Desde las guerras de independencia en las tres primeras décadas del siglo XIX, los países latinoamericanos se han debatido entre largas dictaduras y procesos de democratización. Han sido varios los intentos de alcanzar situaciones de estabilidad democrática. Sin embargo, la mayoría de las veces estos intentos fueron sofocados por el poder de las armas de los caudillos.

La historia que hemos escrito en esta parte del mundo es una de vencedores y vencidos. Los intentos de conciliación, de construir sistemas representativos en los que todos los sectores tuvieran acceso a la toma de decisiones fueron más la excepción que la regla. Todavía hoy, pese a que en casi todos los países de la región existen democracias formales, la exclusión política y social conviven con las instituciones formales.

El tema del mes de julio explora los procesos de democratización de Venezuela y de Chile. Tomando el análisis de estos dos casos como punto de partida, intentaremos sacar algunas conclusiones de relevancia para el Perú. La base del trabajo la aportarán las diversas teorías de democratización que expondremos a continuación.

Las teorías de democratización

Desde mediados del siglo pasado, científicos sociales, sobre todo de Estados Unidos y Europa, se han dedicado a investigar las condiciones necesarias para la democratización de los países. Las diferentes escuelas que han surgido de estos estudios han puesto enfásis en diferentes aspectos de los sistemas sociales. Así, los teóricos de la modernización se centraron en la economía, los estructuralistas en el Estado y en la sociedad, los estudiosos de los actores en la esfera política, etc (ver Merkel/Puhle 1999: 21). Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de las teorías de la modernización, de las estructuras o del estudio de los actores políticos?

La teoría de la modernización, cuyo padre es el norteamericano Seymour Martin Lipset, sostiene que la democratización y el posterior mantenimiento del sistema democrático dependen del desarrollo económico del país. Mientras más rico sea un país, la posibilidad de que se establezca una democracia y que posteriormente ésta se consolide será mayor (ver Lipset 1959).

Lipset mide el desarrollo económico de un país a través del Producto Bruto Interno (PBI) por cabeza. Al mismo tiempo, emplea otras variables como el grado de urbanización, de industrialización o el desarrollo de la educación (niveles de analfabetismo). Es decir, el desarrollo económico conduce a una mejora de la educación y a la aparición de una cultura política democrática.

Para los teóricos de la modernización, la relación entre desarrollo económico y democracia es causal, pero no monocausal. La modernización económica no es una condición suficiente para el desarrollo de la democracia, es una de las más importantes pero no la única. Tampoco es necesaria en todos los casos, prueba de ello es la India, la mayor democracia del mundo (ver Merkel/Puhle 1999: 30).

Los teóricos de las estructuras, en vez, ponen enfásis en las luchas sociales por el poder, inherentes a los procesos de transformación. El éxito o el fracaso de la democracia son el resultado del desplazamiento de las estructuras de poder en una sociedad. A diferencia de los teóricos de la modernización, los estructuralistas rechazan la noción de que la democracia surja de manera forzosa. En vez, sostienen que ésta es uno entre otros resultados posibles (ver Merkel/Puhle 1999: 45).

Barrington Moore, uno de los pioneros de esta corriente, sostiene que el establecimiento de la democracia depende, sobre todo, de cinco factores (Moore 1969: 495):
1. el reparto del poder dentro de las élites.
2. la base económica de las clases altas ligadas al sector agrario.
3. la constelación de las coaliciones de clase.
4. la división del poder entre las clases sociales.
5. la autonomía del Estado con respecto a las clases dominantes.

Según Moore, la fuerza social que debe impulsar la democracia es la burguesía, de ahí la tesis “sin burguesía no hay democracia”. Sin embargo, Moore agrega que la burguesía favorece la democracia sólo cuando se mantiene independiente de los latifundistas y cuando no forma una coalición de clase contra los trabajadores y los campesinos (495). En conclusión, la constelación que más favorece el desarrollo democrático es una clase trabajadora fuerte, una igualmente fuerte clase media, una burguesía moderna, es decir, no oligárquica y una clase terrateniente débil. A su vez, la autonomía del Estado debe estar garantizada.

Pese a su considerable poder explicativo, las teorías estructurales tienen, al menos, un punto débil. El problema radica en que se da poca o ninguna importancia a la diferenciación dentro de las clases sociales. Se da por sentado que éstas se comportan como actores unitarios cuando, muy a menudo no todos los integrantes de una clase comparten los mismos intereses. Dicho de otra manera, las clases sociales son como cajas negras de las que se desconoce sus procesos internos.

