Desde el inicio del gobierno actual, ha habido una explosión de nuevas entidades que, más que ser efectivas y constructivas, sirven como blindaje frente a la crisis de turno y amenazan con socavar las instituciones estatales existentes.

Esta semana, el director ejecutivo del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), Julio Favre, fue atacado por propios y extraños al haberse cumplido dos meses desde el terremoto que azotó el sur chico del país.

Miembros del partido aprista en el Congreso criticaron duramente la labor de Favre tanto por su incapacidad de remover los escombros en las calles de Ica y Pisco como por la aparente desconexión de este del proceso de reconstrucción, gestionando desde Lima y no en la zona del desastre. Por otro lado, el ex Presidente del Consejo de Ministros Pedro Pablo Kuczynski renunció al directorio del Forsur criticando duramente a Favre y mostrando frustración por la supuesta incapacidad de acción del organismo. Kuczynski es el tercer miembro del directorio del Forsur en retirarse después de los empresarios Henry Day y José Chlimper, que salieron rapidamente, aludiendo a falta de tiempo.

Por otro lado, el director ejecutivo del Pacto Social, Victor García Toma, anunció que las actividades de esta entidad recién empezarían los primeros días del 2008, debido a problemas de coordinación después del terremoto. El Pacto Social, anunciado por el presidente García en su discurso del 28 de julio del presente año ante el Congreso, tendría como finalidad actuar de mediador e interlocutor entre gobierno, empresas y trabajadores, aunque la modalidad en que esto debía ocurrir ha quedado pendiente de ser definida.

Estos dos casos demuestran la tendencia del gobierno actual de crear, entre gallos y medianoche, entidades públicas como respuesta a los problemas sociales del país y de delegar funciones y responsabilidades que no le tocan a estas, o a los individuos que las lideran en lugar de utilizar las instituciones existentes, reformándolas si es necesario para volverlas más eficiente. Más allá de traer consigo una expansión de la burocracia y una aparente contradicción de la política de austeridad de este gobierno, esta situación evidencia una serie de problemas que atentan contra la institucionalidad y la capacidad de gestión del Estado peruano.

Esta tendencia se ha dado desde los primeros meses del gobierno del presidente García. A tres meses de juramentar, y como reacción a las críticas de asociaciones de exportadores y de funcionarios del gobierno anterior de haber ‘descarrilado’ y dejado de lado el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, García anunció que el economista Hernando de Soto actuaría como su representante personal en Washington. Con eso, dijo, se agilizaría el proceso de ratificación debido a la cercanía de De Soto con los demócratas que, se predecía, obtendrían el control del Congreso estadounidense en las elecciones de noviembre.

De Soto también asistiría en el proceso para adaptar la economía peruana a los efectos del TLC y capacitarla adecuadamente para que sea capaz de competir frente a las inminentes exportaciones estadounidenses que entrarían con cero arancel al país después de firmado el acuerdo. El proyecto de adaptación se denominó el “TLC hacia adentro” y fue anunciado con gran pompa en todos los foros del 2006; mientras que en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) de noviembre de ese año, tanto De Soto como García denominaron el programa como una necesidad. “Esta iniciativa permitirá que no solo el 2% de las empresas peruanas se beneficie, sino que una gran cantidad de ellas pueda participar activamente del libre comercio con EE.UU.”, dijo entonces.

El tema terminó en nada ya que institucionalmente la designación de De Soto trajo consigo una serie de problemas. Las facultades supuestamente entregadas a De Soto, tanto para la negociación del TLC como para las del “TLC hacia adentro” socavaron la capacidad de gestión de entidades existentes. Al De Soto actuar de estratega máximo del TLC (Perú.21 tuvo una primera plana de De Soto con el título de “Superministro”), quedaron sin piso la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, ProInversión, Prompex, la embajada del Perú en Washington y la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo rol en el gobierno anterior era precisamente de coordinar los esfuerzos de estos organismos.

