Primer tiempo: Mazzetti fuera

El primer gabinete del segundo gobierno de Alan García duró siete meses con sus integrantes originales. El gobierno no cedió fácilmente ante las acusaciones relativas a la compra de 469 patrulleros para la Policía que precipitaron la salida de Mazzetti. Al final, la presión pudo más que la intención del gobierno de proyectar una imagen de solidez y de control, sobre todo a la mitad de un proceso de reforma del Estado.

El sector Interior es un sector difícil. Por definición requiere que el gobierno tenga a alguien de su entera confianza y que pueda mostrar resultados de forma casi inmediata para mantener tranquila a una opinión pública que demanda mayor protección frente a la inseguridad ciudadana. Además, debe tener la capacidad suficiente como para llevar a cabo reformas que no sólo sean acatadas, sino también cumplidas por los integrantes de una institución especialmente complicada de manejar como puede ser la Policía Nacional.

La designación de Mazzetti respondía a la demanda de tener a un personaje independiente que pudiera liderar un cambio real en el sector. Mazzetti ya lo había hecho bien en el sector Salud –o al menos así parece-. Sin embargo, en este caso habría sido el entorno de Mazzetti el que habría actuado de forma si no corrupta, al menos descuidada e ineficiente por no encontrar mejores condiciones para la compra de los patrulleros. No obstante, como responsable política, no quedaban muchas opciones para Mazzetti cuando su imagen pública era cuestionada y deteriorada.

Luis Alva Castro fue elegido, en Palacio, como el nuevo ministro del Interior. De esta forma se sacrificó la independencia del ministro a favor de la confianza del gobierno en él, siendo Alva Castro un aprista de viejo cuño, aunque Alva Castro no tenga experiencia en el tema de la seguridad. En este sentido, Santiago Roncagliolo escribe:

“…no había una amplia baraja de cartas de independientes aptos para encabezar un ministerio como el del Interior. No es lo mismo ser independiente y estar en carteras como Transporte, Educación o Relaciones Exteriores. El Ministerio del Interior es una especie de sala de emergencias: los problemas explotan en cualquier momento, no solo como producto de pugnas internas sino también por estallidos sociales o crisis de seguridad ciudadana. Esta instancia es una ventanilla que vincula al Estado con la población y con una entidad tan peculiar como la Policía Nacional. Esto obliga a su titular a ejercer un doble cargo: ministro de la seguridad y jefe práctico de la Policía. Por último, al ministro Luis Alva Castro no se lo evaluará por ser aprista sino a partir de su cumplimiento o no con la exigencia de una mayor seguridad, respetando los derechos democráticos, y sobre todo por si fue o no capaz de aplicar la reforma de la Policía Nacional.” (Perú 21, 28 de febrero del 2007)

No pasó mucho tiempo antes que el miedo –terror- a que los compañeros apristas copen el Estado reviviera con el ingreso de Alva Castro al gabinete. Sin embargo, ha sido calificado por el gobierno como una campaña desde la oposición, a pesar de que la actuación de Alva Castro durante el primer gobierno de García es suficiente como para generar escepticismos. Al final, campaña o no, la fiscalización por parte de los partidos políticos y desde la sociedad civil resultará fundamental para que el gobierno no intente satisfacer la demanda aprista de más puestos para los compañeros. No obstante, el interés por mantener el Estado libre de copamientos apristas puede ser contrapuesto a la consideración de que quienes diseñaron el plan de gobierno que ganó las elecciones sea el equipo que lo ponga en práctica.

El tema de fondo, sin embargo, queda pendiente, ya que como da a entender Roncagliolo, las crisis políticas ocasionan cambios más frecuentes en el sector Interior que en otros ministerios. ¿Qué pasa con un Estado que no sólo es ineficiente brindando servicios, sino que tampoco puede comprar bien? Se investigarán las compras efectuadas en el pasado, pero las reformas no son retroactivas. No sólo es cuestión de señalar culpables, sino de modificar trasversalmente los procesos que tienen demasiadas zonas grises como para permitir compras que en teoría están bien, pero en la práctica significan un gasto insuficiente. Esto, obviamente, sólo en lo referido a las compras que realiza el Estado; en este mismo sentido, existen múltiples temas pendientes. Estos procesos trasversales deben evitar “explosiones” políticas que distraigan la atención de lo fundamental, como la disminución de la pobreza, la calidad de la educación y la salud.

Mariana Olcese