La reforma del Estado no sólo es un tema pendiente y recurrente en las agendas de los gobiernos de turno, sino que vemos que cada día, frente a una ciudadanía que busca soluciones por sí misma frente a un Estado lejano e ineficiente, se vuelve más urgente. La reforma del Estado se mantiene en el radar político hasta que se pierde el apoyo necesario para llevar a cabo los planes necesarios, si es que realmente existen planes concretos y coherentes y no sólo discursos electoreros. Sin embargo, el gobierno de Alan García ha dado un paso en lo que parece la dirección correcta: convocar a los partidos políticos para llegar a un consenso respecto a cómo debe ser el Estado, y cómo reformarlo.
La cita se dio a las 9 de la mañana del miércoles 8 de febrero. El presidente García presidió el Consejo de Ministros que incluyó a dirigentes de ocho partidos políticos –con Lourdes Flores como la gran ausente de la reunión-, los cuales presentaron sus propuestas sobre lo que debería ser la reforma del Estado. Quien estuvo encargada de exponer las propuestas del gobierno sobre el tema fue la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, quien encabeza la Comisión Presidencial de Reforma del Poder Ejecutivo (COPRE). Zavala expuso el plan integral de reforma de la administración pública, además de la fusión de organismos públicos descentralizados (OPDs) y la fusión de programas sociales.
García hizo de moderador de la reunión, dándole la palabra primero a Ollanta Humala, quien había advertido que se retiraría de la reunión si no se tomaba en cuenta la reforma constitucional en base a la Constitución de 1979, o la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Durante la reunión, la negativa de parte del gabinete de ministros de García respecto a la Asamblea Constituyente, ya que daría lugar a inestabilidad, generó tensiones que finalmente fueron controladas por García. Sin embargo, posteriormente Humala resaltó los puntos de coincidencia entre ambas propuestas, como por ejemplo en el tema de la reforma constitucional, pero anunció que si sólo es convocado para discutir sobre OPDs, entonces no asistiría a una siguiente reunión. El único que defendió la Constitución de 1993, obviamente fue Santiago Fujimori (Alianza por el Futuro).
Otros líderes políticos presentes, como Alberto Andrade (Alianza Parlamentaria) y Luis Castañeda (Solidaridad Nacional y actual alcalde de Lima), aseguraron su apoyo a las propuestas enunciadas por Zavala respecto a las fusiones futuras. Aparentemente, la reforma del Estado será planteada por etapas, dentro de las cuales la fusión de OPDs y programas sociales es un primer paso, así como la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
No obstante, una vez apagados los reflectores que alumbraron esta reunión, cabe preguntarse hasta donde llegará el ejercicio de convocar a líderes de otras agrupaciones políticas, si al parecer ya habría un desertor en Ollanta Humala. El gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso como para realizar las reformas que espera sin necesitar negociaciones o acuerdos. Sin embargo, tampoco resultaría inusual que se apoye en el discurso populista –recordemos la pena de muerte- para empujar cambios que tienen que llevarse a cabo no necesariamente por unanimidad, pero al menos por consenso. Asimismo, queda por ver cuánto dura el impulso del gobierno para reformar el Estado; es decir, si es que nos enfrentamos a una política de Estado, una política de gobierno, o –desgraciadamente- al tema político del día.
Por otro lado, no se puede obviar la cuestión de si es que esos líderes convocados son realmente líderes que pueden aglutinar a agrupaciones de la sociedad civil que permitan hacer sostenible la reforma. En otras palabras, la reforma no se puede llevar adelante sin una difusión clara de ideas y propuestas a través de dirigentes, en lugar de anuncios a medias que terminan por generar pánico entre la población por asociarlo a pérdida de puestos de trabajo y de asistencia social, como podría causarlo la noticia de la fusión de organismos públicos descentralizados y programas sociales. Finalmente, antes de seguir con las etapas del proceso de reforma del Estado, es fundamental plantear a dónde se quiere llegar con eso. Decir “gobierno pequeño y eficiente” no significa nada si es que el ciudadano de a pie no sabe cómo puede medir esa eficiencia, qué es lo que debe esperar y qué canales puede utilizar cuando no están cumpliendo sus expectativas. Definir objetivos y metas cuantificables y con cierto tiempo estimado debe ser central en la reforma del Estado.
Ver también: “Programas sociales y descentralización: Reformando al Ejecutivo”
Mariana Olcese
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