Las teorías que estudian el comportamiento de los actores políticos recogen esta problemática. La unidad de análisis ya no son las clases sociales, sino los actores individuales. La transformación de los sistemas, según esta corriente, no depende tanto de las circunstancias objetivas o de las constelaciones de poder, sino de las percepciones subjetivas, las estrategias y el comportamiento de los actores relevantes (ver Merkel/Puhle 1999: 49). En ese sentido, por el comportamiento de los actores se entiende la toma de decisiones de las élites políticas. El papel que puedan jugar las masas pasa a un segundo plano.

Para los estudiosos del comportamiento de los actores, la esfera económica (teoría de la modernización) y la esfera de la sociedad y el Estado (estructuras) componen el marco general en el que se desempeñan las élites de vocación autocrática y democrática. La adopción y consolidación de un sistema democrático dependerá en gran medida del cálculo costo-oportunidad de los actores en el poder.

Las condiciones estructurales en Chile y Venezuela

La estructura económica de los países latinoamericanos ha influído de manera considerable en la distribución del poder entre los distintos grupos sociales. Tanto en Chile como en Venezuela, la principal actividad económica estuvo ligada, al menos desde comienzos del siglo XX, al sector de la extracción. En Chile, la minería se convirtió en la actividad estratégica por excelencia (pese a que los intereses de los terratenientes coincidían a menudo con los de la minería) y, en Venezuela, el sector petrolero se convirtió en el más importante desde que se descubrieron las primeras reservas durante la dictadura militar de Juan Vicente Gómez (1908-1935). El resultado fue que los grupos sociales intentaron desde temprano hacerse del control del Estado para tener acceso a los beneficios económicos.

Este hecho tuvo tanto consecuencias postivas como negativas para el desarrollo de la democracia. En ambos casos, se constituyeron alianzas entre las clases medias y las clases trabajadoras. Éstas ejercieron demandas por más democratización, pero la naturaleza radical de sus demandas chocó con la oposición de la burguesía y los terratenientes que formaron una coalición de clase contra ellos, en especial en Venezuela (ver Rueschmeyer/Stephens 1992: 175). Como vimos en la argumentación de Moore, ésto último tuvo consecuencias negativas para la democratización.

Pese a que, a diferencia de otros países de la región, la burguesía no fue uno de los soportes de la democracia, en Chile ésta, al igual que la clase terrateniente, sí estuvo dispuesta a integrarse tempranamente al sistema de partidos. Chile, que como afirmaba el poeta Pablo Neruda, carecía de una tradición caudillista, inició en 1932 el proceso de redemocratización luego del ochenio del dictador Ibáñez. Entre ese año y 1973, los principales partidos se alternaron en el poder aunque durante algunos años estuvo proscrito el Partido Comunista

La clave para la temprana inserción de las clases dominantes en la vida democrática chilena radicó probablemente en la coincidencia de intereses entre el sector minero y el de los terratenientes. En Venezuela, en cambio, gran parte de la burguesía al igual que la alicaída clase terrateniente, debilitada tras el surgimiento del sector petrolero, no encontraron representación partidaria y hasta 1958 escogieron el camino militar para ejercer el poder.

El desarrollo del sector de la extracción no fue el único fenómeno de tipo económico que influyó en el proceso de democratización. El modelo del ISI (Industrialización por Substitución de Importaciones), implementado en casi todos los países sudamericanos desde la década de 1930 (en Venezuela recién después de la Segunda Guerra Mundial), buscaba fortalecer la demanda interna y contemplaba una industrialización forzada. La industrialización produjo un crecimiento vertiginoso de la clase trabajadora. De esa manera, las demandas de democratización se hicieron más potentes con el crecimiento de un sector que fue rápidamente politizado por los partidos radicales de masas, en Chile el Partido Comunista, Socialista y el Partido Radical y, en Venezuela, Acción Democrática (ver Rueschmeyer/Stephens 1992: 178).

El sistema de partidos chileno empezó a resquebrajarse con la llegada al poder en 1970 de la Unidad Popular, coalición de comunistas y socialistas liderada por Salvador Allende. En la elección de ese año se produjo una fuerte polarización entre el candidato de los sectores medios y trabajadores y el de la burguesía y la clase terrateniente. La polarización continuó durante los tres años siguientes, en los que la Unidad Popular continuó siendo la fuerza dominante en la arena electoral, tanto en elecciones legislativas como municipales. A eso se sumaron los profundos cambios estructurales que el gobierno de Allende venía realizando. En esa nueva constelación, los sectores altos empezaron a percibir que el camino democrático para alcanzar el poder dejaba de ser viable. El golpe del 11 de setiembre de 1973 devolvió a los militares al gobierno.

