Mientras en el mundo occidental, el ahorcamiento de Saddam Hussein ha reabierto el debate sobre la necesidad de abolir la pena de muerte, en el Perú, el presidente Alan García ha iniciado una campaña para restablecer la pena capital para violadores de niños y para terroristas. Desde hace unos años, la tendencia mayoritaria en el mundo va hacia la abolición. Estados Unidos y Japón son las únicas democracias establecidas que ejecutan legalmente a personas. Un repaso.

Los abolicionistas

En los últimos treinta años, se ha producido un claro avance en el número de países que han abolido la pena de muerte. Según datos de Amnistía Internacional (AI), hasta 1977, sólo 16 países habían abolido la pena capital para todos los delitos. En la actualidad ya son 88 los países que han retirado la pena capital de su legislación para todos los casos, mientras que 11 Estados la mantienen para circunstancias especiales como crímenes de guerra.

Mientras la tendencia hacia la abolición es evidente, la reimplantación se ha producido en contadas ocasiones. Desde 1985, sólo cuatro países han reintroducido la pena de muerte, y de ellos, dos, Nepal y Filipinas, la han vuelto a abolir. No cabe duda, entonces, que la reintroducción va claramente en contra de lo que viene sucediendo en el mundo en las últimas décadas.

En la actualidad existe una serie de acuerdos internacionales que buscan poner fin a la pena capital. Entre ellos, destaca el Protocolo n° 13 al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que entró en vigor el primero de julio de 2003 y prohíbe la pena de muerte para cualquier delito. El acuerdo ha sido firmado por los 27 países de la Unión Europea (UE) y, en total, por 41 de los 45 países del Consejo de Europa.

Justamente del seno de la UE ha surgido la semana pasada una propuesta para que la ONU prohíba las ejecuciones legales de personas (fuente: El País de Madrid – 20/01/07). La iniciativa ha salido de Italia, que desde enero cuenta con un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde esa posición, Italia busca ahora arrastrar a los otros 26 países de la UE para que se sumen al esfuerzo.

Italia ya ha intentado en el pasado promover una moratoria de la pena capital, en ambas ocasiones sin éxito. La tarea no será más fácil esta vez. Si bien los 128 países que han abolido la pena de muerte o que no la utilizan en la práctica, forman una mayoría holgada en la Asamblea General, es de esperarse que no pocos países estén dispuestos a oponerse a China y Estados Unidos en un tema tan sensible.

Los retencionistas

En total son 69 los países que hacen ejecuciones legales. En ese grupo de países se encuentran tres de las cuatro primeras economías del planeta: Estados Unidos, Japón y China. En el 2005, el 94% de las ejecuciones mundiales se produjeron en Estados Unidos, China, Irán y Arabia Saudí. En China, el número oficial de ejecuciones es secreto de Estado. Se calcula, sin embargo, que en 2005 se llevaron a cabo entre 1770 y 8000 ejecuciones (fuente: AI).

Los casos de Estados Unidos y Japón merecen una atención especial, por tratarse de las únicas democracias establecidas que continúan con esa práctica. En Estados Unidos, son los diferentes Estados los que deciden si incluyen la pena capital en su legislación. Ésta se practica en 38 de los 50 Estados, la mayoría de ellos conservadores. El Estado líder en ejecuciones es Tejas, donde en los últimos 30 años se le ha quitado la vida a 380 personas, de un total de 1075 en todo el país.

Sin embargo, la pena capital ha sido ilegalizada en el pasado. Tras una fuerte oposición de la opinión pública durante la década de los 60, cuando ganó fuerza el movimiento de los derechos civiles, la pena de muerte estuvo suspendida entre 1972 y 1976 por decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, fue restablecida gracias a la presión de los Estados sureños. Hoy, al igual que entonces, la esperanza de los abolicionistas se encuentra en los tribunales. Desde el 17 de enero último, la Corte Suprema revisa el caso de tres condenados a muerte que podría ir en contra de la Constitución.

Estados Unidos es un país que en muchos aspectos sociales, lo que ellos llaman social issues, es mayoritariamente conservador. A diferencia de buena parte de los europeos, para muchos americanos, el matrimonio entre homosexuales, la eutanasia, la liberalización de ciertas drogas o el aborto, son temas tabú. En esa misma línea, la pena de muerte es aprobada por el 60% de los americanos, según la encuestadora Gallup.

La corriente revisionista parece ser todavía muy tímida. La buena noticia, en todo caso, es que desde 1999 (98 ejecuciones), las condenas se han reducido en un 50% y las ejecuciones en un 40%. En 2006, se llevaron a cabo 53 ejecuciones, el número más bajo en una década. Aún así, alrededor de 3300 prisioneros se encuentran en los corredores de la muerte esperando la hora final.

A la abierta lesión contra los derechos humanos que, según organizaciones como AI, significa la pena de muerte, se le sumaría en el caso americano un componente racista muy importante. Algunas organizaciones de derechos humanos alegan que el sistema judicial nortemaericano discrimina a las minorías étnicas. Reproduzco parte de un comunicado de AI del 24 de abril del 2003:

Blancos y negros son víctimas de asesinato casi en igual número en Estados Unidos. Sin embargo, el 80 por ciento de las más de 840 personas ejecutadas desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977 habían sido condenadas por asesinatos cuyas víctimas eran blancas.
La mayoría de los asesinatos cometidos en Estados Unidos tiene como protagonistas a asesinos y víctimas de la misma raza. Sin embargo, casi 200 negros han sido ejecutados por asesinar a víctimas blancas: una cifra 15 veces superior a la del número de blancos ejecutados por matar a negros, y al menos 2 veces más alta que la de negros ejecutados por matar a otros negros.
Los negros suman un 12 por ciento de la población, y sin embargo constituyen más del 40 por ciento de los condenados a muerte, y uno de cada tres ejecutados es negro. Estados Unidos pronto ejecutará al que se convertirá en el negro número 300 muerto a manos del Estado desde 1977.

La situación en Japón se parece, en parte, a la norteamericana. Al igual que en Estados Unidos, en Japón, según una encuesta del Gobierno del año 2004, un porcentaje muy alto de la ciudadanía ve con buenos ojos la práctica de la pena de muerte (80%). El ministro de Justicia de ese país declaró hace un mes que, justamente debido a ese apoyo mayoritario, la eliminación de la pena de muerte de la legislación no está en evaluación.

La diferencia con Estados Unidos es que mientras en el país del tío Sam, el número de ejecuciones se ha reducido considerablemente en los últimos años, en Japón se alcanzó un récord en 2006. El año pasado, sus tribunales dictaron la pena capital a 44 personas, el mayor número en 26 años.

Ignazio De Ferrari

Fuente de la imagen: Amnistía USA Internacional