En las últimas semanas se ha abierto un intenso debate en la opinión pública y en el Parlamento en torno a la necesidad de adoptar el foto voluntario. Como en todo debate, se han escuchado opiniones a favor y en contra. Existen argumentos válidos de uno y otro lado, de modo que se trata de una decisión muy compleja. En los próximos días, la Comisión de Constitución del Congreso debe emitir un pronunciamiento y será el pleno del Parlamento el que tome la decisión final.

Entre los integrantes de la Comisión de Constitución aún no existe consenso en torno a la adopción del voto voluntario. Ayer, lunes 14 de marzo, el presidente de dicha comisión, el aprista Aurelio Pastor, quien además es el propulsor de la enmienda, decidió suspender el debate luego de que se escuchara solamente a siete de los 19 integrantes y sólo los del APRA se mostraran a favor de su enmienda. Pidió una reflexión mayor antes de la siguiente sesión.

La propuesta de Pastor consiste en realizar una reforma legislativa que elimine la multa para el que no acuda a votar. Todo hace suponer que, en términos prácticos, la medida tendría las mismas consecuencias que el voto voluntario. Los críticos señalan que esta idea busca sacarle la vuelta a la Constitución ya que, se dice, intenta ahorrarse el engorroso procedimiento que significa una reforma constitucional. La eliminación formal del voto obligatorio requeriría el pronunciamiento a favor de 80 congresistas en doble votación.

Siguiendo el ejemplo de otros países sudamericanos, algunos congresistas, como Carlos Almerí (PP), están a favor de reducir considerablemente la multa a los que no acudan a las urnas. En Ecuador, la multa es de ocho dólares que de no ser abonados, se pierde los derechos por dos años. En el caso de Uruguay, los funcionarios públicos que no votan deben pagar una multa de 10 dólares y los demás ciudadanos una de 20. En Chile, las multas son igualmente menores.

Si bien la reducción de la multa, que en el Perú asciende a 132 Nuevos Soles es una medida legítima, el fondo de la discusión pasa por la eliminación o la continuidad del voto obligatorio. He aquí los argumentos a favor y en contra.

El voto voluntario

Los defensores del voto voluntario argumentan que éste defiende la libertad individual ya que, al ser elegidas las autoridades de manera libre, gozan de mayor legitimidad. Siguiendo la misma línea, se dice que el ejercicio de la democracia sólo puede ir acompañado de la libertad de participar. Son justamente los gobiernos totalitarios los que, a través de la coerción, movilizan a los ciudadanos en manifestaciones masivas de apoyo al régimen.

Otro de los argumentos a favor del voto voluntario señala que éste otorga transparencia al sistema político. Al acudir de manera libre a las urnas el votante puede expresar sus preferencias políticas de dos maneras: puede escoger por uno de los candidatos o partidos y puede, también, votar nulo o en blanco, con lo que expresa su interés por la política pero su insatisfacción con las diferentes opciones electorales.

El voto voluntario genera a su vez, una mayor competencia entre los partidos por movilizar a sus votantes a las urnas. De esa manera, los partidos se ven obligados a fortalecer las maquinarias partidarias y a crear escuelas de formación política.

Por último, se dice que el voto voluntario atrae el voto pensante, en la medida en que sufragan aquellos que tienen un verdadero interés político.

El voto obligatorio

Muchos de los argumentos esgrimidos a favor del voto voluntario son utilizados por sus críticos en su contra. Para ellos, éste no genera una mayor legitimidad del gobernante, sino todo lo contrario. En medio de la crisis de representación de los partidos políticos y de los movimientos sociales, la posibilidad de tener una elección con índices de abstención muy altos, puede llevar a una crisis de legitimidad, puesto que son muy pocos los que se ven reflejados en las autoridades elegidas. El alejamiento de los representantes es aún mayor. Además, en un país como el Perú, el voto es para muchos de los ciudadanos su único acto de participación política.

En contra del voto voluntario se dice también que crea una nueva desigualdad, puesto que votan solamente quienes tienen más educación, que son los que tienen interés en la política. En el Perú, debido a los altísimos índices de pobreza, la gran mayoría piensa en como subsistir antes que en participar en política.

Otro de los argumentos a favor del voto obligatorio es que éste reduce los costos de las campañas políticas. Ya no se debe gastar en movilizar a los votantes, de modo que los gastos están destinados sólo a la lucha entre los partidos. El dinero como factor para ganar una elección se ve reducido.

Por último, existen dos argumentos meramente técnicos. La ONPE y el JNE dependen en gran medida de los dineros derivados de las multas a los que no acuden a votar. De carecer de ellos, se debería ampliar las partidas presupuestarias para estos organismos. El segundo punto es el de las mesas de votación. A menos que sean bien remunerados, los miembros de mesa ya no pueden ser elegidos por sorteo de entre el mar de electores.

Valoración final

Desde un punto de vista normativo, los argumentos a favor del voto voluntario superan a los argumentos a favor del voto obligatorio. La libertad con la que debe abordarse la participación política constituye este razonamiento. Por eso, toda democracia consolidada debe ir en esa dirección. Sin embargo, argumentos como el de Mauricio Mulder (PAP) de que no hay ejemplo de país con voto voluntario que sea inestable presenta una falla argumental. Un país no es estable porque tenga voto voluntario, es estable porque tiene instituciones que funcionan, sistemas de partidos consolidados y partidos políticos que representan de manera adecuada a la población. El voto voluntario es, a lo sumo, un síntoma de esa estabilidad.

Toda reforma debe entender la realidad social a la que pretende modificar. La democracia peruana se encuentra aún en pañales. Las reformas no se pueden hacer todas juntas de la noche a la mañana. Ciertamente debemos apuntar a tener la mejor legislación posible, pero para ello hay que entender los tiempos en las que deben darse.

Si bien está lejos de ser perfecta, la nueva Ley de Partidos Políticos presenta un gran avance en ese sentido. Si no tenemos por lo menos cinco años de experiencia con esta ley, si los partidos no logran consolidarse y convertirse en verdaderos canales de representación, el voto voluntario puede conducir al desgobierno. ¿Cómo hubiera sobrevivir un gobierno débil como el de Toledo elegido con una participación del 55%, por ejemplo? Es muy probable que hace rato hubiese sido obligado a renunciar.

En medio del descontento político en que vivimos no podemos darnos el lujo de tener una elección con una participación menor al 50%. No sólo debería ésta ser repetida, como señala nuestra Constitución, sino que además le haría un tremendo daño a nuestra ya alicaída democracia.

En este debate, los argumentos prácticos le ganan, todavía, la pulseada a los argumentos normativos.

Ignazio De Ferrari