El próximo mes se cumplirá un año del baguazo, aquel enfrentamiento en el departamento de Amazonas por la explotación de recursos naturales que dejó más de 30 muertos entre policías y protestantes. A pesar del tiempo transcurrido, la batalla por una interpretación fidedigna de los hechos no tiene visos de terminar. A comienzos del año, la comisión investigadora convocada por el Ejecutivo presentó un informe final suscrito por sólo tres de sus cinco integrantes. En abril, los otros dos comisionados -Jesús Manacés y Carmen Gómez- dieron su propia versión de los hechos en un informe minoritario calificado por el politólogo Martín Tanaka como imprescindible.

El Congreso, por su parte, decidió formar su propia comisión investigadora, presidida por Güido Lombardi (Unidad Nacional).

Los resultados presentados por esta comisión -un informe en mayoría y tres informes en minoría- son fiel reflejo de la fragmentación y la debilidad operativa de nuestro actual congreso. El informe en mayoría ha sido suscrito por los congresistas Martha Moyano (Grupo Parlamentario Fujimorista), Juan Perry (Alianza Nacional) y Eduardo Espinoza (UPP). El primer informe en minoría proviene de los congresistas apristas Luis Falla Lamadrid y Wilder Calderón, mientras que Güido Lombardi ha presentado su propio informe en la más absoluta soledad, lo mismo que el legislador nacionalista por Loreto, Víctor Isla.

El informe de este último acusa al presidente Alan García y a la ex Ministra del Interior Mercedes Cabanillas de homicidio culposo. Güido Lombardi, por su parte, acusa a Cabanillas de haber demostrado “incapacidad absoluta” en el manejo del conflicto. Lombardi cita las declaraciones de Cabanillas de aquel fatídico 5 de junio afirmando que la situación estaba “controlada”. La pasividad de Cabanillas antes y durante los sucesos demostraría una grave falta frente a la responsabilidad que le correspondía en su función de Ministra del Interior.

Lombardi critica que Cabanillas habría intentado desentenderse del problemas al decir que a ella no le correspondía intervenir en asuntos operativos. Lombardi recomienda que el Congreso evalúe denunciar a Cabanillas por infracción constitucional. Además, propone investigaciones contra Mercedes Aráoz (ex Ministra de Comercio Exterior), Yehude Simon (ex Primer Ministro) y Octavio Salazar (ex Director General de la Policía Nacional y ahora Ministro del Interior).

La acusación contra Mercedes Aráoz se fundamentaría en su incumplimiento con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Perú ha suscrito este contrato (“Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”) y, por lo tanto, está legalmente obligado a cumplir sus estipulaciones. En su capítulo sexto, el convenio afirma que los gobiernos deberán:

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (fuente: presione aquí).

El decreto ley 1090 -derogado por el Congreso después de la masacre- disponía, entre otras cosas, la explotación económica de áreas forestales protegidas siempre y cuando se trate de proyectos de “interés nacional” (fuente: presione aquí). Queda claro, entonces, que el decreto ley habría requerido la consulta de los pueblos indígenas de acuerdo a lo dispuesto en el convenio de la OIT.

En entrevista reciente del diario La República, Mercedes Aráoz rechaza tener responsabilidad ministerial puesto que el mencionado decreto fue elaborado por el Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, admite haber tenido “responsabilidad política” por los hechos de Bagua como integrante del Poder Ejecutivo y al haber defendido el decreto 1090 como una pieza fundamental dentro de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. (ver también la entrevista a Aráoz de la revista Poder).

El caso de Mercedes Cabanillas es más grave. Luego de la masacre, ella ha pretendido deshacerse de cualquier responsabilidad afirmando que los operativos estuvieron a cargo de la policía. En un sentido estrictamente técnico, la afirmación de Cabanillas es cierta. Como Ministra del Interior, ella no tiene competencia para diseñar operativos ni para decidir cuestiones de orden táctico. La Polícia Nacional, sin embargo, está sujeta al control y a la dirección del Ministro del Interior. El Informe en Minoría de Jesús Manacés y Carmen Gómez lo señala con claridad al afirmar que “la PNP (…) tiene el principio de jerarquía y subordinación como fundamento institucional” (pág. 53 del informe).

El operativo policial en la Curva del Diablo fue de una magnitud mayor. Su propósito fue reprimir una conflicto social que no era nuevo ni tampoco imprevisto. Frente a esta constelación, la negativa de Cabanillas de asumir responsabilidad por los hechos de Bagua constituye un grave error. Nótese que Cabanillas no ha dicho que fue mal informada por la policía o que ejecutaron órdenes sin su conocimiento o consentimiento. Cabanillas sostiene que este tipo de decisiones no le correspondían. Como ilustración está la entrevista ofrecida al diario La República el 11 de junio del 2009 (fuente: presione aquí):

¿Cuándo decide realizar el operativo en la Curva del Diablo?
No lo decidí yo, lo decidió el comando policial.

¿La orden fue de usted o del presidente de la República?
De ninguno de los dos.

¿El alto mando policial decidió por iniciativa propia?
Sí.

¿La sorprendieron?
La Policía hace lo correcto.

Con su aprobación…
No requiere mi aprobación. Simplemente me comunica. Si usted quiere, entreviste al director general de la Policía Sánchez Farfán.

Hagamos un pequeño resumen: El 5 de junio se cumple un año desde el Baguazo. El Congreso ha producido una comisión investigadora y cuatro informes finales. Una comisión investigadora anterior, convocada por el Ejecutivo, produjo dos informes finales, de los cuales aquel escrito en minoría reviste el mayor valor a decir del politólogo Martín Tanaka. Sin embargo, el mismo Tanaka sostiene que hace falta acumular más evidencia para entender las causas del Baguazo y establecer las responsabilidades de los actores involucrados.

Los nuevos informes del Congreso han ayudado a poner el tema nuevamente sobre el tapete y señalar las responsabilidades de algunos actores en los hechos, pero al mismo tiempo revelan la incapacidad de lograr un consenso básico sobre el tema. Hace falta, entonces, una investigación rigurosa y detallada, a cargo de profesionales (estos pueden ser sociólogos, politólogos, juristas), que nos ayude a entender lo que pasó para que no se repita.

Por Bernd Krehoff