La Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Bolivia Evo Morales no funcionará de acuerdo a los planes iniciales del oficialismo. Al contrario, la mayoría que tiene el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de gobierno, en la Asamblea Constituyente no será suficiente para la aprobación de los artículos de la nueva Constitución. El MAS tendrá que ceder para obtener el apoyo de la oposición en la Asamblea, mientras que ha perdido la presidencia del Senado y Morales ha renovado la mitad de su gabinete después del primer año de gobierno.
Los tres partidos de la oposición en el Senado –Podemos, Unidad Nacional y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)- se unieron para evitar la reelección del candidato del oficialismo para la presidencia de esta cámara. José Villavicencio Amuruz, del partido opositor Unidad Nacional (UN), fue elegido para encabezar el Senado durante el período 2007-2008, derrotando a Santos Ramírez al finalizarse el primer año del gobierno de Morales.
Paralelamente, cumplido el primer año de gobierno, Morales decidió renovar la mitad de su gabinete ministerial, cuyos nuevos miembros podrían representar un leve cambio de dirección en el gobierno dado su origen. De 16 ministros en total, Morales decidió cambiar siete de ellos, incluyendo al ministro del Interior y de Planificación y Desarrollo Rural y Agropecuario. Debe tomarse en cuenta que Morales enfrentó la oposición del prefecto (o gobernador) de Cochabamba, quien buscaba la autonomía del departamento después del referéndum en el que, en julio del año pasado, la opción de la autonomía perdió en las urnas. La oposición entre los partidarios del gobernador y los partidarios del gobierno desembocó en violencia y manifestaciones, y aunque el prefecto en cuestión anunció su decisión de dar un paso al costado, es muy posible que el cambio de ministro de Interior sea producto de lo ocurrido en Cochabamba.
El común denominador en la mayoría de los nuevos ministros es el hecho de que no provengan del movimiento indígena y militante del MAS, ya que sólo Celima Torrico –flamante ministra de Justicia- corresponde a esta descripción. Los otros seis nuevos ministros permitirían que el gobierno se vincule más cercanamente a la clase media, proviniendo de ésta y vinculados a partidos de izquierda.
Mientras tanto, el gobierno también se verá obligado a concertar con la oposición en la Asamblea Constituyente, dado que la mayoría con la que cuenta -142 votos- no será suficiente para la aprobación de las reformas constitucionales. Dado que la aprobación por mayoría absoluta no aceptada por los miembros de la oposición, el gobierno propuso que los artículos que no sean aprobados por los dos tercios de la Asamblea -170 votos- hasta el 2 de julio, puedan ser aprobados por mayoría absoluta. Como era de esperarse, la oposición rechazó la propuesta. Finalmente, el oficialismo en la Asamblea flexibilizó su posición, con lo que todos los artículos serían aprobados por dos tercios, y a partir del 2 de julio los artículos que no hayan sido aprobados irían a referéndum.
Finalmente, el oficialismo ha planteado un cronograma de tal forma que todos los artículos sean aprobados para el 6 de agosto, lo que implica que desde el 10 de febrero hasta el 15 de abril las comisiones tendrán tiempo para debatir. De esta forma, los grupos de trabajo del MAS se organizarán para recibir propuestas de la ciudadanía hasta del 5 de febrero al 10 de marzo, cuando comenzarán el trabajo técnico, para el 15 de abril presentar las propuestas en el pleno de la Asamblea. Sin embargo, las fuerzas de la oposición consideran que los plazos son demasiado breves, y se debería dar al menos cuatro meses para discutir los artículos en las comisiones.
Ahora que el gobierno ha anunciado más nacionalizaciones y el aumento entre el 90% y el 100% del impuesto a la minería, es de esperar que la oposición en la Asamblea Constituyente arrecie mientras el gobierno proponga medidas radicales. El diálogo con la oposición, que ya ha sido anunciado por el gobierno, será esencial para lograr “profundizar el proceso de cambio”, y no llegar a estancamientos que pueden poner en jaque al gobierno por las altas expectativas entre la población históricamente excluida de Bolivia. Para cumplir con lo prometido, el gobierno de Morales tendrá que construir puentes hacia la oposición, calificada de “neoliberal” por el vocero del gobierno, Alex Contreras.
Mariana Olcese
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