La campaña para las elecciones presidenciales ha continuado esta semana con nuevas revelaciones sobre los principales candidatos presidenciales. Keiko Fujimori ha sido confrontada por el diario La República por posibles nexos con el narcotráfico. Por su parte, al candidato de Solidaridad Nacional (SN), Luis Castañeda, el diario Perú 21 lo ha vuelto a poner contra las cuerdas al cuestionar pagos de alrededor de 44 millones de soles a la Organización Mundial de la Migración (OIM) por la supervisación de obras de infraestructura durante su gestión como alcalde de Lima. A su vez, el candidato Ollanta Humala ha intentado enlodar la imagen de Alejandro Toledo al vincularlo con un pedido de intervención en su contra ante la embajada norteamericana cuando era candidato en 2005. La denuncia no parece haber afectado al ex presidente.

El ‘Rospileak’

El domingo 20, el diario La República abrió con una foto de Fernando Rospigliosi, el ex ministro del Interior toledista, sobre la que decía “Fue Rospigliosi”. El diario aludía a la reunión que mantuvieron Rospigliosi y Rubén Vargas, ex director de Defensa Nacional de la misma gestión, con funcionarios de la embajada norteamericana en Lima en noviembre de 2005. Humala había denunciado días atrás que el gobierno de Toledo había pedido ayuda a Estados Unidos para frenar el avance de su candidatura con miras a las elecciones de 2006.

Según la versión de Rospigliosi (La República, 22/02/11), en la reunión se conversó “sobre la situación de los valles cocaleros, donde Humala trataba de acercarse a los productores de coca ilegal vinculados al narcotráfico”. Tanto Rospigliosi como Vargas “expresamos claramente nuestras opiniones sobre el riesgo que significaba Humala, como un agente de Hugo Chávez, para la estabilidad económica y la democracia peruana […]”. El cable original confirma la versión de Rospigliosi sobre los temas que se dicutieron en el encuentro y sobre las opiniones vertidas por los analistas.

Cuando Rospigliosi se reunió con los funcionarios norteamericanos no formaba parte del gobierno de Toledo, puesto que había dejado el Ministerio del Interior en mayo de 2004. En su comuna del 22 de febrero, Rospigliosi asegura que desde que dejó el ministerio hasta hace sólo unos meses no mantuvo contacto alguno con Toledo, de modo que no podría haber sido un enviado furtivo de la administración toledista en esa reunión. Rospigliosi señala, además, que la iniciativa de acudir donde los norteamericanos no fue suya y que, por el contrario, fueron los funcionarios de la embajada los que le pidieron una reunión para discutir la coyuntura política. A ese encuentro, que según Rospigliosi se produjo en un restaurante y no en la sede norteamericana, no acudió el entonces embajador James Curtis Struble.

Si bien en base al cable filtrado por el diario El País no hay indicios claros de que el gobierno de Toledo haya intentado frenar el avance de Humala con tácticas poco decorosas, la participación de Rospigliosi y de Vargas en esta trama no ha quedado del todo esclarecida. El ex ministro asegura que entre las sugerencias que plantearon se encontraba “ampliar el monitoreo de medios a la situación política y no solo a los temas de coca ilegal; y ayudar a combatir la campaña de los humalistas pro coca ilegal”. Sin embargo, según el cable “ellos también sugirieron que la embajada considerara apoyar un programa de comunicación anti-Humala” (“They also suggested that the Embassy consider supporting an anti-Humala communications program”).

Keiko Fujimori y los $10 mil de Hayduk

El domingo 20, Keiko Fujimori reconoció en el programa Cuarto Poder que durante la campaña electoral de 2006 había recibido 10 mil dólares de la familia Martínez, dueña de la pesquera Hayduk. La relación entre la candidata presidencial y los Martínez es de larga data. En el año 2000, cuando Vladimiro Montesinos aún tenía una injerencia importante sobre el Poder Judicial, Fujimori intercedió ante su padre para que indultara a Ana y Mariana Martínez, hijas de Eudocio Martínez “Olluquito”, el dueño de Hayduk. El indulto se produjo en febrero de 2000 y la liberación del padre y de los hermanos de Ana y Mariana Martínez llegó unos meses después por decisión judicial.

La familia Martínez pasó tiempo en prisión luego de que en 1993 se encontrara 353 kilos de droga en un cargamento de Hayduk que tenía como destino Colombia. Ya como Primera Dama, Keiko visitó a las hermanas Martínez en el penal de Santa Mónica en enero de 2000, quienes afirmaron su inocencia y culparon a Montesinos de intentar extorsionar a su padre, a quien el asesor le había exigido 500 mil dólares a cambio de archivar el caso. Eudocio Martínez se había negado (La República, 21/02/11).

“Todos ellos han sido absueltos, para mí son personas inocentes que fueron extorsionadas por Vladimiro Montesinos […]. Me siento contenta porque gracias a ellos yo me di cuenta en ese entonces de quién era Vladimiro Montesinos y me enfrenté a él”, ha dicho Keiko en su defensa. Se trata, sin embargo, de una defensa poco convincente. Cuando Fujimori recibió el dinero en 2006, las investigaciones contra Eudocio Martínez y sus hijos varones continuaban. “Olluquito”fue absuelto en noviembre de 2006 por la Corte Suprema mientras que su hijo Mildo Martínez fue absuelto recién en diciembre pasado. Su hermano Walter aún enfrenta un proceso por drogas que se inicia este 7 de marzo (La República, 22/02/11).

Por otro lado, si Keiko estaba tan segura de la extorsión de Montesinos en 2000, no queda claro por qué no la denunció si no ante el Poder Judicial al menos ante la opinión pública. Una vez más, la idea de que ella se enfrentó a Montesinos no termina de convencer.

Castañeda, la OIM y la fiscalización

El viernes 25, el diario Perú 21 cuestionó el pago de casi 44 millones de soles a la OIM para supervisar las grandes obras que la gestión de Luis Castañeda llevó a cabo en la capital entre 2003 y 2010. Según Perú 21, la OIM administró la ejecución de un total de 180 obras que le costaron a la ciudad S/.1,285’067,316. La gestión de Susana Villarán, que viene investigando los desembolsos de la gestión anterior, la OIM se ganó una comisión equivalente al 3.5% del valor de cada obra, con lo cual, en siete años, se hizo con nada menos que S/.43’456,382 (Perú 21, 25/02/11).

Según la denuncia, al encargar la supervisación de las obras a un organismo internacional que cuenta con inmunidad diplomática y por tanto no está obligado a rendirle cuentas al país, el municipio no sólo evadió los controles y la fiscalización de la contraloría, sino que además desembolsó dinero que podría haber gastado en beneficio de la comunidad.

Ante las críticas, el ex alcalde Castañeda ha respondido al paso y ha afirmado que “es algo común, normal y corriente” y que “cuando alguien sepa de administración va ver que todo está bien y perfectamente”. Quedan, sin embargo, dos cuestiones irresueltas: 1) ¿Por qué entregar la supervisación de obras a una organización cuya misión es “promover la migración ordenada y humana en beneficio de todos”? 2) ¿Por qué se evitó que los entes de control supervisaran las obras? El ex alcalde debe algunas respuestas.

Ignazio De Ferrari