Las protestas sociales de esta semana han enfrentado al gobierno central y a las regiones. Los conflictos entre ambos niveles de gobierno parecen estar ligados a un alarmante desentendimiento de las competencias legales de cada jurisdicción y a la ausencia de foros adecuados de diálogo entre las partes involucradas.

A medida que llegamos a los dos años de gestión aprista, se hace cada vez más evidente que este gobierno deberá lidiar con un panorama de turbulencia social. Y es que mientras el gobierno se felicita por los tan sonados logros macroeconómicos, el descontento social persiste, acompañado de una voluntad de utilizar medios violentos para la protesta. En estos últimos días se ha desatado una nueva ola de protestas en todo el país que ha dejado, incluso, víctimas mortales.

Las demandas de los diferentes gremios y organizaciones sociales que han salido a marchar son de índole muy diverso y, en muchos casos, tienen su origen tanto en la acción como la inacción del gobierno central. En ese sentido, parece desmesurado que, una vez más, miembros del gabinete atribuyan las marchas a una acción política concertada. Parece, más bien, que este 2008 de cumbres internacionales es el año ideal para que los diferentes sectores rechazan la política comercial y económica del gobierno, hagan sentir su presencia en la gran escena. Que sea racional protestar en este contexto, no significa que las demandas estén conciliadas.

Pese a no estar articulados entre sí, los conflictos sociales que se han desatado esta semana, en especial los ligados al Decreto Supremo 004 y a la ley 29164, tienen en común el hecho de enfrentar a las mismas partes: el gobierno central y las regiones. Tanto en el caso del decreto del tercio superior para la contratación de maestros como en el de la ley de Promoción de Servicios Turísticos en bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, se han sentado los mismos actores a la mesa de negociación.

Como suele ocurrir en conflictos que enfrentan a dos niveles de gobierno distintos (nacional y regional), se trata de un problema de interpretación del marco legal. Los gobiernos regionales alegan que el gobierno no puede dar un decreto relacionado a la contratación de maestros sin su consentimiento, ya que ellos “no son sólo una ventanilla de pago” (en palabras de un prominente dirigente regional). De igual manera, entienden que el patrimonio cultural es de la región en que se encuentra.

En el primer caso, la razón está con el gobierno central, pues la política educativa del país está a cargo del gobierno nacional. Aún así, el ministro Chang ha debido capitular con su propuesta del tercio superior, ante el riesgo de ser considerada inconstitucional. Como hizo ver la Defensoría del Pueblo, una norma de ese tipo requiere de una ley y no de un decreto supremo. Está por verse si el nuevo proyecto que plantea someter a los postulantes a una plaza de maestro a un examen, correrá o no la misma suerte.

En el caso de la ley 29164, el gobierno también se vió obligado a renunciar a su propuesta original. Al final, serán los gobiernos regionales los que decidan si permiten el ingreso de la inversión privada en ese sector. Como comentó algún analista esta semana, será una buena ocasión para ver cuál de las dos partes estaba en lo cierto.

El problema central parece ser, en definitiva, que el proyecto de regionalización no termina de consolidarse. Los actores no terminan de entender su rol en el proceso de negociación. Por un lado, persisten las indefiniciones en lo que respecta a las competencias de cada nivel y, por otro lado, como ha dicho Mirko Lauer en su columna de ayer, no se han fortalecido los espacios de diálogo entre presidentes regionales y gobierno central. Una muestra de lo primero es que, cada vez con más frecuencia, el Tribunal Constitucional (TC) ha tenido que dirimir en conflictos entre las dos partes. Muestra de lo segundo, es la incapacidad de alcanzar una agenda común.

Ignazio De Ferrari