Continúa el juicio contra Alberto Fujimori por el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Continúa la presentación de testigos. El viernes, 18 de enero, fue el turno del Primer Ministro, Jorge del Castillo.

El testimonio de Del Castillo se alinea con el del periodista Gustavo Gorriti, el empresario Samuel Dyer y el testimonio del ex congresista César Barrera Bazán. Al igual que Gorriti, Del Castillo fue secuestrado luego del autogolpe del 5 de abril de 1992. Mientras Gorriti permaneció recluido por dos días, Del Castillo lo estuvo por cinco días. Los familiares de ambos nunca fueron informados sobre el paradero de los desparecidos. Similiar suerte corrieron Samuel Dyer y el congresista Barrera Bazán, aunque estos últimos fueron secuestrados tres meses después, en julio de 1992.

La defensa de Fujimori, encabezada por el abogado César Nakasaki, puso en tela de juicio la acusación por secuestro. Según Nakasaki, del Castillo no sufrió un secuestro, sino una detención ilegal. Esta distinción puede parecer irrevelante, pero no lo es, al menos no en el mundo legal. La detención ilegal es considerada un abuso de autoridad, y en el Perú los delitos prescriben de acuerdo a la pena máxima.

Entonces, el delito de abuso de autoridad, cuya pena máxima es de dos años, prescribe justamente dos años después de cometido el delito. Esto quiere decir que Fujimori ya no podría ser juzgado por este delito. El tema es distinto cuando hablamos de un secuestro. El secuestro se castiga con una pena máxima de 30 años de cárcel, lo cual significa que Fujimori aún puede ser juzgado por este delito.

Según Nakasaki, Del Castillo fue detenido, y no secuestrado, porque, antes de ser liberado, Del Castillo fue examinado por un médico legista y tuvo que firmar un papel presentado por un fiscal. Sin embargo, el testimonio de Del Castillo indica que su reclutamiento no cumplió con los estándares mínimos de legalidad: Del Castillo nunca fue informado por el motivo de su detención (tampoco lo fueron sus familiares), no pudo hacer una llamada, mucho menos contactar a un abogado. Tampoco fue puesto a disposición de un juez.

La acción fue perpetrada por militares con niveles de violencia e intimidación totalmente innecesarios tratándose de una persona que no estaba armada. Del Castillo relató cómo lo tuvieron al borde de la asfixia al cubrir su cabeza con una bolsa de plástico. Durante el camino desde su casa a un Cuartel en Chorrillos, Del Castillo cuenta que fue encañonado.

Todas estas evidencias apuntan a que el reclutamiento de Del Castillo no tuvo fundamento legal. Lo mismo se puede decir de los testimonios de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, que son los dos casos por los cuales se acusa a Fujimori. Y es así como el Código Penal peruano describe el delito de secuestro:

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.

Queda claro entonces que la acción perpetrada en contra de Del Castillo, Gorriti, Dyer y Barrera Bazán careció de esta justificación legal de la cual habla el Código Penal. Lo que queda por demostrar ahora es el nivel de involucramiento del ex presidente Alberto Fujimori. Del Castillo mostró un documento, firmado por el entonces Comandante General de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, en el cual se ordena la detención de varias personas (sin especificar los nombres).

En ese documento, Hermoza Ríos se refiere a “órdenes superiores”. Por encima del Comandante General está solamente el Presidente de la República. Según artículo 167 de la Constitución es el “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Además están las declaraciones del mismo Hermoza Ríos en su propio juicio, donde afirma que Fujimori fue la persona que dio esta orden.

Será tarea de la Sala Penal Especial, liderada por César San Martín, determinar si estos indicios y testimonios son suficientes para establecer la culpabilidad de Fujimori. De ser así, Fujimori recibiría no menos de veinte, ni más de 30 años de cárcel.

En el entretiempo la hija de Fujimori y Congresista Keiko Sofía inició el proceso de recolección de firmas para la inscripción de un nuevo partido fujimorista llamado “Fuerza 2011”. La noticia se dio a conocer en el mercado de Ceres, en Ate-Vitarte. Kenji Fujimori, hermano de Keiko, dijo las siguientes palabras en esta ocasión:

Estos papeles que se llaman planillones no son cualquier papel. Ese papel es el pasaporte a la libertad del ingeniero Alberto Fujimori. Tenemos que firmar porque ustedes le van a dar la libertad al Chino, ustedes son los verdaderos jueces del Chino.

Por Bernd Krehoff