Esta semana los conflictos sociales han opacado la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Estos conflictos provienen de tres frentes.

El primero constituye el rechazo de los profesores al Decreto Supremo 004, que ordena se contrate solamente a profesores que pertenecen al tercio superior de sus centros de estudios.

En el Cuzco se origina el segundo conflicto. Esta región demanda se derogue la Ley de Promoción de Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta ley permite la inversión privada en zonas aledañas a sitios históricos bajo la modalidad de concesión de servicios.

El tercer conflicto, que valdrá nuestra especial atención el día de hoy, se refiere al paro agrario. Esta medida de fuerza fue convocada por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú y por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). Los enfrentamientos con fuerzas del orden cobraron la muerte de dos manifestantes en Ayacucho, la de un agricultor en Arequipa y la de un asaltante. Esta situación obligó al gobierno a declarar el estado de emergencia en Lima, Áncash y La Libertad.

Alan García culpa a los dirigentes de los desmanes durante el paro agrario y exime de toda responsabilidad a la Policía Nacional. La dirigencia ha decidido detener las protestas para sentarse nuevamente a la mesa de diálogo con el Ministro de Agricultura Ismael Benavides, como ya lo había realizado anteriormente a la huelga.

Pero, ¿qué demandan los agricultores? Según el Director de Agronoticias, Reynaldo Trinidad, en el campo se está sumamente decepcionado por “la traición de Alan García a todas sus promesas electorales frente al agro, aunque especialmente al compromiso de revisar el entreguista Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

Los agricultores temen ser despojados del mercado interno ya que el TLC elimina todos los aranceles para las importaciones agroalimentarias poniendo en desventaja a los productos nacionales. A esta situación, según Trinidad, se suma la negativa del gobierno de hacer cumplir las leyes que ordenan la compra obligatoria de alimentos de exclusiva producción nacional por todos los organismos y programas del Estado. Frente a las grandes empresas agroexportadoras que ya han tenido encuentros con el Presidente de la República, el resto de agricultores se siente absolutamente ignorado.

El Censo Agrario de 1994 revela una estructura tremendamente heterogénea del agro peruano. Al 70% de los agricultores les pertencen unidades agropecuarias que no superan las 5 hectáreas, mientras tan sólo el 1.3% tiene 100 hectáreas o más. La investigadora Rosario Gómez del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico destaca el concepto de los “Cuatro Agros” acuñado por el ex-Ministro de Agricultura Alvaro Quijandría.

Según la investigadora este concepto deja en claro los diferentes perfiles de producción. Mientras que las empresas agroexportadoras contribuyen con un 9% al Producto Bruto Interno (PBI), los pequeños agricultores tradicionales dedicados al mercado interno lo hacen con un 37%. Al lado de estos dos grupos conviven aquellos que realizan una agricultura de subsistencia participando con un 5% del PBI y los que se dedican a una agricultura extensiva con un 49% del PBI.

Acertadamente, Gómez recalca que esta “estructura agraria nacional tiene brechas de productividad y de rentabilidad donde los pequeños agricultores predominan. Esta situación impone retos de organización y coordinación entre los diversos tipos de productores para articular esfuerzos que mejoren la competitividad del sector”.

Estos datos hacen evidente las dificultades que se presentarán al actual Ministro de Agricultura para concertar una salida favorable para los agricultores. De la misma manera esta situación también deja en claro que los pequeños agricultores tienen una importancia vital para el abastecimiento del mercado nacional. Además, si se tiene en cuenta que el sector agrario emplea al 31.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que corresponde a 2.8 millones de peruanos, las demandas de este sector no deberían ser ignoradas.

Por María Ana Rodríguez