Más allá de las dificultades geográficas de la zona, de la falta de recursos y los varios otros problemas que necesitan solución, el obstáculo más grande que tiene el gobierno para reconstruir el sur del país es el gobierno en sí.

Este obstáculo es el mismo que el gobierno tiene desde hace un año — una adecuada redistribución de recursos, para lo cual se requiere capacidad de gestión y una línea de coordinación desde los alcaldes, pasando por los presidentes regionales y terminando con los ministros y el presidente de la República. Lamentablemente, no existen indicios de que esto ocurrirá.

Antes del terremoto, la dinámica entre el gobierno central y las regiones era la siguiente: el primero entregaba dinero y funciones a las regiones, y con esto la responsabilidad de actuar para beneficio del pueblo. Esto naturalmente venía con la fanfarria y los aplausos del caso, además de la lavada de manos respectiva por parte del gobierno central.

Por otro lado, las regiones se quejaban de que los fondos transferidos no eran accesibles, de que las funciones no habían sido realmente transferidas y que el gobierno central (el MEF normalmente recibía la peor parte de la torta) era responsable de la incapacidad de acción. Mientras tanto, los proyectos quedaban congelados y la gente no recibía los beneficios de la bonanza económica.

Después del terremoto, la situación es la misma. El presidente García y los ministros están en la zona, pero la apariencia de acción que se transmite a la ciudadanía no se traduce en acción real, sobre todo cuando la burocracia no se minimiza como resultado de la presencia del gabinete en el sur.

Por ejemplo, durante el fin de semana pasado el ministro del Interior respondió a las súplicas de ayuda de la población del sur cuyas casas estaban siendo atacadas por vándalos y ladrones, pidiéndoles que presenten sus denuncias a la comisaría local ya que sin una denuncia formal y escrita no se podía actuar.

De la misma manera, los alcaldes y presidentes regionales no se decidían si eran ellos los que dirigían las operaciones de Defensa Civil o si esa responsabilidad era del Primer Ministro, ya que el INDECI como organismo público descentralizado depende de la PCM.

Entonces, ¿de qué sirve que los ministros se encuentren en la zona si las cosas van a seguir igual que antes o, aún peor, que la falta de claridad lleve a que la responsabilidad se pase de mano en mano sin que nadie sepa a quién le toca qué?

A medida que pasen los días y aumente la cantidad de ayuda y las necesidades de la población, la situación se complicará aún más. Por lo tanto es crucial que se establezcan desde ahora líneas claras de coordinación y jurisdicción, aumentando la capacidad de gestión del gobierno y eliminando la politiquería y rivalidad entre sectores que ya está cayendo sobre la zona.

El anuncio del presidente García de crear un ente autónomo para la reconstrucción del sur, liderado por una persona “intachable”, es un buen indicio que existen esfuerzos para acelerar los esfuerzos del Estado. Lamentablemente, este anuncio suena muy parecido al reclutamiento de Hernando de Soto para facilitar las negociaciones del TLC en enero pasado. En esa ocasión, la falta de claras líneas de comunicación entre De Soto, el Presidente, la embajada de Perú en Washington y el Ministerio de Comercio Exterior, además de egos personales, llevaron a De Soto a retirarse de manera poco ceremoniosa, por decir lo menos, y todo termino en discursos vacíos y meses perdidos de negociaciones.

En este caso, hablar de pérdida de tiempo es hablar pérdida de recursos, de control y de vidas. Nuestros hermanos del sur merecen más que eso. El gobierno necesita eficiencia y capacidad de gestión, no solo donaciones de dinero y carpas, si es que quiere solucionar la problemática del sur a largo plazo.

Por Emil Caillaux