Las protestas son parte constante de nuestra vida política como país, y en cierta medida expresión natural en toda democracia. Sin embargo, cuando la insatisfacción social se transforma en violencia es señal de alarma a la estabilidad y prosperidad del país.

El pasado lunes, la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego declaró un paro que estuvo marcado por la violencia: cuatro agricultores muertos, más de 200 detenidos, 48 horas de caos y desorden en varias zonas del país, principalmente en Ayacucho. Los cuatro decesos llevaron a la bancada nacionalista a exigir una inmediata investigación y la renuncia del ministro del Interior, Luis Alva Castro, porque “no corresponde usar armas de fuego para controlar a los manifestantes”.

Similares disturbios ocurrieron en Huaral y en la carretera Santa-Huaraz, donde hubo 33 detenidos, así como en Chimbote. Hubo bloqueos de carreters en diversas zonas del país, e incluso un bloqueo en la vía ferrea hacia Macchu Picchu. Además, en medio de la anarquía siempre hay quienes toman ventaja y las autoridades municipales establecieron que en Caraz, los manifestantes no eran agricultores sino delincuentes infiltrados que saquearon tiendas y atacaron algunas viviendas de esa ciudad.

El desencadenamiento de la violencia tras el paro campesino demuestra, una vez más, que la violencia contrarestada con violencia solo da como resultado un escalamiento de la misma y consecuencias trágicas.

Los pobladores de Quinua que fallecieron en el enfrentamiento del martes, cayeron abatidos por disparos policiales durante el disturbio. A pesar de ello, la policia volvió a usar sus armas para tratar de repeler la violencia en la protesta donde participaron unos ocho mil ayacuchanos que reclamaban que se investigara la muerte de los manifestantes. La marcha se desarrollaba con tranquilidad, pero a las 11 a.m., un incendio en un puesto comercial dio pie a airados reclamos seguidos por un desbande generalizado que hizo que la policía usara nuevamente sus escopetas de perdigones y sus bombas lacrimógenas. Como consecuencia de toda esta trifulca, por lo menos 79 personas resultaron heridas.

Al respecto, el presidente de la República, Alan García, responsabilizó a los “pseudodirigentes y agitadores extremistas” de los decesos ocurridos durante el bloqueo de carreteras ocasionado por el paro agrario. Cuestionó que estos personajes, en lugar de encabezar las protestas, empujaran a la población a participar como, y en sus palabras, “carne de cañón”. Agregó que después de la tensión vivida en el país por la huelga “de algún sector agrario”, la calma estaba volviendo a diversos sectores con el despeje de las carreteras, incluso en las zonas donde los resultados eran lamentables, como Ayacucho, y aprovechó para recalcar que nadie tiene derecho a bloquear carreteras, tomar aeropuertos o amenazar al resto del Perú

Además, García felicitó a la Policía por haber actuado con “convicción” y “decisión”. Frente al pedido de renuncia de Alva Castro, el mandatario indicó que primero debe investigarse a la bancada nacionalista para ver cuántos de ellos han instigado el paro agrario. Citándolo, “es lo primero que debemos hacer y dejarnos de hipocresías”.

A dos días de que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, se presente ante la Comisión Permanente del Congreso para explicar los sucesos de violencia ocurridos durante el paro agrario el presidente del Parlamento, Luis Gonzáles Posada, admitió que el gobierno cometió errores que debe corregir. El legislador aprista indicó que si bien nada justifica los actos de violencia impulsados por lo que el denomina “fuerzas de la oscuridad”, reconoce que el gobierno debió explicar mejor los proyectos que plantea, a fin de evitar malas interpretaciones.

Sin duda alguna, el gobierno manejó mal la crisis al en lugar de resolver las demandas de los agricultores para detener el paro anunciar que se declaraba el estado de emergencia y se entregaba el control a las Fuerzas Armadas, pero nunca publicar el decreto y asignar a la policía la labor de disolver los disturbios con el saldo conocido.

En este clima de protesta que se vive en el país, la ciudad del Cusco empieza a jugar tambien un papel predominante. A pesar de la negativa del gobierno regional del Cusco de respaldar la medida de lucha y la falta de apoyo de la población, la Asamblea Regional y la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) inició un paro de 48 horas para exigir la derogatoria de las leyes 29164 y 29167, por considerar que atentan contra el patrimonio cultural.

Para el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, el paro de 48 horas tiene intereses políticos y electorales. En sus palabras, “Entiendo que el radicalismo y la intolerancia están primando en algunos sectores de la Asamblea Regional, pero espero que reflexionen y que finalmente vuelva el clima de paz al Cusco, que es sede de APEC. Espero que esto sea resuelto a la brevedad del caso”.

El paro estuvo plagado de incidentes como el intento de toma del aeropuerto Juan Velasco Astete y el cierre de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Temporalmente, los cusqueños decidieron dar tregua a la ola de protestas que exige la derogatoria de las leyes que promueven la concesión y la inversión en lugares considerados patrimonio cultural. Sin embargo, la tranquilidad amenaza con ser pasajera ya que un nuevo paro de 72 horas ha sido programado por la Asamblea Regional. No se ha definido aún su fecha, sin embargo, según informó el presidente de esa asamblea, Efraín Yépez, para este nuevo paro se buscará que otras regiones, principalmente de la Amazonía, se plieguen a la medida de protesta de modo que sea un paro macro regional.

Si bien la libertad de expresión es condición de toda democracia, la sociedad civil del Perú debe pensar en el bien de su país si queremos progresar todos unidos. La violencia, el bloqueo de carreteras, ataques contra aeropuertos, entre otros, solo ahuyentarán al turismo que tanto nos apoya, a la inversión que nos hace crecer y la estabilidad necesaria para que todos los peruanos se realicen. La sociedad civil debe tener la fuerza suficiente para oponerse a líderes dispuestos a causar disturbios nacionales por intereses personales, pero para que esto sea posible, el gobierno central debe saber escuchar y atender los pedidos de sus ciudadanos. Solo el pacto entre el Estado y la sociedad nos permitirán llegar a puntos medios que protegen la estabilidad de un Perú que tanto la necesita para salir adelante.

Mariana Costa