Crónica semanal (del 30 de agosto al 5 de setiembre)
Thursday, 7 September 2006
Con el primer ministro Jorge del Castillo, el gobierno de Alan García encontró una solución temporal a la crisis en Yanacocha, superando así su primera prueba justo al cumplir un mes en el poder. La solución habría llegado a través de una comisión integrada por el gobierno, la minera y los comuneros de Combayo. Por otro lado, se ha designado un procurador ad hoc para investigar el gobierno de Alejandro Toledo. Lucha contra la corrupción para algunos, cacería de brujas para otros. Mientras tanto, el ex candidato presidencial Ollanta Humala denuncia persecución política al estar siendo investigado por el caso Madre Mía.
La intransigencia de ambas partes hizo que la tarea de llegar a un acuerdo, aunque sea temporal, sea más difícil aún. Los comuneros de Combayo reclamaban la generación de más puestos de trabajo y que no se utilice el agua que consumen los agricultores para la extracción del oro porque terminaba siendo contaminada. Por otro lado, la minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica, condicionó su participación en la comisión de alto nivel a que se levante el bloqueo de la carretera Cajamarca-Bambamarca, única vía de acceso a la mina. Mientras tanto, la minera permanecía paralizada en sus actividades.
Finalmente, las negociaciones no se dieron con los tres actores en conjunto. Más bien, fue el premier el Castillo quien se vio obligado a ir y venir entre dos salas en la Presidencia del Consejo de Ministros, dado que en una se encontraban los comuneros y en la otra, los representantes de Yanacocha. Fue el 3 de setiembre en Cajamarca, que tras largas horas de negociaciones presididas por del Castillo, que se firmaron once acuerdos entre las partes. Estos incluyen el control de calidad del agua y su tratamiento, la construcción de la vía puente Otuzco-Combayo por parte de Yanacocha, y el regreso del premier y su comitiva cuando se inicie la construcción de la mencionada carretera, entre otros.
Pero las consecuencias derivadas de este enfrentamiento podrían incluir desde convertirse en el impulso necesario para desencadenar crisis en las otras zonas mineras, hasta poner en riesgo el aporte voluntario de las mineras ofrecido al gobierno, por 2.500 millones de soles. Según el Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE, existen más de 40 zonas en el país con presencia minera en conflicto con las comunidades adyacentes. Reclamos por la contaminación y por la falta de inversión en la zona suelen ser los temas en agenda más importantes. ¿Tendrá del Castillo el nuevo cargo del premier “bombero”, o podrá este gobierno manejar los conflictos ocasionados por la presencia minera con mejores perspectivas de futuro que el gobierno anterior de Alejandro Toledo?
Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior, reconoce la presencia de una serie de actores en los conflictos mineros, cada uno con sus intereses propios: “No hay solo uno o dos actores. Hay grupos radicales, políticos extremos, sacerdotes católicos, pobladores descontentos, gente engañada a la que le dicen que la minera contamina el agua y comunidades que buscan beneficiarse con las contrataciones de la empresa y como no lo logran, protestan”. Sin embargo, esta afirmación podría resultar demasiado simplificadora de una serie de enfrentamientos que evidencian más que sólo la presencia de actores que fomentan la violencia o que tienen intereses personales más allá del beneficio de la comunidad. De nuevo la pregunta de rigor: ¿y dónde está el Estado cuando no hay bloqueos, cuando no hay que apagar incendios?
El abogado Gino Tomás Augusto Ríos Patio será el nuevo procurador ad hoc que investigará los actos del ex presidente Alejandro Toledo y sus colaboradores más cercanos. Los miembros del partido de la chacana no dudaron en señalar una cacería de brujas contra el gobierno pasado. Entre los casos posiblemente investigados estarán el caso de la CONAPA, Petroperú, A Trabajar Urbano y Rural, y los actos de de sus familiares o amigos relacionados con la administración pública.
Toledo ha asegurado que no se irá del país, como hizo su esposa Eliana Karp, pero frente a la posibilidad de ser denunciado ante el Congreso, el ex presidente tendrá que enfrentar todos los cargos que se imputarán por lo que hizo y dejó de hacer entre julio del 2001 y julio del 2006. Mientras tanto, la trayectoria del mismo Ríos Patio no está muy clara, dado que pesa sobre él una denuncia por plagio. Sin embargo, la trayectoria de Ríos Patio no se compara a la del ahora presidente García, quien se salvó de las investigaciones hechas a su primer gobierno gracias a la prescripción de los delitos.
Por otro lado, para terminar nuestra crónica semanal, el ex candidato presidencial Ollanta Humala se verá enfrentado a las denuncias por desaparición forzada, asesinato y lesiones graves por el caso Madre Mía. La jueza Miluska Cano decidió, tras estudiar la denuncia penal por quince días, abrir instrucción con orden de impedimento de salida del país contra Humala. El fiscal de Tocache, Arturo Campos, acusa a Ollanta de ser autor intelectual de la desaparición forzada y asesinato de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro y de lesiones en agravio de Jorge Ávila Rivera, detenidos en junio de 1992, por personal de la base contrasubversiva de Madre Mía, en Tocache.
El abogado de Ollanta Humala, Carlos Escobar, calificó de absurda la decisión de la jueza Cano, atribuyéndolo a la supuesta inconsistencia de la denuncia. Ollanta Humala, por su parte, asegura que se trata de una persecución política por parte del gobierno de García que en última instancia no sería debido a lo ocurrido en Madre Mía, sino causada por el nuevo modelo económico que el nacionalismo estaría construyendo. En una conferencia desde el Congreso –criticada por la mesa directiva del mismo, dado que Humala no tenía autorización para hacerlo- el ex candidato recordó las denuncias que pesan sobre la cabeza del presidente García por los penales y Cayara. Además, también declaró que sería una maniobra para perjudicar la participación del PNP y de UPP en las elecciones regionales y locales de noviembre.
García negó las acusaciones de perseguir políticamente a Humala, lo que generó nuevas acusaciones por parte de Carlos Tapia. Tapia denunció la existencia de una conspiración, denominada “Nunca más”, conformada por el gobierno, funcionarios de la embajada de EEUU, los servicios de inteligencia controlados por el APRA, el poder Judicial y empresarios que habrían dado dinero para acabar con el PNP. No obstante, la trama se complica. En un programa de televisión el domingo 3 de setiembre, se mostraron imágenes del intento de compra de dos testigos del caso Madre Mía. Humala intentó deslindarse del supuesto sobornador de testigos, Robinson Gómez: “No lo conozco ni en pelea de perros”.
Mariana Olcese










