Creo que el ex comandante Ollanta Humala ya no quiere hablar del tema constitucional en este tramo de la campaña electoral, pero quien escribe sí y empezaré con los antecedentes.
Al caer la dictadura de Alberto Fujimori en 2000 resurgió una polémica que había dividido a la oposición: restablecer la Constitución de 1979 derogada el cinco de abril de 1992 o conservar la de 1993 -reformándola- que dio el Congreso Constituyente Democrático (CCD) convocado por el dictador bajo presión internacional.
En 2001 el gobierno de Valentín Paniagua instaló la Comisión de Estudios de las Bases para la Reforma Constitucional, que sesionó en 28 subcomisiones por 5 semanas y participaron conocidos juristas, presididos por el ministro de Justicia, Diego García Sayán.
El dictamen era la Carta de 1979, con los aportes de su sucesora más nuevos como no pena de muerte ni amnistía por violación de derechos humanos, voto facultativo, retorno del Senado y renovación de la Cámara de Diputados por mitades cada 30 meses, mandato parlamentario renunciable, no a toda reelección presidencial, sin segunda vuelta si el primer candidato supera el 40% de votos y hay 10% de diferencia con el segundo, senadurías vitalicias para ex Presidentes de la República, no a la justicia militar ni la ratificación de magistrados, periodo de 3 años para alcaldes con una reelección inmediata, creación de intendencias y juntas departamentales, integración de entes electorales en un Tribunal Supremo Electoral, mejora del referéndum y menor votación (3/5) para reformas constitucionales.
Se dieron tres opciones para el dictamen: 1) Que el Congreso derogase la Carta de 1993 y restableciese la anterior. 2) Que los congresistas aprobasen una reforma constitucional total. 3) Se votase en referéndum una ley de elecciones constituyentes.
Instalado el Congreso se optó por la segunda opción, pero con un amplio debate que incluyó empresarios, sindicalistas, ONG’s y universidades, conducidos por el congresista Henry Pease. El resultado fue otro proyecto reglamentarista combinación de las cartas de 1979 y 1993, parecido al proyecto alternativo que la oposición en el CCD presentó. En 2003 debió ir al referéndum, pero nunca se convocó por temor que se convirtiera en plebiscito contra el gobierno de Alejandro Toledo, que perdía popularidad aceleradamente, y ganase el NO.
En 2006 el nuevo Congreso quiso retomar el debate, pero Humala y sus congresistas nacionalistas bloquearon la segunda opción. Una sentencia del Tribunal Constitucional en 2003 ratificó la primera declarando vigente el artículo 307 de la Carta de 1979, pero tras muchos años ya es políticamente inviable. Por eso la cantaleta con la tercera opción.
En fin, ¿qué Carta gustaría a Humala? Quizá lo sabe el jurista español Rubén Martínez Dalmau, del Centro de Estudios Políticos y Sociales en España, asesor de las constituyentes de Venezuela, Bolivia y Ecuador y convencido que la Carta debe adaptarse al gobierno que la promovió, servir al proceso político que le dio vida y reforzar el poder del mandatario.
Estamos advertidos.
Por Gian Carlo Orbezo Salas
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