No hace falta negar que algunos toman mejores decisiones que otros para insistir en la necesidad de establecer mecanismos de transparencia y control. Todo gobierno que pretenda ser legítimo necesita lidiar con condiciones de aceptabilidad para sus pretensiones. Imaginemos que necesitamos decidir sobre la construcción de una nueva planta eléctrica con fondos públicos. Las opciones son tres: (1) Construir una central hidroeléctrica; (2) construir una planta que funcione con gas natural; (3) importar la electricidad de algún país vecino.
Supongamos que la primera es la mejor opción. Esto lo asumimos como un hecho que nosotros, los lectores, sabemos a ciencia cierta. Imaginemos ahora que un grupo de expertos en energía están en el gobierno. Ellos realizan un estudio, concluyen que la primera opción es la mejor y le comunican a sus ciudadanos que han decidido construir una central hidroeléctrica porque esa es la decisión correcta.
Sería natural que algún ciudadano les pregunte por qué creen que la primera opción es la mejor opción. Ante esta pregunta hay dos alternativas. La primera es no dar ninguna respuesta y pedirle al ciudadano que confíe en ellos ya que ellos son los expertos. Es una mala respuesta, pues el ciudadano querrá saber, entre otras cosas, si son unos pobres farsantes o si realmente se han hecho el trabajo de identificar la mejor opción. Además, su demanda está justificada puesto que la central eléctrica será construida con dinero proveniente del tesoro público. No tiene sentido darle mi dinero al gobierno sin saber para qué.
La segunda posibilidad es explicar las razones por las cuales los expertos consideran que construir una hidroeléctrica es la mejor opción. Aquí el problema no es la falta de transparencia sino la posibilidad de que hayan objeciones. No faltará el ciudadano que se muestre en desacuerdo con la decisión tomada. Los expertos podrán tratar de convencerlo, pero nada garantiza que el ciudadano finalmente acepte el argumento de los expertos. Esta situación de confrontación nos pone frente a un dilema. Son dos las posiciones que podemos adoptar:
(1) Democracia directa: Los expertos que están en el gobierno nunca tienen la última palabra. Todas sus decisiones dependen, en última instancia, de su aprobación ciudadana (mediante voto mayoritario).
(2) Democracia calificada: Los expertos tienen la última palabra dentro de sus campos. Su autoridad no se basa en la aprobación que reciben, sino en su capacidad de hacer las cosas mejor. Sin embargo, están obligados a rendir cuentas y dejarse fiscalizar por el ciudadano común de forma periódica.
La primera opción (democracia directa) es problemática en tanto no parece ser la mejor alternativa. Si cada una de las decisiones tomadas por los expertos pueden ser revocadas por la ciudadanía tendremos resultados de una calidad epistémica comparativamente mala. Un maestro del ajedrez cuyas jugadas son constantemente reemplazadas por las jugadas de un principiante terminará, muy probablemente, jugando peor que si lo hiciera de forma autónoma. Lo mismo se puede decir en el ámbito político (Raz 1986, 38-69).
Es importante remarcar que una autoridad destaca no solamente cuando tiene mayores conocimientos. Su posición privilegiada puede deberse a su capacidad de coordinación (por ejemplo, establecer reglas de tránsito) o a su imparcialidad (por ejemplo como árbitro en una corte). Por eso es más conveniente habar de las capacidades o habilidades de una autoridad en vez de usar el término epistocracia.