En esta crónica semanal del 18 al 24 de julio tenemos el regreso a fojas cero de la investigación sobre el financiamiento de los estudios de los hijos de Alberto Fujimori en Estados Unidos y los resultados de la ultima encuesta publicada respecto a los candidatos a la Alcaldía de Lima.

La investigación sobre el origen del financiamiento de los estudios de Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi Fujimori en los Estados Unidos volvió a fojas cero con la decisión del fiscal Jaime Schwartz Azpur y del fiscal superior Jorge Cortez Pineda de enviar el expediente al despacho de la Fiscal de la Nación debido a una supuesta falta de pruebas. Al fiscal Schwartz se le encargó determinar si existía mérito para abrir investigación penal contra Keiko Fujimori y sus hermanos como cómplices de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Con el visto bueno de Cortéz Pineda, Schwartz archivó la investigación y derivó a la Fiscal de la Nación el expediente para que se pronuncie sobre el caso de complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito, pasando por alto las conclusiones del informe de los peritos de la Contraloría General de la República que detectaron que el ex presidente Alberto Fujimori gastó US$ 1 millón 225 mil por los estudios de sus hijos en los Estados Unidos. El ex mandatario no pudo haber financiado dicho monto con sus propios ingresos porque durante su mandato no cobró ni un centavo de los US$ 80 mil que le correspondió como sueldo, de acuerdo con informe de los abogados Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar García, del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes hicieron una evaluación del expediente del Ministerio Público sobre el caso y actualizaron los datos. Con esta maniobra, el caso de los estudios de Keiko Fujimori y sus hermanos ha retornado a manos de la Fiscal de la Nación, de donde salió originalmente hace casi nueve años.

El 30 de octubre de 2001 fue la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, quien dispuso investigar a Fujimori por enriquecimiento ilícito señalando como caso relevante el financiamiento de los estudios de sus hijos. Incluso se le abrió juicio a Fujimori, pero como este no fue extraditado de Chile por el delito de enriquecimiento ilícito el proceso se estancó. Esta circunstancia fue usada como argumento por el fiscal Schwartz para retornar el expediente al despacho de la Fiscal de la Nación. Respecto a estos fondos, Keiko Fujimori ha dado distintas versiones sobre el origen de los fondos que usó para sufragar sus estudios y los de sus hermanos. No obstante, Schwartz desestimó la investigación penal afirmando que esta versión fue investigada y archivada por la Tercera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, lo que es cierto, pero en el 2001. Por el contrario, el procurador del Caso Fujimori-Montesinos, Pedro Gamarra, señaló que sí existen elementos para investigar a Keiko y sus hermanos como cómplices de peculado.

El 10 de enero del 2001, Keiko Fujimori declaró ante la Comisión Waisman que su padre le entregaba en efectivo, y en Palacio de Gobierno, el dinero para costear sus estudios y los de sus hermanos en Estados Unidos. Luego diría que los fondos salieron de la venta de un inmueble que hizo su progenitor. Pero está probado que el dinero lo recibieron Keiko e Hiro cuando ya habían concluido sus estudios. En el caso de Sachi, la plata que le correspondía la depositó en el Citibank, no lo destinó al pago de la universidad. Y en cuanto a Kenyi, el monto que le tocó, supuestamente para sufragar su carrera, terminó en una cuenta de su tío Víctor Aritomi Shinto. Adicionalmente, están las declaraciones de Vladimiro Montesinos, quien manifestó ante la fiscal Gladys Echaíz que se usaron fondos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para pagar las universidades de sus hijos en los Estados Unidos. Cabe resaltar que el fiscal Jaime Schwartz ni siquiera interrogó a Keiko Fujimori, según consta en la resolución que firma sobre el caso.

La encuesta de julio del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica (IOP PUCP) le da a Lourdes Flores un 37% de intención de voto para la Municipalidad de Lima Metropolitana, frente a un 22% de Alex Kouri. La encuesta elaborada en Lima Metropolitana evidencia una disminución de 1% en el caso de Lourdes Flores y Alex Kouri, pero ello –según Fernando Tuesta, director ejecutivo del IOP PUCP– se diluye dentro del margen de error de la encuesta. Tuesta comentó que el sondeo se realizó luego de que los candidatos presentaron su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, y eso permitió que se incluyan nombres de los 12 candidatos; sin embargo, ello no ha significado mayores movimientos en los números respecto a los resultados de la encuesta de junio. El posicionamiento de Lourdes Flores en el primer lugar de la intención de voto se vería reforzado por el reconocimiento de su experiencia política (en un 30%), ser buena líderesa (en un 27%), además de tener objetivos y metas claras (en un 20%). En el caso de Kouri, los encuestados señalan que tiene experiencia política (33%), experiencia en gestión y administración (19%) y ser un buen líder (17%). Para julio, el voto duro –o quienes invariablemente votarían por ella- de la candidata del PPC se mantiene estable. El “definitivamente votaría por ella” avanzó de 28% a 29%, la posición de quienes lo están pensando bajó de 32% a 30% y quienes de ninguna manera votarían por ella se mantiene en 34%. El voto duro de Alex Kouri, por el contrario, no le ha sido favorable. “Definitivamente votarían por él” se ubica en 15% (ha perdido el 12% de los votos fieles en comparación con junio), “podrían votar por él” se ubica en 28% y “de ninguna manera votaría por él” se ubica en 48%. Esto representa un 11% más de rechazo frente a la cifra registrada por las encuestas en junio.

Respecto a la campaña electoral, cabe resaltar que la Contraloría informó que se denunció a más de 400 funcionarios públicos que usaron bienes y recursos del Estado con fines electorales. Las irregularidades están relacionadas con el uso de vehículos, locales, teléfonos, servicios de Internet y hasta del personal de las oficinas en las campañas electorales; y también con la colocación de paneles con nombres y fotos de candidatos promocionando obras públicas. En estos casos, le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplicar las sanciones correspondientes, que contemplan multas de 30 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (de S/.108 mil a S/.360 mil), suspensión del cargo y penas de cárcel de hasta ocho años. Los casos se detectaron desde el pasado 30 de enero, cuando se convocó a los comicios del 3 de octubre. Asimismo, el día jueves 22 de julio se realizó la primera reunión con los voceros de los postulantes a la Alcaldía de Lima, convocada por la asociación civil Transparencia, para discutir la posibilidad de organizar uno o más debates electorales. En dicha reunión se acordó que los 11 candidatos a la Alcaldía de Lima participarán en al menos un debate organizado por Transparencia. Adicionalmente, el diario El Comercio anunció que los siete candidatos con mayor preferencia electoral habrían accedido a participar en un debate organizado por dicho diario el día 20 de agosto a las 7 de la noche, y donde se abordarían los temas de transporte, seguridad ciudadana, caos urbano, y saneamiento y medio ambiente.

Mariana Olcese