“Están enviando a Loayza al matadero”, fueron las palabras de la histriónica legisladora de Acción Popular (AP), Rosario Sasieta, luego de que sus colegas de la Comisión de Justicia del Congreso optaran por no increpar a la fiscal de la Nación por ordenar el regreso de Luz Loayza a su jurisdicción de Maynas. Las elocuentes expresiones de Sasieta hacían eco del sentido común popular. ¿Por qué enviar de vuelta a la boca del lobo a una representante del Poder Judicial amenazada por investigar a narcotraficantes?

El vía crucis de Loayza empezó en setiembre del 2006 cuando pidió su traslado a Lima. En el 2005, Loayza había investigado al hoy preso por narcotráfico Fernando Zevallos y había ordenado su detención. El pedido de traslado a la capital se dio luego de que Loayza recibiera amenazas de Jorge Chávez Montoya (a) Polaco, lugarteniente de Zevallos. En un primer momento, Bolívar denegó el pedido, pero la Junta de Fiscales Supremos resolvió en noviembre de ese mismo año su traslado temporal a Lima. En diciembre del año pasado, la Junta decretó el retorno de Loayza a Maynas, pese a que informes de intilegencia policial revelaban que la vida de la fiscal corría más peligro aún si era obligada a regresar a su jurisdicción.

Ni siquiera el llamado del presidente García para que el Congreso increpara con firmeza a la fiscal de la Nación fue oído por los legisladores. Ni siquiera fue oído por los legisladores apristas, que el día de la esperada sesión, el último día de enero, brillaron por su ausencia. Bolívar no fue conminada a dar razones por la polémica decisión que había tomado la institución que dirige con mano de hierro. Un día después de la presentación de Bolívar en el Parlamento, la Junta de Fiscales Supremos terminó de sellar la suerte de Loayza, al rechazar su apelación.

Los medios de prensa han coincidido esta semana en que Bolívar se escuda en tecnicismos para denegar el pedido de Loayza. Bolívar sostiene, por ejemplo, que Loayza nunca reportó amenazas a su institución, cuando era de dominio público que Polaco había revelado a la prensa que Zevallos, su jefe, le había ordenado asesinar a la fiscal. Bolívar también obvió mencionar el oficio que el ministro del Interior, Luis Alva Castro, le había remitido a la Junta de Fiscales Supremos el 4 de enero último, en el que se advertía que Loayza corría peligro en la selva.

La pregunta que se hace la opinión pública a estas alturas es por qué los legisladores no salen en defensa de una representante judicial que ha dado sobradas muestras de honestidad y, en vez, prefieren hacer espíritu de cuerpo con una fiscal de la Nación que desde hace un tiempo parece no querer enfrentarse a los intereses de los indefendibles. ¿Es que acaso el narcotráfico ha extendido sus tentáculos al Congreso de la República? El periodista y ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, ensaya una respuesta:

“El asunto es que la fiscal de la Nación es muy poderosa y tiene un control omnímodo sobre el Ministerio Público. Por eso varios congresistas que son abogados, no quieren malquistarse con ella. Otros lo hacen por razones políticas, típicamente los fujimoristas. Son muchos los funcionarios de la dictadura de la década de 1990 que deben afrontar procesos judiciales. Todos ellos saben que Adelaida Bolívar es una experta en el arte de la componenda y el intercambio de favores”.

En el caso del campo gobiernista, una vez más se ha hecho evidente lo difícil que es congeniar una agenda común. Mientras el presidente de la República y presidente del partido exige firmeza contra la fiscal de la Nación, el APRA legislativo hace exactamente lo contrario, y decide en bloque no acudir a la sesión. Parece que el análisis de Rospigliosi es acertado pues los congresistas anteponen sus intereses personales, de carrera, por sobre los de la nación y, en cierta medida, del partido. Por otro lado, hay una interpretación más simple y que ha sido utilizada con anterioridad para otras coyunturas. García, conciente de los intereses subalternos de sus legisladores, les exige lo imposible, para erigirse como una autoridad moral que en el futuro pueda decir “se los advertí”. Esta interpretación supone que García juega un partido aparte en el que incurre en no pocos riesgos. El peligro es alienar a su propia bancada.

En definitiva, el problema de fondo son los cuestionamientos que, similares a los de Rospigliosi, penden desde hace un tiempo sobre la fiscal de la Nación. Como ha señalado en su último artículo en esta página, Bernd Krehoff, la cuestión del narcotráfico se perfila como uno de los conflictos sociales más serios del 2008. La presencia en el Ministerio Público de una figura confiable, dispuesta a asumir el grandísimo reto que significa la lucha contra la violencia que engendra el narcotráfico, es fundamental para que la opinión pública no perciba que la batalla está perdida de antemano, ante la ausencia de un ente fiscalizador efectivo. La guerra contra el narcotráfico es en sí misma un conflicto en el que interactuan factores externos que escapan de nuestro control. Nuestra tarea es hacer todo lo que está a nuestro alcance para acercarnos a una solución. La fiscalización es una tarea fundamental.

Ignazio De Ferrari