El 22 de noviembre, la célula parlamentaria aprista presentó un proyecto de ley que propone apuntar “magistrados ciudadanos” en todas las Salas Penales de las Cortes Superiores. Estos jueces serían ciudadanos comunes elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período de dos años. El primero de diciembre, el Ejecutivo envió un proyecto muy similar al Congreso entre otras cinco medidas para reformar el Poder Judicial. ¿Demagogia o democracia?

El proyecto de ley justifica la propuesta como una manera de acortar distancias entre ciudadanos y la administración de justicia. Hace referencia a los linchamientos de presuntos delincuentes que ocurren en las zonas pobres del Perú. Rocío Silva Santisteban afirma, basándose en datos de la Policía Nacional, que en el año 2004 fueron reportados 1,993 linchamientos con 20 muertos (fuente: presione acá).

Para la célula aprista, autora del proyecto, los linchamientos son consecuencia de una “falta de legitimidad de las autoridades”. La idea es, entonces, hacer participar a la ciudadanía para que deje de percibir a la justicia como algo extraño y ajeno a sus intereses. La propuesta también sugiere que los ciudadanos jueces enriquecerán los puntos de vista de los jueces profesionales aportando argumentos extrajurídicos.

Pero un juez ciudadano no solamente expondrá su punto de vista. Siendo uno de los cuatro jueces que conforman las Salas Penales de las Corte Superiores tendrá un voto que bien puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

Imaginémonos a un juez ciudadano que tiene que decidir una acusación penal por un asesinato harto publicitado en los medios. Mientras un juez profesional sabe que un inocente permanece inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, el juez ciudadano, en su afán por resarcir a los deudos de la víctima y de complacer a la opinión pública, podría declarar culpable al más sospechoso entre los investigados aún cuando su culpabilidad no haya sido demostrada fehacientemente. O podría violar una ley por considerarla injusta.

Por otro lado, todos sabemos que los jueces también son humanos y como tales propensos a errores, a chantajes y a coimas. Ponerlos en la compañía de un ciudadano común y corriente, de alguien ajeno a los tejes y manejes del Poder Judicial, podría fomentar la transparencia obligando a los jueces profesionales a explicar y justificar sus tomas de decisiones.

La incorporación de ciudadanos comunes al sistema judicial tiene tradición en países con un sistema de justicia más justo y eficaz que el peruano. Alemania y Austria tienen jueces ciudadanos llamados “Schöffen” que deciden procesos penales junto a jueces profesionales. Mientras que en Austria son elegidos por sorteo, en Alemania son propuestos por la comunidad y elegidos por representantes del sistema judicial.

En el ámbito latinoamericano, Bolivia ya ha incorporado la figura del juez ciudadano.

En el sistema judicial angloamericano existe la posibilidad de convocar un jurado compuesto por ciudadanos comunes elegidos por sorteo para decidir acusaciones civiles y penales. Cuando se trata de un proceso penal, el jurado normalmente sólo decide si el acusado es culpable o no mientras que el juez dicta la condena correspondiente. Si el juez considera que la decisión del jurado viola una norma legal puede declararla inválida ordenando un nuevo juicio.

Volviendo a nuestra pregunta inicial: ¿La propuesta aprista de apuntar jueces ciudadanos tiene o no sentido? He intentado mostrar aspectos a favor y en contra, pero dejo el veredicto final a nuestro propio jurado y sus comentarios.

Por Evaristo Pentierra

Fuente: Proyecto de Ley 695/2006 (presione acá para leerlo, en formato PDF)

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