El tema del mes de octubre explora la problemática de la violencia de género en el Perú. El artículo se basa en un estudio sobre el tema hecho por la investigadora de la Universidad de Bradford en el Reino Unido, Jelke Boestein. La investigación arroja resultados a la vez esperanzadores y preocupantes. Si bien, a través del trabajo conjunto en organizaciones de base, algunas mujeres logran contrarrestar la escasa protección que provee un marco legal deficiente, muchas siguen siendo víctimas de una forma de violencia de carácter estructural. A manera de conclusión cabe preguntarse de qué manera este flagelo se relaciona con el desarrollo de la democracia.
La magnitud del problema
Como en muchos otros países de Iberoamérica, en el Perú la violencia doméstica es una lacra social bastante extendida. Las estadísticas arrojan cifras aterradoras. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la organización Flora Tristán, el 51% de las mujeres en Lima y el 69% en Cusco han sido golpeadas al menos una vez en su vida por su pareja. Según una investigación elaborada por el Congreso a comienzos de la década, 88,2% de las mujeres en Lima y Callao conocen personalmente a otras mujeres que son víctimas de violencia doméstica (ver Boestein 2006: 356).
Como es de suponerse, en el Perú la violencia doméstica no se reparte de igual manera entre los diferentes estratos socioeconómicos. A medida que aumenta la marginalidad y la pobreza, los índices de maltrato en el hogar aumentan de manera considerable. A su vez, las estadísticas señalan que en las zonas que fueron más golpeadas por la violencia política en las dos últimas décadas del siglo pasado, se registran más casos de agresiones domésticas. En Ayacucho, en los años de pacificación (1993-1997) se registró un índice por encima de la media. De acuerdo con la ONG Centro para la Promoción y el Desarrollo Poblacional (CEPRODEP), que condujo el estudio, ello se debió al alto consumo de alcohol entre los ayacuchanos y a los traumas creados en las víctimas del terrorismo.
Las mujeres, el fujimorismo y la democracia
Si bien el problema de la violencia de género es de larga data, las primeras políticas para combatir este mal se implementaron a fines de la década de 1980. Sin embargo, fue durante el decenio de Fujimori que se dictó la primera ley contra la violencia doméstica. A esa ley nos referiremos más detalladamente más adelante. Pero antes es necesario hacer algunos apuntes.
La lucha por erradicar la violencia de género es, a todas luces, una lucha en favor de la democracia. Lo paradójico es que en el caso peruano fue justamente el gobierno fujimorista, de evidentes rasgos autoritarios, el primero en poner sistematicamente en la agenda el tema del combate contra el maltrato doméstico. Y fue justamente tras el autogolpe del 5 de abril de 1992.
El fujimorismo basó su apoyo social en los sectores socioeconómicos más bajos y en los sectores socioeconómicos más altos. Para ganarse el favor de los primeros, el gobierno amplió la red de cobertura estatal, en muchos casos aplicando políticas de corte asistencialista. En ese sentido, los clubes de madres cumplieron un papel fundamental en el desarrollo de esas políticas.
Pero Fujimori buscó que esa nueva retórica se hiciera más visible a nivel mediático y político. Con ese motivo, puso a mujeres en puestos claves de la administración, creó el Ministerio de la Mujer y estableció la cuota de género de 30% en las listas partidarias. Sin embargo, las medidas contra la violencia familiar emprendidas por el gobierno no fueron del todo satisfactorias. Según Boestein, el discurso a favor de la mujer desarrollado por el fujimorismo tras el 5 de abril, más que aspirar a proteger a las mujeres y a los menores en situación de vulnerabilidad, buscaba, ante todo, la legitimazión de las autoridades en un contexto en que se producía un lento avance del autoritarismo.
