“Karina” en el Centro de Lima, “Keyli” en Lince y “Araceli” en Miraflores. La primera tiene 24 años y dos niños que mantener. La segunda, 23 y vino de Loreto a estudiar y trabajar. La última tiene 22 y dejó sus estudios universitarios por falta de dinero.
Son físicamente atractivas y ejercen la prostitución, porque -según testimonio personal- no hallaron empleo, necesitaban urgentemente dinero y perdieron las esperanzas: igual que muchas mujeres como ellas en el Perú. Sólo en Lima el Ministerio de Salud y el Movimiento El Pozo calcularon más de 100,000 prostitutas regulares y esporádicas, la gran mayoría entre 18 y 30 años de edad.
El elevado crecimiento económico del país desde 2005 ha “democratizado” la oferta de los servicios sexuales para una demanda permanente que abarca casi todos los niveles socioeconómicos, quedando incluso para el turismo sexual. Si lo vemos como drama social, la oferta es excesivamente alta para un país que ha bajado la pobreza a 31%, pero que no ha disminuido significativamente el desempleo.
Del otro lado, el Ministro de Trabajo dijo que el nuevo Gobierno nacional es partidario de la “flexiseguridad” laboral y ha reunido un grupo de asesores técnicos conformado por sus antecesores Alfonso de los Heros, Javier Neves, Mario Pasco Cosmopolis y Fernando Zavala para aplicarla. Los dirige Carlos Blancas, quien, sin embargo, no cree en ésta, quiere revertir los poco avances de la reforma laboral de 1991 y aboga por volver a la fracasada política laboral que “implantó” el Partido Comunista en 1970, rigidizando más las normas de trabajo y subiendo más los costos de contratar y despedir.
La “flexiseguridad” fue inventada exitosamente por los daneses y la Unión Europea la ha convertido en política laboral comunitaria con el Tratado de Lisboa de 2007. Consiste en tres pilares: facilidad de contratar y despedir, políticas activas de capacitación y reinserción laboral y seguro de desempleo. El esquema se construye sobre contratos flexibles y fiables, estrategias integradas de aprendizaje durante la vida laboral, políticas eficaces de empleo y un moderno sistema de Seguridad Social.
Para implementar la “flexiseguridad” trabajadores y trabajadoras deben modificar sus formas de adecuarse a las condiciones del mercado. Para eso el Estado articula medidas de formación continua tanto para conseguir empleo como para conservarlo. El esquema es costoso para el presupuesto público, pero mantener el status quo es injusto.
Eso no convence a Blancas, un abogado laboralista que mira la realidad con dos lentes: en 1985 cuando era ministro fue implacable contra los dueños de las lavanderías-tintorerías American Dry Clean y la fábrica de cristalería Ferrand por violar derechos laborales, pero nada hizo por los obreros estatales de CENTROMIN, MORAVECO y la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENAFER) que le pedían su ayuda.
Al presente, ¿quién hace justicia a muchas mujeres como “Karina”, “Keyli” y “Araceli” que no hallan otra salida que la prostitución por culpa del dogmatismo y la desidia?.
Gian Carlo Orbezo Salas