La reunión dos más dos con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores chilenos revivió el tema de la delimitación marítima, asunto demasiado sensible como para ser tocado en una reunión donde se esperaba sobre todo fortalecer la confianza entre ambos países. Por otro lado, la aprobación de ley que controlaría el destino de los recursos que las ONGs reciben del exterior ha causado revuelo por ser consideraba inconstitucional.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo la relación con el país vecino del sur no pasó por sus mejores momentos. La relación bilateral estuvo plagada de altibajos, que oscilaban desde el incidente con el video emitido durante un vuelo de Lan hasta la discusión sobre el origen del pisco y el suspiro de limeña. Sin embargo, el cambio de mando el 28 de julio pasado representó un avance con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet.
Al parecer, durante el gobierno de Alan García no se perderá la oportunidad de fortalecer las relaciones entre ambos países, aunque ciertos temas tengan que ser dejados de lado -¿hasta necesitar cortinas de humo?-, como, por ejemplo, la definición clara de los límites marítimos. En la reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política entre Perú y Chile, más conocido como el 2+2, los temas centrales son la homologación de la información sobre gastos militares, orientado hacia un equilibrio en la compra de armamento, así como la creación de una fuerza militar conjunta para fortalecer la paz en la región.
No obstante, el tema de la delimitación marítima fue finalmente tocado por el mismo canciller chileno Alejandro Foxley, quien aseguró que producto de las negociaciones, Chile estaba dispuesto a dar ciertos gestos. Cabe resaltar que el mecanismo del dos más dos se ha reanudado después de un año de suspensión, resultado de las acciones peruanas respecto al diferendo marítimo.
En primera votación, se aprobó la ley que busca regular a los organismos no gubernamentales (ONG) para que antes de trabajar en el Perú sean inscritas obligatoriamente y den cuenta del destino final de los recursos financieros que reciben del exterior. Esta es una propuesta que proviene desde el Congreso anterior, pero que fue observada por el gobierno de Toledo, y ha sido estudiada por las comisiones actuales del Congreso de Relaciones Exteriores y de Fiscalización. Rolando Souza, del Grupo Parlamentario Fujimorista, justificó la ley argumentando que busca una mayor transparencia respecto de lo que reciben y desarrollan las ONGs en nuestro país.
Los críticos de la mencionada ley la consideran inconstitucional, ya que contravendría el inciso 13 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993, el cual garantiza como uno de los derechos fundamentales de la persona “asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa”. Según Federico Arnillas, de la Asociación Nacional de Centros, la legislación sobre las ONGs plantea que para acceder a la cooperación internacional, que se tramita a través de los canales del Estado, se requiere estar inscrito en la APCI. En el resto de los casos estamos hablando de recursos privados, por lo que esta ley afecta el derecho de libre contratación entre privados, atentando contra el Estado de derecho y la estabilidad jurídica.
El Primer Ministro Jorge del Castillo, además de otros miembros del gabinete ministerial, ha mostrado su apoyo a la controvertida ley. Del Castillo comparó la naturaleza de las ONGs con la de los partidos políticos, estableciendo una analogía entre el tratamiento que ambas organizaciones requieren. Mientras tanto, José Antonio García Belaúnde y Allan Wagner también expresaron su apoyo a la medida. El incumplimiento de la norma se sancionaría hasta con la cancelación del registro de la ONG.
La medida está siendo impulsada por las bancadas del APRA, Unidad Nacional y el Grupo Parlamentario Fujimorista. Según Enrique Bernales de la Comisión Andina de Juristas, esta ley está secundada por un acuerdo entre el APRA y los fujimoristas, debido a la actuación de las ONGs en contra de la corrupción fujimorista y la recuperación democrática. Asimismo, Luis Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros, aseguró que la razón de ser de la ley es que las ONGs que defienden los derechos humanos son incómodas para quienes se encuentran en el poder, y que las ONGs sí son fiscalizadas por entidades como Essalud y el Ministerio de Trabajo.
Mariana Olcese