En las últimas dos semanas, se ha abierto un nuevo flanco de críticas contra el presidente Alan García. La razón ha sido la aprobación del decreto legislativo 1097. El presidente eligió pelear una batalla que dificilmente podía ganar y los resultados para su gobierno han sido desastrosos. El decreto ha contribuído a enlodar aún más la imagen del gobierno en materia de derechos humanos, un area en la que, de por sí, García no obtenía una nota satisfactoria.
El DL 1097 “que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos” fue promulgado el 1 de setiembre. Este dispone, en su artículo 6, inciso 2, el archivamiento de los casos que hayan vencido el plazo de tres años sin sentencia. En principio, el decreto parece defender una causa justa, la de los procesados que no reciben sentencia tras largos años de investigaciones. Sin embargo, el tema es más complejo.
En la actualidad, muchos de los procesos, en especial aquellos que implican a miembros de las fuerzas del orden, se alargan debido a maniobras legales de los abogados de los acusados o a la restricción de información por parte del Ministerio de Defensa (resumen semanal n. 1606, Desco). A menudo, entonces, no es el Poder Judicial el responsable de que no se emitan las sentencias antes de los tres años fijados por la ley, sino los propios procesados que recurren a artimañas para alargar los procesos. Pero ese no es el único problema del decreto ya que, además, éste establece en sus disposiciones finales que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad sólo rige a partir de 2003, año en que el Perú se adhirió a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. De esa manera se abre la puerta para que prescriban las violaciones contra los derechos humanos cometidas antes de ese año.
El decreto tenía un propósito claro: la liberación de quienes, desde el Estado, violaron los derechos humanos durante la década de 1990. Entre los potenciales beneficiados estaban los cabecillas del grupo Colina, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingue (resumen semanal n. 1606, Desco).
Hasta ayer, la situación era de aparente empate. Por un lado, Rey – vaya sorpresa – defendía el decreto mientras, por el otro, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, buscaba por todos los medios la derogación por parte del Ejecutivo, pese a que el decreto llevaba su rúbrica. Entonces se hizo pública la misiva de Vargas Llosa al presidente García en la que hacía pública su renuncia a la presidencia de la comisión encargada de levantar el Lugar de la Memoria.
En la carta, el escritor explicaba que la razón de su renuncia “es el reciente Decreto Legislativo 1097 que, a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos”. Vargas Llosa también señala que existe, a su juicio, “una incompatibilidad esencial entre, por una parte, auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y, de otra, abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana”.
Según versiones periodísticas, el presidente llamó inmediatamente al escritor y le ofreció la cabeza de los dos ministros y la derogación inmediata del decreto. Vargas Llosa saludó la reacción del presidente, pero no se discutió la posibilidad de revocar su renuncia (Perú 21, 14/09/10). El daño ya estaba hecho.
Algunas preguntas
¿Qué lleva a un gobernante elegido en las urnas a aliarse con aquellos sectores políticos que promueven la defensa de quienes cometieron violaciones contra los derechos humanos? ¿Por qué Alan García, que fue acosado por el régimen autocrático de Fujimori y Montesinos, se une con sus antiguos perseguidores para defender la impunidad? Y por último, ¿dónde quedaron los reflejos de quien se supone es un consumado jugador del ajedrez político?
En su columna de La República, Augusto Alvarez Rodrich ha ensayado una respuesta. El presidente, dice el columnista, comulga “con el enfoque básico fujimorista” (La República, 07/09/10). Si bien García no tiene la mejor trayectoria en materia de derechos humanos – su primer gobierno es el mejor ejemplo – no parece ser la comunión de ideas con el fujimorismo la única razón para aprobar un decreto que a todas luces le implica un alto costo político. García, es cierto, escogió a Giampietri de vicepresidente y a Rey de ministro, pero también ha convocado a García Toma y a Vargas Llosa.
La respuesta pasa, a mi entender, por un mal entendido sentido de pragmatismo – el caballo de batalla del Alan converso. García se alía con el fujimorismo para acercarse a la mayoría legislativa y le pone a los militares a dos halcones como Flores Aráoz y Rey. Sin embargo, luego los obliga a convivir con el Lugar de la Memoria. Hasta ahí la estrategia funciona. El problema se da cuando sus ministros empiezan a operar por su lado y García no los para. De esos desajustes se dan chascos como el DL 1097 y, anteriormente, la fuga de Crousillat. Lo pragmático en esos casos es actuar más temprano que tarde, retirándole la confianza al ministro saltón antes que Vargas Llosa se la retire a él y con toda razón.
Esto último me lleva a una reflexión final. García ha buscado a lo largo de su segunda gestión diferenciarse de su antecesor, Alejandro Toledo. Su partido, el APRA, se ha jactado de no ser la fuente de escándalos diarios que era Perú Posible. Hasta cierto punto es verdad: García no ha dado las muestras de frivolidad que daba a menudo Toledo y el APRA ha sido mucho más disciplinado que la chakana. Sin embargo, García y su partido han hecho méritos suficientes para acercarse y hasta sobrepasar a sus predecesores en algunos aspectos. Los escándalos de corrupción han afectado gravemente la imagen del gobierno y Alan García ha cometido errores de cálculo político casi de principiante. El affaire Crousillat y los sucesos aquí relatados son dos buenos ejemplos.
Ignazio De Ferrari