Más allá de las implicancias internas, el golpe cívico-militar contra Lucio Gutiérrez en Ecuador revela la incapacidad latinoamericana de actuar en conjunto. Frente a la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) no ha asumido posición ni es de esperar que lo haga.
Hace solo cuatro años el Perú consiguió que la OEA adoptara la Carta Democrática. El trasfondo de la iniciativa peruana fue la dictadura fujimorista y sus violaciones del estado de derecho. Hasta casi el final del gobierno de Fujimori el papel de la OEA no tuvo mayor importancia. Con la Carta, se decía, la OEA tendría un instrumento para rechazar y condenar interrupciones del orden democrático y constitucional.
La caída del coronel Gutiérrez es la caída de un presidente legitimamente electo. El 20 de abril, 60 de 100 congresistas ecuatorianos acordaron destituir a Gutiérrez por “abandono de cargo”, nombrando sucesor al hasta entonces vicepresidente Alfredo Palacio. Cosa más que curiosa considerando que Gutiérrez insistió hasta el final en que no pensaba renunciar.
Los golpes contra Gutiérrez vinieron de tres bandos. Ya hemos mencionado al Congreso. Pero también están las calles de Quito donde miles de protestantes se congregaron para protestar contra Gutiérrez y su política. Finalmente, están las Fuerzas Armadas y la Policía que a última hora dejaron a Gutiérrez sin apoyo, obligándolo a abandonar su cargo y buscar refugio en la Embajada del Brasil.
Si bien las protestas en las calles le dan cierto tinte democrático a los sucesos, en Ecuador ha habido un golpe en el que los ganadores son aquellos congresistas y políticos que se ocuparon de vacar a Gutiérrez y ahora asumieron el poder. Si bien las marchas públicas son parte de la democracia, éstas no constituyen motivo suficiente para echar a un gobierno elegido, al fin y al cabo, por mayoría.
El jueves 21 de abril, Alberto Borea, representante peruano ante la OEA, pidió que no se acepte “el predicamento de que no ha pasado nada y que esto es una cosa normal”. También los presidentes de Chile y de Colombia, Lagos y Uribe, criticaron a la OEA por no haberse pronunciado más allá de lugares comunes.
Entre tanto, la OEA ha acordado el envio de una “misión de alto nivel” para “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”. Más claro, ni el agua.