto de ley, la SUNAT cobraría el impuesto del 2% de las empresas restantes – estas son las grandes empresas. Las municipalidades se verían favorecidas por el nuevo modelo en el sentido de que el 50% de lo recaudado por los municipios quedaría en sus manos, mientras que el otro 50% iría al gobierno central.

¿Cómo analizar, cómo entender la propuesta del Ejecutivo? La SUNAT es vista por muchos como un organismo estatal eficiente. Sus métodos, que a veces guardan similitudes con la Santa Inquisición, han contribuido a un aumento significativo de la presión tributaria. Según la Cámara de Comercio de Lima, en 1990 la recaudación por el Impuesto General a las Ventas correspondía a 1,5% del Producto Bruto Interno. En el 2007, los ingresos del I.G.V. alcanzaron 7,45% del P.B.I.

En vista de estas cifras, la transferencia de funciones parece un experimento peligroso. Luis Arias Minaya, ex jefe de la SUNAT, ha cuestionado las capacidades de las municipalidades para asumir la recaudación de los impuestos. Según Minaya:

Las municipalidades están acostumbradas a cobrar impuestos sobre las propiedades, pero no tienen personal capacitado, por ejemplo, para calcular el IGV de una persona jurídica o un Impuesto a la Renta.

Varios alcaldes parecen compartir el temor de Minaya. Mientras algunos pocos como Manuel Masías de Miraflores o Roberto Torres de Chiclayo han mostrado su entusiasmo por el proyecto, la mayoría lo ve como un regalo envenenado. Si bien el proyecto de ley promete mayores ingresos para las municipalidades, estos ingresos tienen que ser materializados. Y eso significa trabajo.

Todo aquel que haya intentado obtener una licencia de funcionamiento sabe que el procedimiento suele ser tedioso y complicado, por no mencionar la palabra corrupción. En el Perú, la economía informal da más empleos que la formal, y ese 2% de empresas grandes contribuye el 90% del total de impuestos. Las municipalidades se repartirían entonces el magro 10% restante – a no ser que realicen un esfuerzo por motivar a los informales a entrar en el régimen formal.

Pero es justamente este aspecto el que hace del proyecto de ley un tema altamente interesante. ¿Quién mejor que las municipalidades para conocer la estructura de la economía local, sus problemas y las necesidades de las empresas?

Hacer que las municipalidades participen del impuesto a las ventas constituiría un claro aliciente para que éstas se preocupen por la salud de las empresas bajo su jurisdicción. Sin duda, se trata de un proceso que no se puede completar de un día para otro. Haría falta no solamente un programa de capacitación, sino también que las municipalidades se pongan al día con obligaciones antiguas.

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, el 90% de las municipalidades aún no ha implementado la Ley del Silencio Administrativo, ley que obliga a los entes del Estado a eliminar aquellos procedimientos que no tienen justificación. Según esa ley, los municipios que no hayan cumplido con la implementación quedarán impedidos de realizar cobros administrativos.

Deficiencias como éstas muestran que estamos aún lejos de una gestión municipal aun medianamente eficiente. Pero en vista de los beneficios antes mencionados y de que se trataría solamente del 10% de los impuestos recaudados actualmente, el proyecto de ley parece ser mucho más sensato de lo que sus detractores nos quieren hacer creer.

Por Bernd Krehoff

Fuente: Resumen Semanal de DESCO N° 1481.