La salida de De Soto a fines de diciembre, y las designaciones de Felipe Ortiz de Zevallos como embajador en Washington y de David Lemor como representante personal del presidente, al lado de una ministra Mercedes Aráoz más integrada en el proceso, demostraron la necesidad de trabajar dentro del marco institucional existente y de utilizar la experiencia disponible — Lemor, durante su paso por el Ministerio de la Producción, fue un jugador clave del proceso durante el gobierno anterior. Y si bien Ortiz de Zevallos no es diplomático de carrera ni funcionario de la Cancillería, su designación marca una participación más activa de este ministerio.

Sin embargo, expertos consideran que la segunda mitad del 2006, clave para conseguir el tratado, fue una pérdida total de tiempo que FOZ y Lemor todavía no han podido recuperar del todo, producto de la elección cantada de los Demócratas al Congreso de EE.UU. y las trabas que estos pusieron al proceso de ratificación. Y del “TLC hacia adentro” no se escucha nada de García, lo cual pone en duda la capacidad productiva del país ad portas del tratado.

La historia de los programas, agencias y esfuerzos creados por García en su mayoría siguen este formato – anuncio con pompa y Pisco de Honor, incapacidad de gestión ya por una incompatibilidad o por duplicidad de funciones con instituciones existentes, seguido por una disolución o replanteamiento de la idea para finalizar con lo que se tenía antes.

De la misma manera, los proyectos Agua para Todos y Sierra Exportadora no se sabe mucho más allá de los problemas con el primer director del primero, y de las pugnas entre el segundo y el Ministerio de Agricultura sobre las facultades de cada uno. Hay todavía funcionarios del Estado que no saben la diferencia entre Mi Vivienda y Mi Hogar, y en vez de utilizar el programa Juntos para repartir el 30% del canon que el gobierno propone debe ser entregado directamente a la población, se plantea establecer una agencia nueva paralela con funciones similares.

Hay, por supuesto, excepciones a la regla. El programa social “Crecer”, si bien ha demostrado ser eficiente, es en esencia la combinación enfocada y coordinada de programas sociales existentes. El programa Sembrando, liderado por la Primera Dama Pilar Nores, ha tenido éxito en recaudar fondos y ofreciendo programas de desarrollo para comunidades en extrema pobreza, y lo ha hecho de manera silenciosa efectiva.

Sin embargo la tendencia no cambia. Ahora, con la creación de Perú Compras y la reciente designación de la jueza Carolina Lizárraga al frente de la Oficina Nacional Anticorrupción, corremos el riesgo de que se vuelva a repetir el plato. Estas entidades, si no están planteadas para actuar eficientemente, harán más daño a la institucionalidad de organismos existentes al duplicar funciones, o peor aún, usurparlas de manera inconstitucional y finalmente creará más dolores de cabeza al gobierno, especialmente porque estas dos entidades lidiarán con temas que ya han golpeado fuerte: compras y corrupción estatal.

Por lo pronto, la oficina de la zarina anticorrupción corre el riesgo de chocar con el Ministerio de Justicia, la Procuraduría Anticorrupción, la Contraloría, el Ministerio Público, Consucode, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera del MEF, la SUNAT, la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Poder Judicial en su totalidad y la Defensoría del Pueblo, sólo para nombrar algunas entidades.

En su columna del día sabado 20 de octubre en Perú.21, Rosa María Palacios pregunta: “Si de oficinas públicas se trata, ¿no tenemos suficientes?” Fuera de esta aparente improvisación de parte del gobierno, la situación actual del país pide a gritos una reforma extensiva del Estado, y no con la creación de una entidad más, con un tercero que asuma la responsabilidad política y “blinde” al presidente si las cosas salen mal. Si una reforma adecuada no ocurre pronto, corremos el riesgo de que las instituciones actuales y las que vengan terminen siendo mucho ruido y pocas nueces.

Emil Caillaux