Lo que empezó como un hecho aislado terminó por destapar una olla de grillos. Luego de que se descubriera la sobrevaloración de patrulleros en el Ministerio del Interior nos hemos enterado, en pocos días, de casos similares en el Ministerio de Salud y el de Educación. La sobrevaloración de licitaciones parece ser una práctica bastante común y la impresión es que se pueden encontrar irregularidades y gastos innecesarios en casi todos los sectores públicos. Ahora Alan García ha dado un paso radical exigiendo que se revisen las licitaciones de los últimos diez años y que los procesos actuales sean encargados a organismos internacionales. Un repaso.

Basándose en una fuente no revelada, Aldo Mariátegui afirma que es totalmente normal que el Estado compre productos sobrevalorados entre 10 y 15 % en comparación con el precio del mercado (diario Correo).

Ahora bien, se puede distinguir entre licitaciones mal hechas y licitaciones criminales. El Estado que compra por encima del precio del mercado está actuando de manera tonta e ineficiente, pero aun así el procedimiento puede estar en conformidad con las regulaciones legales. El acto claramente doloso recién se da cuando parte del supuesto precio de un producto termina en los bolsillos de los funcionarios. En este caso también se puede acusar al empresario por el delito de “corrupción de funcionarios” cuya pena oscila entre cuatro y ocho años de cárcel.

Sin embargo, no es fácil juntar evidencias que demuestren fehacientemente tales delitos. Los funcionarios pueden alegar que el precio elevado se pagó porque la empresa en cuestión era la única que cumplía con las bases establecidas en la licitación. Al respecto, Mariátegui escribe:

La ‘cutra’ se hace siempre en las bases, donde se fijan los parámetros, hechos sólo a la medida del proveedor amarrado. […] Así te lo ’empaquetan’ bien y Consucode [Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado] y la Contraloría […] dejan pasar tranquilito al elefante. Sistema perfecto.

Tan perfecto que no se me ocurren casos recientes en los cuales un funcionario público o un empresario hayan sido encarcelados por sobrevalorar compras. Lo usual es dejar sin efecto una licitación de la cual se sospecha que esté sobrevalorada (pasó en Educación y antes en el Ejército) o despedir a los funcionarios involucrados (Ministerio del Interior).

Por lo mismo, no pienso que lleguemos a grandes conclusiones revisando, tal como ha planteado el presidente García, las licitaciones más significativas de los últimos diez años. Quizá sea mejor mirar hacia adelante y buscar alternativas que hagan más difícil y menos rentable la sobrevaloración legal e ilegal.

Según nos informa el diario El Comercio, el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley sobre adquisiciones y contrataciones estatales que sería remitido a comienzos de abril al Congreso. Desde el Congreso, Unión por el Perú ha anunciado que presentará un proyecto de ley que contempla, entre otras cosas, excluir a empresas involucradas en corromper funcionarios de futuras adquisiciones (fuente: Andina).

Al mismo tiempo, el gobierno tiene programado una serie de reuniones con organismos internacionales para que estos se encarguen, de forma temporal, de manejar las licitaciones más importantes. Según el portal peru.com, la Oficina de Naciones Unidas para Servicios a Proyectos (UNOPS) sería la elegida.

Está bien que se haya activado el freno de emergencia. Siendo evidente que a la hora de hacer compras la corrupción no es un fenónemo aislado, sino algo sistémico, queda claro también que el problema no se resolverá con unos cuantos despidos simbólicos. Por otro lado, y tal como comenta mi colega Ignazio De Ferrari en la última crónica semanal, fue el mismo García el que exigió que las inversiones estatales se realizaran lo más rápido posible para así ejecutar el “shock de inversiones”.

¿Por dónde debe ir la reforma del sistema de compras? Por lo pronto, una de las metas principales es reformar el ente supervisor, el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE). Como ejemplo se menciona el sistema chileno que se caracteriza por su transparencia. Allí los proveedores participan en las compras del Estado por Internet y el proceso de licitaciones y contrataciones puede ser seguido por todo aquel que esté interesado.

Eduardo Morón, en El Comercio, escribe que muchas veces es difícil reconocer si un producto está sobrevalorado o no. Cuando el Estado adquiere un producto especial que no se vende en el mercado, es imposible establecer un punto de comparación para conocer el precio “normal” de tal producto. En este caso, Morón sugiere hacer “subastas inversas”: Se parte de un precio base y el proveedor que finalmente ofrezca el precio más bajo gana la licitación.

Un nuevo marco legal junto con una reforma efectiva del CONSUCODE y el proceso de compras puede, sin duda, hacer una gran diferencia. En julio, durante su primer mensaje a la Nación, Alan García lanzó una campaña de valores buscando promocionar virtudes ciudadanas. Pero también se trata de crear condiciones institucionales que premien a los valientes y castiguen a los corruptos o aquellos que no hacen más de lo necesario. El sistema actual parece invitar más a lo segundo.

Por Bernd Krehoff

Imagen tomada de: http://www.jerusalemexport.com/