Luego de haber pasado revista al Poder Judicial (primera parte) y al Ministerio Público (segunda parte), hoy nos ocuparemos de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitucional.

Defensoría del Pueblo

En el Perú, la Defensoría del Pueblo tiene pocos años de vida, pues fue creada con la Constitución de 1993. Pero a nivel mundial se trata de una institución antigua cuyas primeras formas se remontan por lo menos a los comienzos del siglo XIX. En esa época, la institución comienza a aparecer en Suecia. Allí, el que se encarga de defender al pueblo es llamado “ombudsman”, lo cual significa “poder pleno”.

Hoy en día, organismo como las Naciones Unidas o el diario The New York Times contratan a un ómbudsman. Éste sirve de intermediario entre los clientes, por una parte, y la empresa por la otra. Las defensorías del pueblo, entonces, hacen de intermediarios neutrales entre la ciudadanía (“clientes”) y el Estado (“empresa”).

Si bien, en el Perú, el Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso, la Constitución garantiza la autonomía de la Defensoría. En el artículo 162 de la Constitución, encontramos una definición más exacta de la funciones que tiene la Defensoría:

Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

En pocas palabras, se podría decir que la Defensoría está para reportar abusos por parte del aparato estatal contra sus ciudadanos. Además, tiene otras dos funciones: Defender los derechos fundamentales de toda persona y promover al acceso justo a los servicios básicos (agua, luz, transporte).

Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, la Defensoría no es parte del sistema judicial. La Defensoría no puede abrir un proceso de investigación tal como lo hacen fiscales del Ministerio Público ni mucho menos puede emitir sentencias como lo hacen los jueces del Poder Judicial. La Defensoría solamente puede emitir recomendaciones y sugerencias.

Una vez al año, el Defensor se presenta frente al Congreso para entregar un informe. Además, la Defensoría tiene “iniciativa en la formación de leyes” (art. 162). Es decir, puede remitir un proyecto de ley al Congreso, pero es el Congreso el que finalmente decide si se convierte en ley o no. Sin duda, la Defensoría puede tener un poderoso aliado en los medios de comunicación, pues es sabido que los medios pueden ejercer considerable presión sobre el gobierno al revelar abusos, irregularidades o situaciones precarias.

En setiembre del 2005, la abogada Beatriz Merino fue elegida Defensora del Pueblo. Su cargo dura cinco años. Merino ocupó el cargo luego de que éste estuviera vacante por más de dos años, pues el Congreso no se ponía de acuerdo en elegir al nuevo Defensor.

El Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) la tuvo aún más difícil que la Defensoría del Pueblo, pues no solamente anduvo sin cabeza. Peor aún, estuvo desactivado durante varios años cuando Alberto Fujimori gobernaba el Perú.

La tarea del TC está delineada entre los artículos 201 y 205 de la Constitución. Consiste en hacer un “control de calidad” de las normas que se expiden en el Perú. El estándar para medir la calidad es la Constitución. Es decir, el TC tiene la facultad de verificar si las leyes creadas por el Congreso no van en contra de la Constitución. Mejor dicho, las normas que el TC puede revisar son varias: Leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.

Ahora bien, el TC no solamente indica cuándo una norma contradice a la Constitución. Una norma que es declarada inconstitucional por el TC pierde su vigencia al día siguiente de tal declaración.

Pero hay todavía más: Las decisiones del TC son de última instancia. Es decir, las decisiones del TC no pueden ser apeladas frente a ningún otro organismo del Estado. En ese sentido, son definitivas, al menos a nivel nacional. Queda la vía de recurrir a organismos internacionales de los cuales el Perú es parte como, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además de controlar la compatibilidad de las normas con la Constitución (1), el TC tiene otras dos funciones:

2) Resolver, también en última instancia, recursos de hábeas corpus, hábeas data y recursos de amparo. Según la Real Academia, el hábeas corpus es el “derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse.”

Mientras el hábeas corpus se refiera a los derechos físicos de la persona (el no ser arrestado sin fundamento legal), el hábeas data contiene el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la no-publicidad de ciertas informaciones personales.

El recurso de amparo se refiera a todos aquellos derechos constitucionales que no están incluídos en ninguno de los dos hábeas aquí mencionados (un ejemplo sería el derecho a formar sindicatos, contemplado en el artículo 28 de la Constitución).

3) Resolver conflictos de competencia entre los órganos del Estado. Según el mismo Tribunal Constitucional (fuente: presione acá), tal conflicto se da

cuando alguno de los poderes del Estado o de las entidades públicas toma decisiones que no le corresponden o rehuye actuaciones que son propias de su competencia, interfiriendo en las atribuciones de otros órganos que las tienen asignadas por la Constitución o las Leyes Orgánicas.

A veces sucede que el mismo TC está en el ojo de la tormenta. En octubre del 2005, el Jurado Nacional de Elecciones se quejó de que el TC pretendiera revisar los fallos que el JNE está facultado a dar en materia electoral (vea nuestro artículo: JNE y TC: ¿cómo compatibilizarlos?). Según la Constitución, las resoluciones del JNE “son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno” (art. 181).

Otro debate acerca de las atribuciones del TC gira en torno a su papel ya no estricamente técnico, sino también político. Esta discusión, que también se da en otros países, se basa en el hecho de que interpretar los alcances una norma constitucional nunca es un mero ejercicio técnico (vea nuestro artículo: Luces y sombras del Tribunal Constitucional). Más bien, siempre hay cierto espacio para enrumbar hacia una u otra dirección, lo cual hace inevitable que las decisiones de los jueces constitucionales tengan siempre un componente político.

Por Evaristo Pentierra

Enlaces en Internet:

Página web de la Defensoría del Pueblo

Página web del Tribunal Constitucional

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