En esta crónica semanal del 8 al 14 de agosto tenemos la noticia de la apertura de la investigación sobre enriquecimiento ilícito contra Keiko, Hiro Alberto y Sachi Marcela Fujimori.

Keiko Fujimori y sus hermanos Hiro Alberto y Sachi Marcela deberán responder ante la fiscalía por el origen de los fondos que su padre, Alberto Fujimori, les entregó para sus estudios, estadía, alimentación y otros gastos en Estados Unidos, en los años ‘90. Esto, luego de que la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, decidió iniciar una investigación preliminar contra los hermanos Fujimori por complicidad en el enriquecimiento ilícito que se atribuye a su padre, durante los años 1990 al 2000. Anteriormente, Keiko solo había acudido a declarar a la fiscalía y el Poder Judicial como testigo en los procesos al encarcelado Alberto Fujimori, pero nunca como investigada. Lo mismo pasa con sus hermanos Hiro Alberto y Sachi Marcela. Kenji no es incluido porque era menor de edad en esa época.

La familia de Fujimori fue mencionada como beneficiaria de enriquecimiento ilícito y peculado en la denuncia constitucional y el proceso judicial que en abril del 2003 se inició al ex presidente. Ese proceso a Alberto Fujimori que se encuentra archivado porque Chile no aceptó extraditarlo por ese delito, es el origen de la actual investigación preliminar a Keiko Fujimori. A principio de año, el fiscal supremo José Antonio Peláez encargó realizar una investigación al fiscal Jaime Schwartz, pero cinco meses después, éste dijo que no había nada que investigar. El procurador Pedro Gamarra apeló contra esa decisión y el fiscal superior Jorge Cortez corrigió la situación: resolvió que en efecto Keiko no podía ser investigada por peculado porque no era funcionaria pública cuando ocurrieron los hechos, pero sí por enriquecimiento ilícito.

Cortez remitió el caso a la fiscal de la Nación, la única que puede investigar ese delito, por lo que se abrió la investigación preliminar respectiva. En la acusación a Fujimori se determinó que en su condición de presidente desvió recursos de las privatizaciones, del SIN y de las donaciones provenientes del Japón para crear un “fondo de contingencia” de 375 millones de dólares. Se precisó que Fujimori utilizó ese dinero para beneficio propio y de su familia (los gastos de sus hijos en el exterior) y que reservó el resto para futuras elecciones. Además, se señaló que fingió la venta de un terreno en el pasaje Pinerolo por 669,500 dólares para justificar los gastos en la educación de sus hijos, que según declaró su asesor Vladimiro Montesinos, salía del “fondo de contingencia”. Diversos peritajes contables determinaron que Alberto Fujimori gastó en la educación de sus hijos US$ 354,881, más viajes por US$ 453,600 y alquileres por US$ 109,200. En total 917,681 dólares o 3’211,883.5 soles. Ese monto es superior a lo recibido por la casa de Pinerolo. En tanto, el ex presidente nunca acudió al banco a recoger su sueldo de presidente ni de cesante de la universidad Agraria la Molina.

El Despacho de la Fiscalía de la Nación comunicó a través de una nota de prensa, que el inicio de una investigación a la congresista Keiko Fujimori por el pago de sus estudios en el extranjero, “no tiene ninguna intención política, electoral o de otra índole sino que se registra dentro de los aspectos técnicos jurídicos de la función de la institución”. Luego de recibir la notificación fiscal, Keiko Fujimori ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó que la investigación tiene una intencionalidad política y buscaría afectar el avance del fujimorismo frente a las próximas elecciones generales.

El presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein pidió a la doctora Echaíz tener cuidado en que la investigación se pueda usar para afectar la carrera política de una candidata presidencial. “Que se investigue con cautela para que las instituciones no terminen siendo instrumento de ánimos políticos”, enfatizó Villa. El titular del Poder Judicial agregó que los hechos atribuidos a los hermanos Fujimori no constituirían enriquecimiento ilícito, sino delito contra el patrimonio, sancionado con 4 años de cárcel, por lo que habrían prescrito. Sin embargo, la resolución fiscal Nº 108-2010 indica que se investiga a los hermanos Fujimori por enriquecimiento ilícito, delito que recibe una pena máxima de 10 años de cárcel, por lo que prescribe después de 25 años. Por su parte, el premier Javier Velásquez Quesquén consideró un “exceso” que el Ministerio Público haya reabierto la investigación sobre el financiamiento de los estudios universitarios en el extranjero de la legisladora Keiko Fujimori y de sus tres hermanos. “No me consta que (la Fiscalía) tenga una intencionalidad política y tengo el mayor respeto por la fiscal de la Nación (Gladys Echaíz), pero me parece un exceso que después de 10 años se reabra una investigación”, aseguró el primer ministro.

La fiscal de la Nación respondió a las declaraciones del primer ministro al sostener que “Keiko Fujimori nunca fue investigada por enriquecimiento ilícito. No se reabre ningún caso, esta será la primera vez que es investigada en forma preliminar, lo que no es igual a ser denunciada”. “No se puede interferir o tratar de coaccionar a la fiscal de la Nación para que no realice una investigación; tenemos la responsabilidad de conducir una institución y una visión institucional clara de ser confiables y hemos trabajado bastante en ello”, enfatizó. La fiscal de la Nación recordó que Keiko Fujimori Higuchi fue investigada en ocho ocasiones por otros delitos, que fueron archivados, y ella nunca se quejó de una injerencia política. Echaíz señaló que “el Ministerio Público sólo puede ser considerado enemigo por quienes han infringido la ley, porque lo único que hacen los fiscales es buscar la verdad y en base a esa verdad postular un caso ante el Poder Judicial, que es finalmente el que decide”. Enfatizó que es peligroso para el Estado de derecho que se pretenda que haya un grupo de ciudadanos que no podrían ser investigados en época electoral.

Respecto a la labor de la congresista Keiko Fujimori en los cuatro años de labor parlamentaria, cabe resaltar que presentó sólo 17 proyectos de ley de los cuales sólo fueron aprobados 5. Tiene un record de más de 400 inasistencias y un registro de 223 días fuera del país. Asimismo, habría cobrado por su labor aproximadamente un millón de soles.

Nota aparte: El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró fundada la tacha contra Álex Kouri por no haber vivido dos años seguidos en la jurisdicción por la cual postular. La apelación quedaría en manos del JNE, y en caso la tacha sea declarada fundada por el JNE el lugar de Kouri sería asumido por la candidata a teniente alcaldesa, Yvonne Frayssinet. Adicionalmente existe otra tacha infundada en primera instancia y después declarada fundada en parte por el JNE debido a irregularidades en la elección interna en el partido Cambio Radical.

Mariana Olcese