La legislación contra la violencia familiar y su aplicación
Las primeras políticas contra la violencia doméstica se implementaron, como ya hemos dicho, durante el primer gobierno de Alan García, en 1988. Ese año se crearon en Lima las primeras comisarías para defender a mujeres maltratadas. Siguiendo el ejemplo de Brasil, esas comisarías estaban a cargo de oficiales mujeres. Desde un comienzo, el establecimiento de estas delegaciones resultó ser un éxito rotundo para las víctimas ya que, al tener donde acudir para hacer sus reclamos, el número de denuncias se incrementó considerablemente.
Posteriromente, en diciembre de 1993, el Congreso Constituyente Democrático (CCD) aprobó, con apoyo multipartidario, la ley 26260 que establece las políticas del Estado y de la sociedad contra la violencia familiar. Lamentablemente, esa ley, vigente hasta hoy, presenta una serie de defectos. Uno de ellos está relacionado con la definición de qué constituye un acto de violencia doméstica. A raíz de eso, la ley no protege a todos por igual. Veamos el artículo segundo:
Artículo 2do: Constituyen manifestaciones de violencia familiar los actos de maltrato físico y psicológico, entre cónyuges, convivientes o personas, que hayan procreado hijos en común aunque no convivan y, de padres o tutores a menores de edad bajo su responsabilidad.
Como vemos, no se especifica, entre otros, qué constituye un acto de violencia sexual y tampoco se definen los grados de violencia. A su vez, la ley no protege a la pareja de un agresor cuando no hay un hijo de por medio y tampoco una relación de convivencia.
Sin embargo, esa no es la principal deficiencia de la legislación. Más problemático aún es que el Congreso hizo obligatoria la conciliación al unir la ley de 1993 con la ley de conciliación promulgada en 1997 (ley 26872). La conciliación consiste en sentar a las dos partes en conflicto para buscar una solución extrajudicial. La ley regula el establecimiento de centros de conciliación y crea la figura del conciliador.
La idea de la conciliación era, entre otras cosas, aliviar al Poder Judicial de la pesada carga de casos de violencia doméstica. Pero, más importante aún, la conciliación buscaba, como apunta Boestein, la preservación de la relación conyugal, incluso sobre la salud de las víctimas. En la práctica, la conciliación representaba una traba para que la parte afectada pudiera exigir una sanción penal. Además, la conciliación estaba destinada a fracasar en estos casos ya que, como hicieron notar algunas organizaciones feministas, se desarrollaba entre personas que se encontraban en relaciones desiguales de poder, condición inherente de la violencia doméstica.
El proceso de conciliación para casos de agresión familiar fue prohibido en 2001. Sin embargo, este cambio en la legislación no ha sido transmitido de forma adecuada a los oficiales y a los jueces de paz.
Además de los ya mencionados, según Boestein, pueden distinguirse tres problemas con relación a las iniciativas gubernamentales para combatir la violencia doméstica: falta de apoyo estatal, sobre todo de recursos; deficiencias relacionadas con la aplicación de la ley y, sobre todo, corrupción y discriminación.
El primero de los tres problemas, el de la falta de apoyo estatal, se hace evidente en la pobre infraestructura de las comisarías que carecen de los servicios básicos. A menudo, los denunciantes deben llevar su propio papel y tinta para que se pueda regitrar la demanda. Algunas comisarías carecen incluso de servicios como agua y luz. Aún así, como Boestein señala en su artículo, en 2005 el gobierno estuvo discutiendo la reducción del presupuesto.
Los problemas relacionados con la aplicación de la ley son aún más complejos porque hay un factor subjetivo. Sobre todo en las zonas rurales, los encargados de lidiar con las disputas por violencia doméstica tienen diferentes interpretaciones acerca de la legitimidad de la violencia. Jueces de paz y médicos legistas (1), por ejemplo, no pocas veces acaban protegiendo a los agresores. Desde su concepción, se trata de un asunto que pertenece a la esfera privada y en el que es natural que el hombre establezca su supremacía.
