En la edición del día martes 2 de octubre del diario La República, aparece un artículo que menciona la posibilidad de que se desate una carrera armamentista en América Latina, generada por las compras de armamento convencional realizadas por el gobierno de Venezuela. En esta ocasión, un análisis de los alcances y las posibilidades reales de una carrera armamentista en la región.
El análisis en cuestión, que considera real la posibilidad de una carrera armamentista en AL proviene del reporte llamado “Transferencia de Armas Convencionales a Estados en Desarrollo” (“Conventional Arms Transfers to Developing Nations”). Este reporte fue elaborado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y fue publicado el lunes 1 de octubre del presente año. El reporte enumera a los Estados que se constituyen como principales proveedores de armas convencionales, y a los Estados en desarrollo que son los principales receptores según los acuerdos de compra alcanzados. Entre los primeros, encontramos a Estados Unidos (con 36% de las ventas totales, que alcanzaron US$ 28.8 billones el año pasado), Rusia (28%), Gran Bretaña (11%), Alemania (6%) y China (3%). Entre los segundos, encontramos a Pakistán, India, Arabia Saudita, Venezuela, Algeria, Israel y Brasil (en orden descendiente).
La preocupación específica del reporte en cuestión respecto a América Latina se refiere a la compra de armamento por parte de Venezuela a Rusia, ya que los recursos de los que dispone el gobierno venezolano para pagar por adelantado, lo convierten en un atractivo cliente para Rusia. El reporte hace mención de que “estas compras de armamento podrían estimular a otros Estados en la región a buscar sistemas militares comparables con el fin de contrarrestar el aumento de armas por parte de Chávez”, que bordea los US$ 3.1 billones (2006).
Sin embargo, no hace mayor mención respecto a Brasil, a pesar de que el gobierno brasileño tiene acuerdos para compra de armamento por un valor de US$ 1.1 billones (2006). Por lo tanto, no necesariamente un gigante regional como Brasil con un PBI (estimado para el 2006) de US$ 1.655 trillones, representa una amenaza –al menos para los Estados Unidos-, pero Venezuela, con un PBI (estimado para el 2006) de US$ 186.3 billones, sí lo es (ambas cifras corresponden al CIA World Factbook).
Por lo tanto, como demuestra la percepción de distintos Estados en Sudamérica, una carrera armamentista no tendría razón para iniciarse si es que el aumento de armamento en Venezuela no es considerado como una amenaza. La carrera armamentista se describe como un proceso de acción y reacción, que además toma en cuenta la capacidad de los Estados involucrados así como su disposición para seguir pagando por armamento. Un claro ejemplo: algunos peruanos consideran que el armamento comprado por Chile constituye una seria amenaza para nuestra seguridad nacional. Sin embargo, nadie toma en cuenta la compra de armamento realizada por el gobierno de Colombia, también vecino nuestro, y con mucha más frontera en común. Colombia es uno de los Estados que más ha aumentado su gasto militar, pero miramos al sur. ¿Por qué?
Porque se asume que las armas adquiridas por el gobierno colombiano están destinadas a librar la guerra interna en su territorio. Es decir, finalmente, son las intenciones, antes que el armamento en sí, lo que cuenta. Incluso en la época actual, donde se proponen como medidas de fomento de la confianza entre Estados la publicación de los gastos militares, si es que la información sobre compras de armamento ya no es de dominio público, la importancia radica en qué se piensa hacer con dicho armamento –es decir, las estrategias-.
De esta forma, encontramos que el dilema de la seguridad no necesariamente tendría que activarse con el aumento de armamento de un Estado específico, siempre y cuando éste no constituya una amenaza. Este dilema implica que el afán de seguridad de un Estado puede significar una amenaza para otro, dando lugar así a una carrera armamentista. Además, cabe resaltar que los diferentes esfuerzos de integración que se están desarrollando en la región –con sus altos y bajos- facilitarían generar mayor confianza y medidas como el control del gasto militar. Finalmente, no debemos obviar que las mayores amenazas para la seguridad de los Estados en la región ya no están constituidas necesariamente por la posibilidad de ataques militares externos, sino por la desigualdad rampante en las condiciones de vida de la población, el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros.
Mariana Olcese