En este segundo gobierno, Alan García y su partido se encuentran en una situación diamentralmente opuesta a la de los convulsos años ochentas en que les tocó gerenciar el Estado por primera vez. Al partido de la estrella le ha tocado regresar al poder en una época de bonanza fiscal en la que han encontrado al Estado con las arcas llenas. Esta oportunidad histórica, sin embargo, parece resultarle más un dolor de cabeza a un gobierno que se enfrenta a lo que los franceses llaman un embarras de richesse: mucho dinero a su disposición pero pocas ideas para utilizarlo de manera eficiente.
Esa falta de ideas parece ser la madre del cordero de todas las crisis a las que ha tenido que hacer frente el gobierno en el año y pico que lleva en el poder. En julio se desataron protestas sociales en todo el país, muchas de ellas para exigir celeridad en obras y transferencias de recursos. Unos meses antes, había caído la primera ministra de gobierno, incapaz de comprar patrulleros para la policía. Hace dos semanas, el sucesor de Pilar Mazzetti estuvo a punto de perder el cargo por la misma razón. Si no es porque se trataba de un miembro importante del APRA, su cabeza seguramente hubiera rodado.
La ineptitud para administrar recursos abundantes no es un problema nuevo. El ex presidente Toledo tuvo que hacer frente a una situación similar luego de superada la crisis económica que sufrió el país desde 1998. Sin embargo, apenas asumió el mando, García tomó la decisión populista de bajar fuertemente los sueldos en la administración pública, lo que, según muchos analistas, terminó por ahuyentar a algunos buenos cuadros que servían en el Estado.
Motivado en parte por la presión de la opinión pública y por un exceso de voluntarismo, García parece haber renunciado a los canales estatales para canalizar la asignación de recursos. La creación del FORSUR para dirigir la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto es un claro ejemplo de ello. En vez de coordinar las labores directamente con los gobiernos regionales y con los alcaldes provinciales, se autorizó el liderazgo de esa tarea a un grupo de empresarios. Una situación similar se ha producido con la compra de los patrulleros, que ahorá estará a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Esta semana el gobierno presentó un proyecto de ley que establece que los municipios deberán entregar 35% del canon minero directamente a las familias de los distritos donde se desarrolla la actividad minera. De aprobarse el proyecto, cada familia recibirá un máximo de 6 mil soles anuales. Las críticas no se han hecho esperar. Estas apuntan justamente a que, al realizarse transferencias directas a los pobladores, se debilita el rol del Estado, ya que los gobiernos regionales pierden una buena tajada de las asignaciones que les corresponden para ser invertidas en infraestructura, educación y desarrollo. En definitiva, los críticos del proyecto señalan que el gobierno se desentiende de la tarea de administrar o dejar que se administren los recursos del canon, y se los da directamente a los pobladores, con lo que se compra las conciencias de aquellos que podrían haber estado en contra de la actividad minera.
Ante las críticas que han arreciado, el gobierno con el Ministro Luis Carranza a la cabeza ha salido a defender el proyecto. La idea sería que los pobladores se sientan socios de la actividad minera al percibir los beneficios que ella produce. Se trata sin duda de una meta loable ante la falta de confianza de muchas poblaciones en la gran minería. Pero aún así, descapitalizar a los gobiernos regionales no parece ser la solución adecuada. Además, se atentaría contra el artículo 196 de la Constitución que establece que los recursos asignados por concepto de canon son bienes y rentas de las municipalidades.
Alan García ha comprendido que para que las inversiones mineras prosperen, debe obtenerse el apoyo de los pobladores afectados por esa actividad. El presidente también se ha dado cuenta que aún hoy, pese a la regionalización, el gobierno central sigue siendo el principal receptor de la crítica ciudadana, sin importar que gran parte del presupuesto esté ya en manos de las regiones. En ese sentido, percibe con buen olfato político que un proyecto en el que el gobierno le quita a las regiones para darle a los pobladores, tiene todas las condiciones para levantar la alicaída imágen gubernamental. Pero una vez más, García olvida la principal asignatura pendiente en la agenda nacional: ampliar la cobertura y la calidad de los servicios estatales básicos.
Si la intención del presidente es involucrar a las poblaciones afectadas por la minería, el camino a seguir debería incluir un agresivo plan de mejora de la infraestructura y de capacitación de los habitantes de esas zonas. La razón de ser del canon es compensar la extracción de un activo (el recurso natural) reemplazándolo con otro activo, a través de la inversión. De esa manera cuando el recurso natural se agote, los pobladores estarán en mejores condiciones para enfrentar el futuro.
Si el gobierno de García no aborda la reforma del Estado, si no logra fortalecer las instituciones públicas, la sensación de desamparo en la que viven muchos peruanos persistirá y los conflictos sociales aumentarán. Un crecimiento económico del 8% que no esté acompañado de las reformas necesarias no será suficiente para que el país termine de despegar. Y en cuatro años las circunstancias estarán dadas para que un nuevo candidato prometa patear el tablero y nos ponga a todos, una vez más, al borde del abismo.
Ignazio De Ferrari