En Venezuela vimos que el surgimiento del sector petrolero perjudicó gravemente al sector terrateniente. La razón fue que el petróleo produjo una sobrevaloración de la moneda, el Bolívar, que deterioró al sector agroexportador (ver Lynn Karl 1986: 199). Los dueños de la tierra vendieron sus posesiones a las petroleras norteamericanas interesadas en nuevas exploraciones y pasaron al sector del comercio. Los campesinos se mudaron a las ciudades donde ingresaron a los partidos políticos (200).

El primer intento democrático en Venezuela fue de muy corta duración. Entre 1945 y 1948, Acción Democrática (AD) intentó impulsar un programa reformista que fue interrumpido por el golpe de Estado de Pérez Jiménez. Las clases altas recurrían una vez más a los militares.

Los actores políticos y sus decisiones

Chile soportó entre 1973 y 1990 una de las dictaduras más férreas que se conocieron en Latinoamérica durante el siglo XX. El Estado impulsó una política de violación sistemática de los derechos humanos que dejó un número, aún hoy, incierto de desaparecidos.

En Venezuela, el dictador Marcos Pérez Jiménez se mantuvo en el poder durante diez años, al cabo de los cuales tuvo que huir del país agobiado por la crisis económica y las demandas de liberalización de la oposición. Veamos primero los acuerdos a los que llegaron los actores relevantes en Venezuela para lograr la apertura del sistema.

La principal fuente de oposición al gobierno de Pérez Jiménez vino naturalmente de la izquierda, cuyo principal representante era AD. Sin embargo no era la única. Dentro de la institución militar existían sectores técnicos de tendencia democrática que favorecían acuerdos con los partidos (ver Lynn Karl 1986: 205).

A la existencia de una oposición medianamente activa, se sumaban los escasos dotes políticos del dictador. Pérez Jiménez no supo mantener coaliciones estables con sus aliados, la Iglesia y las élites económicas. Hacia finales de la década de 1950 se produjo una crisis económica que el gobierno no supo manejar. Cuando se rompió la cadena de pagos, el sector empresarial decidió retirarle el apoyo al gobierno.

Mientras tanto, en el Ejército se empezaban a escuchar voces en favor de un cambio en la cúpula de gobierno. El Movimiento para la Liberación Nacional (MLN), facción militar opositora a Pérez Jiménez intentó, sin éxito, derrocarlo. En el campo político-partidario, las agrupaciones se unieron en la Junta Patriótica (ver Lynn Karl 1986: 208f).

El 21 de enero de 1958 se produjo un paro general en Caracas al que se plegaron todos los sectores, incluso la Iglesia y los empresarios. Dos días después, Pérez Jiménez aceptó renunciar y se dió inicio a las negociaciones que desembocaron en el Pacto de Punto Fijo.

El nuevo pacto significó la piedra angular del bipartidismo venezolano con la posterior alternancia entre AD que evolucionó hacia posiciones socialdemócratas y COPEI (democráta cristianos). Los partidos se comprometieron a aceptar los resultados electorales y a favorecer un sistema de consultas constantes. Pero en el pacto no solamente estuvieron incluídos los partidos, sino todos los sectores sociales.

A los militares se les ofreció un “borrón y cuenta nueva”, es decir no llevar a juicio posibles actos de violación a los derechos humanos ni cualquier otro acto delictivo. Además se les prometió más recursos para modernizar equipamiento así como mantener el servicio militar obligatorio. A la Iglesia se le entregó más subsidios e independecia con relación al Estado. Con los sindicatos se acordó promover una política de pleno empleo y negociar las tarifas de manera centralizada. En conclusión, con el Pacto de Punto Fijo se logró sacar de la arena electoral futuros conflictos y se le quitó poder al Congreso como órgano deliberativo (ver Lynn Karl 1986: 212-215).

En Chile el proceso de negociación fue mucho más tortuoso, puesto que una de las partes ejercía el poder desde los cuarteles militares. A su vez, la dictadura había tomado desde el comienzo medidas para debilitar a los trabajadores, principal fuente de oposición. En ese sentido, la política de apertura comercial que impulsó Pinochet fue motivada, en gran medida, por razones políticas (ver Krumwiede 2004).

Queda claro entonces que en el caso chileno la transición fue conducida por el propio régimen. El primer paso fue la Constitución de 1980, que sigue aún hoy en vigencia. La nueva carta preveía un referéndum para 1988, en el que los chilenos decidirían si Pinochet se mantendría ocho años más en el poder. La consulta popular se llevó a cabo y el 54,7% de los electores votaron en contra de la permanencia, con lo que se abría el camino para las elecciones generales del año siguiente.