Desigualdad estructural
El tercer problema, el de la corrupción y la discriminación, constituye el obstáculo principal. Con relación a esto, Boestein relata el caso de Dori, una mujer ayacuchana que, tras sufrir maltratos físicos continuos, acude, acompañada por el gobernador de la localidad, a una comisaría a poner una denuncia. Al ser abordada por Boestein y su traductora, el oficial a cargo de la dependencia policial empieza a hablar en castellano en voz alta de manera que todos los presentes puedan escucharlo, incluso el agresor, la pareja de Dori, que espera afuera de la comisaría. El oficial dice que Dori se ha dejado agredir durante muchos años y que solamente con el apoyo del gobernador es que ella se ha atrevido a acudir a la comisaría.
Más lamentable aún, el oficial es sobornado por el agresor de Dori para que las consecuencias de la denuncia sean mínimas. Además, Dori es discriminada a través del idioma. Su castellano es muy rudimentario, de manera que no se puede defender de las acusaciones del oficial. A diferencia de Dori, el policía no es analfabeto, es hombre y ha experimentado un proceso de mestizaje que, desde su percepción, lo pone en una condición social distinta a la de Dori. En ese sentido, el oficial considera que no está obligado a respetarla y pone especial énfasis en el hecho de que fue ella quien se dejó maltratar por su pareja.
Sin embargo, el problema de la desigualdad en las relaciones de poder no se ha podido resolver del todo con la introducción de las comisarías femeninas. Muchas oficiales repiten los mismos vicios que sus colegas hombres.
Para muchas mujeres la clave para vencer la discriminación ha sido afiliarse a organizaciones femeninas o estar envueltas en el trabajo de los clubes de madres o los comedores populares. El trabajo junto a otras mujeres les permite, en muchos casos, sobrellevar las dificultades de la violencia doméstica en la medida en que emprenden un proceso de reconocimiento de sus derechos y mejoran sus niveles de autoestima.
Pese a ello, no se debería sobredimensionar la capacidad que tienen este tipo de organizaciones para incrementar la conciencia de las mujeres sobre sus derechos. Como apunta Boestein, muchas mujeres repiten en sus organizaciones o en su hogar las prácticas autoritarias de las que han sido víctimas. Las mujeres son también parte del sistema existente y es difícil que se dé un verdadero cambio si las demás instituciones y prácticas a su alrededor no cambian de manera radical.
En resumen, como señala Boestein, las políticas contra la violencia deben estar destinadas a la protección de las víctimas, a facilitar la denuncia por parte del agredido y a perseguir al agresor. Para Boestein, estos tres aspectos no pueden ser vistos de manera independiente. Lo que impide una implementación efectiva es, en los tres casos, lo mismo: una desigualdad estructural basada en problemas de género, etnia y clase.
Apreciación final: violencia doméstica y democracia
A menudo, los científicos sociales que se dedican a investigar las condiciones que favorecen el desarrollo de la democracia y de la modernidad en los países subdesarrollados, ponen poco o ningún énfasis en el tratamiento de las instituciones informales. Al concentrarse en las instituciones formales, en especial las instituciones políticas y económicas, se deja de lado formas paralelas de interacción social que son significativas.
El clientelismo en el Estado (el nepotismo, por ejemplo) o la violencia doméstica en la sociedad son instituciones informales, prácticas que han perdurado en las sociedades subdesarrolladas. Para entender por qué la democracia no se implanta como forma para regular la vida de las personas, es necesario prestar más atención al desarrollo de estas formas paralelas.
Ignazio De Ferrari
1 Los médicos legistas confirman la veracidad de las denuncias y determinan si el daño físico es menor o severo. De eso depende las posibilidades de la víctima de tener éxito con su denuncia.
Bibliografía
• Boestein, Jelke (2006): Pushing Back the Boundaries: Social Policy, Domestic Violence and Women` s Organisations in Peru, en: Journal of Latin American Studies 38, pág.: 355-378.
Pintura de Frida Kahlo tomada de: http://ossiane.canalblog.com/albums/frida_kahlo/index.html