El tema que dominó las primeras planas de la semana pasada fue el Decreto Supremo 004, mejor conocido como la “norma del tercio superior”. Según este decreto será necesario, para aquel que postule a una plaza docente, terminar los estudios de educación con una nota que lo coloque dentro del tercio superior de su promoción. La norma tendrá validez a partir de este año – o eso es al menos lo que el gobierno pretende.

A primera vista, la norma parece perfectamente inofensiva. ¿Qué hay de malo en limitar la elección de maestros a aquellos que destaquen en sus estudios? En todo el mundo, el desempeño de un trabajo depende de las calidades profesionales de la persona en el cargo. Así como una aerolínea está en su derecho de elegir al piloto con mejores créditos profesionales, el Estado tiene derecho a nombrar aquellos docentes que prometen ser los mejores.

Yehude Simon, presidente de la región Lambayeque, ha dicho que la norma del tercio superior atenta contra el derecho constitucional al trabajo. Se equivoca. La constitución no dice que el Estado le debe ofrecer trabajo a todos. Simplemente dice, sin mayor especificación, que el trabajo es “un derecho y un deber” (eso está en el artículo 22). Atenta contra la Constitución aquel que discrimina a postulantes de acuerdo al color de piel, a su sexo, o su preferencia sexual. Pero no es inconstitucional discriminar a los postulantes de acuerdo a sus capacidades para desempeñar un puesto.

La oposición al decreto supremo ha venido, sobre todo, desde las regiones. 17 gobiernos regionales, entre ellos los de Lima, Ica, Arequipa, Junín y Puno, se han pronunciado en contra. El Ministro de Educación, José Antonio Chang, ha dicho que esta norma acabará con “la compadrería, el activismo político y en muchos casos la corrupción”. Esto explicaría también el porqué de la oposición regional: Los actores locales tendrían intereses políticos a la hora de nombrar docentes. Para nadie es un secreto que el SUTEP, el sindicato de maestros, es una de las pocas organizaciones nacionales capaces de movilizar a gran escala. El magisterio sería, entonces, un bazar político para el intercambio de favores.

Pero la ecuación no es tan simple. Sean cuales fueran los motivos de los presidentes regionales, razones para oponerse abundan. Y buenas razones, también. León Trahtemberg ha señalado varias deficiencias. Por un lado, el decreto anula, de forma retroactiva, el valor de los diplomas en educación para dos tercios de los estudiantes de cada promoción. Dos tercios, un número bien grande. Alguien que empezó a estudiar hace uno, o dos, o más años, tenía la garantía de poder postular a una plaza docente una vez obtenido el diploma correspondiente. Ahora, de la noche a la mañana, el gobierno ha decidido anular ese derecho.

Otra deficiencia del decreto está en su simpleza. Estar en el tercio superior de una promoción no es garantía de ser un buen maestro. Alguien que egresó de una institución pedagógica mediocre no tiene por qué ser un buen profesor así sea el primero de su promoción. Desde los años 90 ha habido tal proliferación de instituciones pedagógicas, muchas de ellos de dudosa calidad, que la idea del tercio superior hace poco sentido.

Por último está el hecho de que un buen estudiante no tiene por qué ser un buen profesor. Cuántos profesores universitarios son exitosos publicando pero pobres enseñando. Para ser un buen docente se requieren habilidades prácticas como dominio de escena, sensibilidad, paciencia y perseverancia, habilidades que no necesariamente se aprenden como estudiante.

Por todas estas razones pienso que el gobierno debería dar marcha atrás y venir con una idea mejor. La idea del tercio superior es demasiado superficial. La calidad de un docente debe medirse en los mismos exámenes de admisión, pero sobre todo en la evaluación contínua de los que enseñan. Un sistema amplio, práctico y estrictamente meritocrático, que funcione sin interferencias políticas, sería una alternativa cien veces mejor.

Por Bernd Krehoff