Pero, ¿por qué decidió la dictadura emprender un proceso de democratización? La razón principal es que Pinochet necesitaba legitimarse, en especial en el plano internacional en el que se había iniciado una ola de democratización en todo el continente. Además, los Estados Unidos habían cambiado el discurso y empezaban a rechazar los gobiernos autocráticos. Por otro lado, Pinochet estaba convencido de que ganaría la consulta puesto que la economía pasaba por un buen momento. Tres meses antes del referéndum parecía que así sería.

En el lado de la oposición, no todos estaban a favor de aceptar la realización del referéndum. Los sectores más radicales con el partido Comunista a la cabeza favorecían una estrategia rupturista. Pero, al final, incluso los comunistas movilizaron a sus votantes para rechazar la permanencia de Pinochet. La ruptura habría sido probablemente nefasta, puesto que el régimen no estaba aislado y contaba incluso con el apoyo de algunos sectores de las clases bajas, como demuestra el 43% obtenido en la consulta. En conclusión, la unión cerrada de la oposición fue vital para derrotar a un Ejército igualmente unido.

Conclusiones

Desde la década del noventa, Chile y Venzuela no han podido seguir caminos más distintos. En Chile, la democracia ha empezado a sentar bases. Así lo demuestran los resultados que arroja cada año el Latinobarómetro. Se ve claramente que los índices de apoyo a la democracia son de los más altos en la región.

La legitimidad que ha adquirido la democracia ha sido el resultado de políticas de gobierno coherentes. Estas han podido ser implementadas gracias a los acuerdos a los que han llegado los partidos políticos. Los gobiernos de la Concertación, coalición cuyas principales fuerzas son los socialistas y los demócrata cristianos, otrora rivales, le han dado una estabilidad saludable al sistema. A esta coalición se le ha enfrentado una en la que están representados los partidos que sucedieron al pinochetismo. Estos partidos, lejos de apoyar posiciones antidemocráticas se han integrado plenamente el juego democrático.

En Venezuela, el Pacto de Punto Fijo fue la solución a la crisis política de 1958 pero acabó representando el calvario de los dos partidos políticos tradicionales. Durante tres décadas y media, AD y COPEI se alternaron en el poder. Su base política radicó en las prácticas clientelistas que fueron financiadas gracias a los cuantiosos ingresos por concepto de venta de petróleo. Sin embargo, a la larga, el sistema que nació del pacto de 1958 probó ser incapaz de reformarse. Los nuevos sectores que lucharon por adjudicarse representación política acabaron recurriendo a figuras neopopulistas, como el actual mandatario Hugo Chávez (ver Ramos Jiménez 2002).

Las conclusiones que podemos sacar de este trabajo trascienden los dos países estudiados. Podemos elaborar algunas tesis de válidas para todo Sudamérica. La primera en importancia está relacionada con los partidos y los sistemas de partidos. En los países en que todos los grupos sociales (en especial las clases altas) adquirieron tempranamente representación partidaria, se desarrollaron antes sistemas democráticos.

Esto no carece de relevancia en el contexto peruano. En la actualidad, hay importantes sectores que carecen de una representación política adecuada. Estos sectores son los más pobres del país y los que, a su vez, buscan desde la década de 1980 una organización que pueda canalizar sus demandas. Son a su vez los sectores que permanecieron excluídos durante gran parte de nuestra vida republicana, los que sufrieron más intensamente el conflicto de Sendero Luminoso y los que menos experiencia democrática tienen.

Del análisis se desprende otra conclusión interesante. La industrialización (factor estructural) fue clave para el surgimiento de grupos sociales que demandaran democracia. La consolidación de las jóvenes democracias dependió de la actuación de las élites. Dicho de otra manera, los factores estructurales crean el contexto en el que se mueven los actores, de quienes depende, una vez instalada la democracia, la consolidación del sistema.

Ignazio De Ferrari

Bibliografía

• Krumwiede, Heinrich W. (2004): Die chilenische Regimetransformation im Rückblick, en Peter Imbusch et al.: Chile Heute: Politik – Wirtschaft – Kultur. Frankfurt am Main: Vervuert, 253-274.
• Lipset, Seymour Martin (1959): Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, en: The American Political Science Review, 53 (1), 69-105.
• Lynn Karl, Terry (1986): Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela, en Guillermo O`Donnell et al.: Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 93-112.
• Merkel, Wolfgang; Puhle, Hans-Jürgen (1999): Von der Demokratie zur Diktatur. Opladen: Westdeutscher Verlag, 21-62.
• Moore, Barrington (1969): Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie. Frankfurt am Main: Suhrkamp
• Ramos Jiménez, Alfredo (2002): Partidos y sistemas de partidos en Venezuela, en Marcelo Cavarozzi y Juan Abal Medina: El asedio a la política. Rosario: Homo Sapiens, 381-410.
• Rueschemeyer, Dietrich et al. (1992): Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 172-197, 204-225.