Operación “Emmanuel” fue el nombre designado para la puesta en libertad de tres rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los cuales serían recibidos por una misión humanitaria integrada por la Cruz Roja y representantes de siete países. La mencionada operación, auspiciada y organizada por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, fue altamente publicitada después del anuncio de la ruptura de relaciones por parte del gobierno de Hugo Chávez con el gobierno del presidente colombiano Àlvaro Uribe.
Las FARC es una organización guerrillera marxista-leninista existente desde 1964, que a partir de 1982 ha ido desarrollando una estructura conformada por bloques y frentes, mientras que actualmente puede ser considerada como la más grande y más antigua organización guerrillera del hemisferio. El origen de esta organización –considerada como terrorista por el gobierno colombiano, la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros- se remonta al período de la guerra civil entre liberales y conservadores entre 1948 y 1957, conocido como “La Violencia”, que finalizaría en el gobierno del Frente Nacional. El Frente Nacional surge producto del acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador –lo que incluye la repartición de puestos entre ambos partidos y la alternancia en la presidencia durante 16 años-, que a su vez dejaría fuera a otras opciones políticas. Actualmente las FARC se encuentran asociadas al narcotráfico como medio de financiamiento, junto con los secuestros y la extorsión.
La operación “Emmanuel” consistía en la liberación de tres secuestrados por las FARC: Clara Rojas, ex candidata a la vicepresidencia de Colombia; Emmanuel, el hijo de tres años que Rojas tuvo con un guerrillero de las FARC; y Consuelo Gonzáles, ex senadora colombiana. La liberación de los tres rehenes –de aproximadamente 800 rehenes en total y de 45 rehenes de alto nivel considerados como “canjeables”- era considerado como un acto de desagravio al presidente Hugo Chávez después del fin de la mediación del presidente venezolano por decisión del gobierno de Uribe. La motivación detrás de esta decisión habría sido una llamada que Hugo Chávez habría hecho al comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, dado que al parecer parte del acuerdo entre ambos presidentes consistía en que Chávez se abstendría de contactar directamente a miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Esto como producto del temor del gobierno de Uribe ante una posible “chavización” de sus Fuerzas Armadas, aunque para algunos fue la excusa del presidente colombiano para acabar lo antes posible con la mediación de Chávez, a pesar de haber puesto el 31 de diciembre como límite a su participación.
Las declaraciones de Uribe respecto al papel de la mediación del presidente venezolano como “legitimador del terrorismo” se entremezclaron con la airada reacción de Chávez, quien dijo sentirse traicionado por las razones esgrimidas por el gobierno colombiano para removerlo de su papel en el intercambio humanitario, al mismo tiempo calificándolas como mentiras. Los familiares de los secuestrados, que habían visto en la mediación de Chávez –acompañado por la senadora colombiana Piedad Córdoba- una posibilidad de volver a ver a quienes permanecen hoy en cautiverio, criticaron duramente la actitud del gobierno de Uribe, sobre todo después de que una política de mano dura contra las FARC no ha dado mayores resultados en lo relativo a la liberación de secuestrados. Cabe resaltar que se esperaba canjear 45 rehenes por aproximadamente 500 prisioneros de la guerrilla.
La operación “Emmanuel” fue resultado de la aceptación de la “formula” propuesta por Chávez al gobierno colombiano para la liberación de los tres rehenes y que se esperaba se concrete a más tardar el 31 de diciembre del 2007 –el ingreso a territorio colombiano de la delegación integrada por representantes internacionales y la Cruz Roja-. Esta dio un nuevo giro al verse frustrada el martes 1 de enero después de días de espera y tensión. Un anuncio de las FARC, difundido por Chávez, sostuvo las operaciones militares colombianas no garantizaban la seguridad necesaria para la entrega de las coordenadas para recoger a los rehenes originó la suspensión de la operación.
Sin embargo, la hipótesis del gobierno colombiano era bastante diferente: las FARC no habrían entregado a los tres rehenes porque no tendrían en su poder al niño. Hugo Chávez criticó nuevamente al gobierno de Uribe acusándolo de sabotear la operación. Pruebas de ADN realizadas a los familiares de Rojas y comparadas con los análisis hechos a un niño que se encuentra en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó la hipótesis. La liberación de las otras dos rehenes queda pendiente.
La tragedia de los secuestrados se ha convertido en un campo más para la pugna de poder entre el proyecto político, social y económico de Chávez, y el gobierno de Uribe, aliado y uno de los principales receptores de ayuda de los Estados Unidos. La crítica a la actuación del gobierno de Uribe frente a la guerrilla de izquierda y su involucramiento en el escándalo de la “para-política” –donde 44 miembros del Senado y de la Cámara Baja están investigados por vínculos con grupos paramilitares de derecha- han abierto el espacio suficiente para la presencia de Chávez en la política colombiana. Al mismo tiempo, las gestiones de Chávez ante las FARC –junto con la amnistía que beneficia a quienes se pusieron a derecho al ser acusados por delitos ocurridos durante el golpe de Estado contra Chávez en el 2002- se entiende como una plataforma para mejorar su imagen pública después de su fallido intento de modificar la Constitución de Venezuela.
Mariana Olcese