La austeridad fue el caballo de batalla para la campaña electoral de Alan García. Una vez llegado al poder, puso en práctica lo prometido: desde impresiones sólo en blanco y negro, hasta viajes en vuelos comerciales. Sin embargo, lo más importante de la austeridad impulsada por el gobierno radica en la reducción de sueldos a quienes trabajan en el Estado. Aquí, un análisis.

El primer de agosto, mediante decreto de urgencia, se redujo la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP) a S/. 2 600. Dado que los sueldos de todos los servidores públicos se calculan sobre la base de la URSP, los sueldos bajaron al mismo tiempo. (Ver “Crónica semanal (2 al 8 de agosto)”). La demanda por medidas de control del gasto dentro de la burocracia del Estado eran reiteradas, sobre todo desde la “era Toledo”. Los gastos del gobierno del ex presidente todavía siguen siendo noticia. Incluso tanto él como su esposa, Eliane Karp, serán investigados por una megacomisión del Congreso.

García no dudó en utilizar la demanda de austeridad para hacer campaña y mejorar sus posibilidades de llegar al poder estableciendo claros contrastes con Alejandro Toledo. En la primera semana de presidente García tomó las riendas y todos sintieron el golpe, justos y pecadores.

¿Qué pasa cuando un profesional capacitado, con maestría o doctorado (de los cuales no abundan en nuestro país) considera que el sueldo que recibe ya no le alcanza, o al menos, que se encuentra sobrecalificado para ese sueldo? La respuesta es simple. Ese funcionario público, probablemente a cargo de algún proyecto específico y con conocimiento sobre esa área, termina buscando trabajo en el sector privado, “la calle lo llama”. ¿Y que pasa con esos proyectos que quedan sin gerentes capacitados? La respuesta tampoco es complicada. Terminan estancándose, al menos durante un buen tiempo si no es hasta que se desactivan, mientras se intenta capacitar a nuevos funcionarios que puedan asumir la responsabilidad.

Actualmente, nuestro país se encuentra en un período de bonanza económica. Altos precios de nuestras exportaciones han permitido que la economía peruana crezca a una de las tasas más altas de América Latina. Pero todavía queda pendiente qué hacer con ese dinero. Es decir, existen comunidades que cuentan con millones de dólares de canon, sin embargo, no existen capacidades de gestión que permitan que los proyectos sean aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esto significa que cualquier proyecto para el cual se piense utilizar el dinero del canon debe ser evaluado antes de utilizar el dinero del canon, con el objetivo de optimizar dichos recursos.

Por lo tanto, lo que resulta fundamental en el momento actual es la creación de dichas capacidades de gestión, para lo cual resulta imprescindible la presencia de los mejores técnicos que el Estado incluir dentro de estos proyectos. Estos son los profesionales que actualmente buscan trabajo fuera del Estado. El país tiene dinero, pero todavía no descubrimos la manera de utilizarlo más eficientemente para atacar frontalmente la pobreza, la falta de salud y educación de calidad, y la exclusión. Por esto es que tener a lo mejor en términos de conocimiento y experiencia resulta esencial.

Al conocer los 16 sueldos que recibían los “padres de la patria” en el Congreso, nadie podía dejar de indignarse. La austeridad para los congresistas era más que importante: resultaba un elemento primordial si se pretendía restaurar la imagen del alicaído Parlamento. Asimismo, los gastos exorbitantes del Presidente Toledo y su entorno eran percibidos como una burla por la población, y existen las encuestas sobre la aprobación de la gestión del ex presidente para dar cuenta de ello. No obstante, antes que atacar a todos por todo, es necesario evaluar en qué se debe ahorrar y en qué ahorrar nos saldría caro.

Nota importante: se debe estar pendiente de quiénes son los que ingresan a los puestos dejados libres por los técnicos que se alejan del gobierno. No queremos encontrarnos con otro Estado rebalsado con apristas. Mientras tanto, los magistrados ya han sido tocados por la austeridad, pero según Adelaida Bolívar, fiscal de la Nación, sería un abuso del poder del Congreso y ser trataría de una norma inconstitucional.

Mariana Olcese