¡No, no ha empezado la campaña electoral presidencial! Se trata de la vieja propuesta de varios senadores y diputados defenestrados por el golpe de estado del 5 de abril de 1992, a quienes recientemente respaldó el jurista Francisco Eguigurén en una columna de opinión, para que el actual Parlamento unicameral reconozca al político, empresario e ingeniero Máximo San Román como ex Presidente de la República.
¿Por qué? Simple: aquel Parlamento bicameral que Alberto Fujimori “disuelve” continuó sesionando después del golpe de estado (exactamente, en el auditorio de la sede del Colegio de Abogados de Lima), procedió a declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral y permitió el acceso a la Presidencia de la República del entonces primer vicepresidente y senador Máximo San Román el 21 de abril de 1992.
Obvio, San Román juramentó pero jamás gobernó. Derogada la Constitución de 1979 pero gozando de amplio apoyo militar, policial, diplomático, empresarial y ciudadano, Fujimori siguió ejerciendo el poder (ya de facto). San Román fue sólo un mandatario nominal, cuyo mandato nominal finalizó el 6 de enero de 1993 cuando mediante ley constitucional el Congreso Constituyente Democrático (CCD), como poder supremo, restableció la Constitución de 1979 para subordinarla a sus actos y ratificó a Fujimori en el cargo.
Pero para entender mejor este hecho utilicemos (lamentablemente) la teoría leninista del poder, que separa el concepto “legitimidad” del concepto “legalidad”. Según Vladimir Lenin, artífice ideológico de la Revolución Rusa en 1917, los gobernantes podían ser “legales pero ilegítimos” o “legítimos pero ilegales”. Una caprichosa interpretación política que ha desestabilizado países en el pasado y que sirve a políticos de extrema izquierda para socavar regímenes de democracia representativa.
Ahora, aceptando que Fujimori fue un usurpador del poder tras el golpe de estado pero con apoyo popular (¡75%! a nivel nacional según Apoyo, Opinión y Mercado), el dictador fue ilegal pero legítimo. En ese razonamiento, San Román, convertido en Presidente de la República por un Parlamento impopular pero inconstitucionalmente disuelto, fue un mandatario legal pero ilegítimo. Esa diarquía termina cuando el CCD (con mayoría fujimorista, claro) “legaliza” al “legítimo” y anula al “legal”. Políticamente hablando, acto perfecto. Pero como el derecho público tiene otras reglas, la dualidad de 1992 –en el plano jurídico- continuó.
Personalmente, Máximo San Román –al margen de simpatías políticas, ideológicas o personales- sí merece el título de ex Presidente de la República, aun suponiendo que este político campechano buscara una pensión estatal como ex mandatario (cosa que dudo). Lo digo no porque San Román fue un campeón de la legalidad (¡sus empresas crecieron en la economía informal!) o porque ese reconocimiento sea un acto de “justa reivindicación democrática” (¿?), sino porque es un problema jurídico que los peruanos, de una u otra forma, permitimos surgiera con la diarquía de 1992. Ya es hora de resolverlo, ¿no creen?
Por Gian Carlo Orbezo Salas, columnista invitado