El artículo explica por qué el voto preferencial no debilita a los partidos y advierte de los riesgos que traería implementar listas cerradas. Además propone tres reformas concretas para fortalecer el funcionamiento de los partidos: 1) Darle al JNE y a la ONPE recursos para fiscalizar la selección de candidatos. 2) Sancionar el transfuguismo. 3) Prohibir las alianzas electorales para el Congreso.

En el Perú, la política la hacen los individuos y no los partidos. Sin embargo, la política hecha por individuos tiene efectos súmamente nocivos. No es difícil imaginar por qué. En democracias sin partidos, los gobiernos carecen de bancadas legislativas experimentadas y disciplinadas que les permitan a los gobernantes dirigir el país con un mínimo de coherencia y de manera predecible. Cuando los partidos se forman en la víspera de las elecciones para acompañar las aspiraciones de un lider personalista, los cuadros son reclutados de manera improvisada sin tomar en cuenta las trayectorias de los postulantes ya que, a menudo, el que paga el cupo entra a la lista. En resumen, las democracias sin partidos tienen serios problemas de gobernabilidad y legitimidad.

El debate sobre cómo fortalecer a los partidos y mejorar el nivel de la clase dirigente se ha centrado, en los últimos años, en el sistema de elección del Congreso, ya que esta es la institución con los niveles más altos de desconfianza – 14% en 2010 según el Latinobarómetro – además de ser el centro de operaciones de la política partidista. La idea de quienes ponen la mira en el Congreso es que un mejor diseño de las instituciones que gobiernan la democracia, puede tener un impacto positivo sobre el comportamiento de los actores políticos.

En este debate hay dos grandes corrientes. Por un lado están los que defienden la idea de empoderar a las dirigencias partidarias y, por el otro, los que creemos que el poder debe ser compartido entre las dirigencias y los votantes. Los primeros piden eliminar el voto preferencial, los segundos lo defendemos.

Los detractores del voto preferencial argumentan que este sistema es responsable de que sean elegidos individuos poco preparados, aventureros de la política que acceden a un escaño gracias al voto de los ciudadanos. A su vez, alegan, el voto preferencial alienta la indisciplina de los legisladores ya que como éstos le deben su escaño no solamente al partido que los nominó, sino también a los ciudadanos que le dieron su voto preferencial, no tienen un incentivo tan claro para someterse a la linea partidaria.

En mi opinión, quienes defienden las listas cerradas – en las que los votantes no pueden marcar preferencias y solamente los candidatos que están en los primeros lugares de cada lista son elegidos – cometen dos errores: por un lado sobredimensionan los efectos del voto preferencial y, más grave aún, asumen que darle más poder a las cúpulas partidarias conlleva a una mejora de la calidad de los partidos. Esto último es particularmente problemático.

Vayamos por partes. El voto preferencial no es el principal responsable de que ciudadanos poco preparados y con serios cuestionamientos éticos – por decirlo de manera elegante – sean elegidos. La responsabilidad recae fundamentalmente en las organizaciones que los postulan. Con respecto al comportamiento de los legisladores, la ciencia política sí encuentra que los legisladores en sistemas de listas cerradas como España, Argentina o Costa Rica son más disciplinados. Sin embargo no está del todo claro que una reforma en esa dirección vaya a tener el mismo efecto en el Perú. La razón es que en nuestro país, las aspiraciones de los legisladores depende del caudillo presidencial que jale los votos para el Congreso. En ese sentido, aunque el congresista le deba su elección al partido que lo puso en los primeros lugares de la lista, no está claro que quiera seguir con ese partido, si su caudillo no puede postular a la reelección.

Vayamos ahora a la parte más importante. Los que defienden las listas cerradas, defienden la idea de darle a esas élites partidarias, que no se destacan por un comportamiento ejemplar, el control sobre qué legisladores resultan elegidos. La pregunta es obvia. ¿Por qué van a estar esas cúpulas mejor preparadas que los ciudadanos? ¿Qué impide que los que quieran estar en los primeros lugares de la lista no paguen por uno de esos puestos? Y más aún, ¿qué impide que personajes acusados de corrupción no se aseguren un buen lugar en la lista y, en el camino, la inmunidad parlamentaria? Si esas élites son parte del problema, ¿es la solución darles más poder?

Tanto hoy como en el pasado, la crisis de legitimidad de la política latinoamericana está anclada en los extremos: en sistemas sin partidos, con liderazgos personalistas como el Perú, y en sistemas en los que los partidos son percibidos como “todopoderosos”. Ejemplos de lo último son el Chile actual que vió el ascenso de Marco Enríquez-Ominami en la elección presidencial de 2009, y la Venezuela pre Chávez con el duopolio de Acción Democrática y el COPEI. El riesgo es entonces que al empoderar a élites de escasas credenciales, el péndulo se mueva de un extremo al otro.

La solución, en resumen, no pasa por eliminar el voto preferencial. No existe una solución única a la “falta de partido” en el Perú. Sin embargo, existen algunas medidas de corte institucional que pueden ayudar. Termino el artículo haciendo un recuento de las que considero las más importantes y viables:

Fiscalizar la selección de candidatos: Si los partidos no son capaces de autorregularse, es necesario fortalecer una agencia externa que genere una estructura de incentivos adecuada. En ese sentido, las autoridades electorales – el JNE y la ONPE – deberían tener más recursos y competencias para sancionar malas prácticas, sobre todo en el reclutamiento de candidatos. En el último ciclo electoral fueron elegidos a distintos cargos postulantes que mintieron sobre su trayectoria penal. En la mayoría de los casos, la elecciones internas de los partidos siguen siendo un saludo a la bandera, sin embargo estas malas prácticas no son sancionadas.

Castigar el transfuguismo: En este punto se han discutido dos opciones. La primera es que el legislador que abandona el partido por el que fue elegido, pierda el escaño y lo tome su accesitario. Esta opción es un poco extrema, ya que se puede dar el caso de un partido que cambie radicalmente su programa tras las elecciones. De ser así, los legisladores deberían tener el derecho de abandonar su bancada original. La segunda opción es que el legislador tránsfuga pierda el derecho a adherirse a otra bancada o a formar una nueva con otros tránsfugas. Esta opción es más realistas y tiene consecuencias importantes. El que abandona su bancada pierde recursos claves: personal, participación en los debates del pleno, presidencia de comisiones.

Prohibir las alianzas legislativas: Una de las formas que tienen los partidos pequeños de saltar la valla electoral es aliándose con partidos más grandes. El resultado es que las bancadas acaban estando compuestas por congresistas de diferentes partidos. Las dos bancadas oficialistas, Gana Perú y Perú Posible, son un ejemplo de ello. A menudo, estos congresistas aseguran que su lealtad está con su partido y no con la bancada para diferir del voto de sus compañeros. Al final, en la mayoría de los casos las bancadas se acaban rompiendo y los partidos terminan operando por su cuenta. En cambio, si se prohibe la formación de alianzas para el Congreso, solamente los partidos que sí superan la valla entrarían al Congreso y las bancadas serían más homogéneas. Esto no tendría por qué impedir que los partidos se alíen para la elección presidencial, a la que sí podrían presentar un candidato unitario.

Ignazio De Ferrari

Fuente de la imagen: Blog Voto Electrónico en el Perú