Crónica semanal (13 al 19 de setiembre)

Gobierno y Congreso tras el clamor popular

Esta semana, la noticia se trasladó una vez más al Congreso, poder del Estado que en los últimos tiempos ha recibido el más absoluto rechazo popular. Sin embargo, esta vez, en un intento de sintonizar con el clamor de la calle, el pleno del Legislativo aprobó el 14 de setiembre la eliminación de la renta básica en la telefonía fija. Pero eso no es todo, dos días antes, la bancada de Unidad Nacional había presentado el primer proyecto de ley que busca sancionar con la pena capital a los violadores de menores.

Se espera que en total sean tres los proyectos de ley que se presenten con relación a la pena de muerte para los violadores. En un tema tan espinoso, pero en el que la abrumadora mayoría de la población pide la pena máxima, parece que no basta sólo con uno. Tanto la bancada de Unidad Nacional (UN) como la del APRA parecen querer ser la madre de la criatura. Pero como donde comen dos, comen tres, el gobierno quiere también entrar a tallar.

En realidad, lo sorprendente es que la bancada aprista presente su propio propuesta al márgen de la del gobierno. Finalmente, fue el entonces candidato García quien puso el tema en el tapete durante la campaña presidencial. En ese contexto, lo lógico sería que la bancada le cediera la iniciativa al gobierno para que sea éste el que presente el proyecto de ley. Si de lo que se trata es de tener protagonismo, los congresistas apristas deberían saber que los flashes de los reporteros estarán listos en el momento del debate en el pleno. En vez, con la insistencia en las dos propuestas, se crea una imágen de desorden en el campo gobiernista.

La propuesta de la bancada de la alianza conservadora cuenta con la rúbrica de seis legisladores y su más férrea promotora es la congresista Lourdes Alcorta, quien se hizo conocida en la campaña por la firmeza con la que expresaba sus opiniones y por la cerrada defensa de la pena capital. De acuerdo con el proyecto, ésta se aplicaría a los violadores de menores de nueve años y de discapacitados físicos o mentales, y a los violadores de personas de entre nueve y 18 años que además asesinen a la víctima. A su vez, se prevee denunciar el Pacto de San José, con lo que el Perú quedaría fuera del sistema interamericano de derechos humanos.

La propuesta del gobierno, presentada el martes 19, es menos severa que la de UN y no plantea la denuncia del Pacto de San José. De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, la pena se aplicaría a los autores de violaciones de menores de siete años que maten a la víctima. Para no denunciar el pacto, el gobierno se escuda en un inciso que apunta lo siguiente: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves”. En nuestro país existe la pena capital, al margen de que no se haya planteado nunca su ejecución.

Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo de no salirse del órgano supranacional de defensa de derechos humanos podría terminar creando una percepción de engaño en ese 72% de limeños que, según la última encuesta de la Universidad de Lima, se muestra a favor de la medida. Eso, porque según la mayoría de juristas, la no denuncia del pacto hace inaplicable la pena de muerte.

Mientras se espera la presentación del proyecto de la bancada oficialista, en el Congreso ya corren las apuestas con relación al desenlace que tendrá el debate en el pleno. Se espera una votación pareja, toda vez que el grupo legislativo aprista es el único que ha anunciado votará en bloque. Como se trata de una reforma constitucional, se requieren 80 votos en dos legislaturas consecutivas. En UN, los que apoyan el proyecto son en realidad una minoría. En la bancada PNP-UPP se escuchan voces a favor y en contra. Algo similar ocurre entre los fujimoristas.

Básico, eliminar la renta básica

¡Bajó el precio de la gasolina!, anunció esta semana el gobierno. Marque la fecha, estimado lector, 19 de setiembre del 2006. Se trata en definitiva de una jornada histórica. Un gobierno aprista anuncia la baja del precio de un producto básico. ¡Cómo cambian los tiempos! Primero la austeridad y, ahora, el descenso del costo de la gasolina en hasta un sol. ¿Será verdad tanta belleza?

Así parece. Lástima para los compañeros que, a diferencia de su primera gestión, en la que los grandes méritos de la política económica eran de su total exclusividad, la bajada de ahora se deba solamente al descenso del precio del crudo en el mercado internacional. Pero bueno, si se trata de acumular réditos políticos, los apristas y sus colegas en el Parlamento, tuvieron esta semana su premio consuelo: la tan mentada renta básica.

El lector memorioso recordará que en el 2003, cuando el gobierno del presidente Toledo se balanceaba en la cuerda floja, el entonces mandatario planteó la renegociación del contrato con Telefónica para eliminar la renta básica. El anuncio, como tantos otros del ex jefe de Estado quedó en nada, y sólo fue motivado por el intento de dar un golpe mediático. Esta vez parece ser distinto. Por lo pronto, el pleno del Congreso aprobó, por mayoría abrumadora la eliminación de la renta básica: 80 votos a favor, 11 en contra y 15 abstenciones.

Hacía mucho que no se veía trabajar con tanta celeridad al Congreso. El dictamen se había aprobado sólo un día antes en la Comisión de Defensa del Consumidor, y al día siguiente era aprobado por el pleno. Cuando parecía que era una semana redonda para el Congreso y el gobierno en lo que se refiere a hacer caso a los deseos de la calle, el Ejecutivo, con García a la cabeza tuvo que intervenir. ¿Eliminar la renta básica, es decir, que baje el precio del teléfono? El presidente parecía tener reparos ideológicos, iba en contra una larga tradición aprista. Inmediatamente anunció que se revisaría el proyecto.

Al márgen de lo anecdótico, en realidad los reparos del presidente tienen que ver con que considera que el proyecto tiene nombre propio: Telefónica. Además, interviene en un contrato. Advirtió que si el proyecto es promulgado tal y como está planteado, se pondrían en peligro las inversiones en el Perú. Ratificó el compromiso de su gobierno de eliminar la renta básica en la telefonía fija, e indicó que eso podría hacerse mediante una negociación con Telefónica o el envío al Congreso de un proyecto de ley mejorado.

Ignazio De Ferrari

Imagen tomada del diario La República (http://www.larepublica.com.pe/)