Esta semana se abrió un nuevo frente de lucha entre el gobierno central y los gobiernos regionales. El enfrentamiento surgió luego de que el grupo parlamentario aprista presentara un proyecto de ley que faculta al gobierno central a intervenir a los gobiernos regionales en caso se atente contra la integridad del Estado o no se obedezca la normatividad nacional. Los presidentes regionales salieron inmediatamente al frente para expresarse en contra de lo que consideran un atentado contra su autonomía.

En principio, el planteamiento del partido de gobierno parece tener vizos autoritarios. ¿Por qué se le debería permitir al gobierno intervenir a una autoridad que cuenta con la misma legitimidad popular que el Presidente de la República? La cuestión no es tan simple. La Constitución no prevé ningún tipo de control externo a los gobiernos regionales, con excepción de el que ejerce la Contraloría, que por lo general se limita a los casos de corrupción. ¿Qué sucede entonces si un gobierno regional desacata la legislación nacional?

El proyecto de ley aprista ha sido presentado, justamente, como respuesta a los desacatos regionales de los últimos tiempos. Entre ellos destacan la ordenanza sobre la legalización del cultivo de hoja de coca del gobierno regional puneño, la decisión de más de una región de no acatar el decreto supremo 004 sobre contratación de maestros, y la no adhesión del Cusco a la ley de concesiones en lugares históricos.

Si las desobediencias de los últimos tiempos eran ya preocupantes, esta semana el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, ha cometido un exceso inaceptable. Frente a un grupo de periodistas, confesó que está trabajando en un proyecto para convertir a Puno en un Estado independiente. Luego, para moderar su discurso, habló de ir hacia un modelo federal. Pero el jefe del gabinete, Jorge del Castillo, no iba dejar pasar por alto las declaraciones del representante puneño. “[Si Fuentes] pretende hacer un Estado separado, [se trata] entonces de una actitud sediciosa contra el Perú”, respondió el premier.

En efecto, como dice del Castillo, quienes se atribuyen indebidamente el ejercicio del poder, cuyas limitaciones y responsabilidades establece la Constitución, practican un acto de sedición. Así lo establece el artículo 45 de la Carta Magna. Además, el artículo 43 dice claramente que el “Estado es uno e indivisible”. No existe pues ningún mecanismo constitucional que permita el desmembramiento del Estado, ni siquiera a través de un referendo. En resumen, hablar de un Puno independiente resulta absolutamente descabellado.

Si bien la posiblidad de que el Estado peruano adopte una estructura federal no resulta igual de descabellada, tampoco es una solución para los desafíos actuales. Hablar de federalismo cuando el grueso de los gobiernos regionales no han demostrado capacidad de gestión de los recursos y de las competencias con las que ya cuentan, no parece ser el remedio. Fuentes pone como ejemplo de un buen diseño constitucional a la estructura federal de los Estados Unidos. Pero, ¿cree acaso Fuentes que el Estado puneño podría, entre otras funciones, tener a cargo una fuerza policial o diseñar buenas políticas educativas?

Lo cierto es que un Puno absolutamente autónomo es, bajo todo punto de vista, inviable. Económicamente, sin el apoyo del financiamiento del gobierno central, terminaría de ser devorado por el contrabando. Administrativamente, carecería de la burocracia adecuada para llevar adelante las políticas que hoy están a cargo del gobierno central.

Volvemos a la cuestión original: ¿cómo hacer frente a intentos secesionistas o a desacatos repetidos como el puneño? El gobierno debe contar con mecanismos que le permitan hacer cumplir las políticas de carácter nacional. De lo contrario amenaza el desgobierno. Sin embargo, el proyecto presentado esta semana no representa una solución adecuada y difícilmente será aceptado por los gobiernos regionales que lo han interpretado como un acto de provocación. Uno de los mayores problemas del proyecto radica en la ambigüedad de uno de sus pasajes. Según dice el texto, la intervención podría producirse “por la ocurrencia de graves circunstancias políticas o sociales que originen la ingobernabilidad de la región”. Los críticos ven en este pasaje un intento de justificar legalmente cualquier intervención futura, aún cuando ésta no estuviera ameritada por el verdadero espíritu de la ley.

En resumen, la última semana y, en realidad, el último mes, no han sido buenos tiempos para el proceso de descentralización. Ante al extremismo de ambas partes, los consensos, tan importantes en sistemas de deliberación fragmentados, han sido difíciles de alcanzar. Los gobiernos regionales han querido pasar por alto las políticas nacionales y el gobierno central ha respondido con un proyecto de ley que les quita poder a los gobiernos regionales. Ambas partes han desvirtuado el valor del proceso de descentralización: los gobiernos regionales con sus insubordinaciones han fortalecido las tesis de los que llaman a rescentralizar el país y el gobierno, con este nuevo proyecto, da pie a los que critican el tradicional paternalismo limeño. Una vez más, pierde la moderación.

Ignazio De Ferrari