Como ampliación del artículo anterior sobre el plan de gobierno del APRA, aquí un análisis después de su presentación oficial. En 52 páginas, se delinean los objetivos que seguiría el Partido Aprista de llegar al gobierno. Sin embargo, ¿logrará superar el voto escéptico que todavía no olvida el gobierno de Alan García?

Después de enunciar su plan de acción inmediata para los primeros 6 meses (con un balance de gastos y ahorro tal vez ilusorio), el plan de gobierno se inicia con la reforma del Estado, tantas veces anunciada y dejada de lado. En esta sección encontramos la propuesta del regreso a la Constitución Política de 1979. Sin embargo, el punto que llama la atención es la reforma del régimen presidencialista, con el establecimiento de un Primer Ministro como Jefe de Gobierno, elegido por el Congreso.

De esta forma, se busca “blindar” al presidente de las críticas al desempeño del gobierno. No obstante, queda por ver si sería posible para García, de llegar al gobierno, aceptar la reducción de sus prerrogativas. Además, resultaría sorprendente que un Congreso como el que nos espera a partir del 28 de julio se ponga de acuerdo con el fin de elegir al Primer Ministro. Otras propuestas en el plan de gobierno aprista es el regreso a la bicameralidad y la renovación por mitades del Congreso, especificando que siempre sin mayores costos. Es decir, tendría que reducirse los gastos públicos para pagar sueldos de senadores, aunque las remuneraciones se reduzcan, y para llevar a cabo procesos electorales cada dos años y medio.

Dentro de la reforma del Estado se específica su modernización, por ejemplo, reformando la carrera pública, así como la reforma del poder judicial implementando las recomendaciones de la CERIAJUS. Una propuesta interesante, pero por ver cómo se formularía su implementación, es la que plantea la incorporación de “jueces ciudadanos” o participación ciudadana en la administración de justicia.

Respecto a la descentralización y regionalización, aparte del fortalecimiento y capacitación de los gobiernos regionales, se encuentran una de las pocas cifras del plan de gobierno: que cada región genere 7% del PBI nacional con el fin de ser un contrapeso a la capital. También se encuentra la primera mención al proyecto “Sierra exportadora”, en el cual se propone la reforestación de suelos no aptos para la agricultura.

Bajo el objetivo del desarrollo humano, se presentan los programas del gobierno, “ante el fracaso de la ‘teoría del chorreo’”. Sin embargo, considerando la urgencia necesaria en al aplicación de programas para la lucha contra la pobreza, el plan de gobierno aprista presenta acciones demasiado difusas y sin mayores explicaciones. Por ejemplo:

“Garantizar el bienestar, el desarrollo integral y una vida digna para los niños, adolescentes y jóvenes, personas de la tercera edad (adulto mayor), y personas con discapacidad, en especial de aquellos que se encuentran en situación de riesgo, pobreza y exclusión”.

Sin embargo, vuelve a mencionar el proyecto “Sierra exportadora” como un instrumento de lucha contra la pobreza, además del programa “Consumo de pescado – anchoveta”. Cabe resaltar la importancia que se le da al desarrollo de la mujer, y el compromiso de cumplir con el Acuerdo Nacional en lo referente al incremento anual del presupuesto educativo en 0.25 del PBI hasta llegar al 6%. Respecto a la cultura, resalta el hecho de incluir dentro de las negociaciones del TLC con EEUU y otros países una reserva cultural y educativa que permita legislar a futuro. Es decir, encontramos la posición favorable del APRA respecto al TLC con los EEUU, explícita más adelante en el plan.

Dentro del tema Salud, encontramos la propuesta de la universalización de la Seguridad Social y el establecimiento de módulos de salud ecológicos para la atención de la población excluida, específicamente sierra alta y la selva. Además de la promoción de una política de medicamentos basada en el acceso universal. Sin embargo, no se menciona los mecanismos de financiación de las propuestas. En el caso del ataque a la desnutrición, se concentra en el aprovechamiento del consumo del pescado y en los productos propios de cada región. De nuevo, no encontramos mayores luces sobre cómo se llevarán a cabo estas propuestas para la mejora de la calidad de vida.

El plan del gobierno del APRA da especial importancia a los jóvenes, considerando el bolsón de votos que conforman (aunque sea dudoso que los jóvenes en general voten de acuerdo a propuestas). Por ejemplo, encontramos la creación de la “Defensoría del Joven”, la Ley del Concejal Joven así como el establecimiento de una cuota de jóvenes similar a la cuota de género dentro de la Ley de Partidos Políticos. Además, se mencionan programas municipales de empleo juvenil y un mayor protagonismo del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU).

Referente a la economía, el plan de gobierno aspira a alcanzar un crecimiento del 7% (el año pasado la economía creció en un 6.67%), que claramente se orienta hacia la exportación. Se propone un incremento y diversificación de las exportaciones, de tal forma que al menos sea un 40% de manufacturas y servicios y 60% de materias primas. Menciona la transferencia de recursos del presupuesto público del gasto corriente hacia el gasto social y de inversión con el objetivo de cumplir con la justicia social.

En conjunto con el proyecto de “Sierra exportadora”, bajo el rubro de agricultura y agroindustria encontramos el de “Selva sostenible” como una de las pocas menciones a la región amazónica, y sin mayores explicaciones. La pesquería tiene especial importancia de los planes del APRA, como instrumento para mejorar la calidad de la alimentación y orientado a la exportación.

Para finalizar, en el tema de la infraestructura puede observarse, aparte de la inversión pública, la promoción de la inversión privada, ya sea a través de la concesión de carreteras o mediante la modernización de la infraestructura portuaria, por ejemplo. Es necesario llamar la atención hacia la propuesta de culminar el Tren Eléctrico en Lima.

En resumen, podemos observar en el plan de gobierno del APRA una serie de propuestas que en teoría resultan positivas, pero en muchos casos se observa una falta de definición de la forma como se llevarán a cabo estas medidas. El ejercicio que podemos ver en el plan de acción inmediata, en el que se determina, aunque no necesariamente de forma real, cómo es que se van a financiar los gastos no lo encontramos en el resto del plan de gobierno. Las promesas quedan a medias si es que no se sustenta cómo es que se planea financiarlas.

Un enunciado a tomar en cuenta: bajo el objetivo de la defensa nacional, se propone definir un marco legal para la intervención de las FFAA en conflictos internos. Sin embargo, no realiza mención específica respecto a los derechos humanos, salvo en lo relativo a la pluriculturalidad. Tampoco se menciona a la CVR ni a las reparaciones a las víctimas de la violencia interna.

Mariana Olcese

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