Crónica semanal (25 de abril al 1 de mayo)

Mariana Olcese

En esta crónica semanal del 25 de abril al 1 de mayo tenemos un repaso de las acusaciones de corrupción que están sacudiendo al partido de gobierno.

El audio de la conversación entre Alberto Quimper y el presidente de Perú-Petro, Daniel Saba, difundido en el programa “Prensa Libre”, generó reacciones encontradas entre los principales líderes apristas. En el diálogo, Quimper manifiesta que el entonces primer ministro Jorge Del Castillo trataba de favorecer a la empresa Petrolera Monterrico, a pedido de Julio Vera Gutiérrez, para que esta obtuviera una rebaja de regalías. Este beneficio habría sido impulsado en el Congreso a través de un proyecto de ley presentado por el aprista José Carrasco Távara.

Jorge del Castillo dijo que pudo haber conversado con Alberto Quimper sobre un expediente que su amigo [como él mismo lo llamó], el empresario Julio Vera Gutiérrez, había presentado para acogerse a los beneficios de la Ley 28109. Sin embargo, negó haber hecho un lobby para favorecerlo. “El señor Vera Gutiérrez me expresó su queja, como he recibido las de cientos de empresarios, que en marzo del 2007 había presentado un expediente y que pasó un año y ni para atrás ni para adelante. Me encontré con el señor Quimper, estaba hablando de otra cosa y yo le pude haber dicho que el señor Vera se queja, y de esto quieren deducir que es un lobby”. El ex primer ministro indicó que hasta la fecha ese expediente no ha sido resuelto. Sobre el proyecto de ley que presentó José Carrasco Távara y que beneficiaba, entre otras, a la empresa petrolera de Vera, recalcó que cuando él era titular de la PCM ese texto recibió una opinión en contra del Ejecutivo. En relación con el inmueble que permutó con el empresario Vera, señaló que sí había equivalencia de precios entre ambos.

El audio de la conversación telefónica entre Alberto Quimper y Daniel Saba que presentó el programa “Prensa Libre” estaba en poder de la jueza María Martínez desde el 17 de setiembre del 2009. La grabación formaba parte de un lote de 110 “petroaudios” que fueron hallados en poder de Elías Ponce Feijóo. Lo extraño es que la magistrada no comunicó este hallazgo al juez Jorge Barreto ni a la fiscal Juana Meza Peña que investigan el caso “Petroaudios”. Tampoco informó a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ya que Alberto Quimper alude en el diálogo al congresista Jorge Del Castillo. El fiscal Walter Milla, que participa en la investigación a Business Track (BTR), solicitó a la jueza Martínez que transfiera la información al juez Barreto que conduce el proceso “Petroaudios”, pero la magistrada rechazó el pedido. Las fuentes indican que en una oportunidad, ante la insistencia de Milla, la jueza le habría respondido que no se meta en un caso que no es de su incumbencia. Luego de advertir que el “petroaudio” Químper-Saba que difundió en “Prensa Libre” era el mismo que se encontró el 19 de setiembre, el fiscal Walter Milla solicitó a la Fiscalía de Control Interno investigar si la grabación salió del despacho de la jueza Martínez o si los espías de BTR guardan copias. También se indagará por qué la jueza ocultó abundante evidencia sobre negociados en la licitación de los lotes petroleros.

El Ministerio Público, a través de una fiscalía suprema adjunta, abrió investigación preliminar al ex titular del Consejo de Ministros por, presuntamente, haber ayudado a la Petrolera Monterrico con un proyecto de ley en un tema de rebaja de regalías. Entre las diligencias está previsto que se cite a Alberto Quimper y al presidente de Perú-Petro, Daniel Saba, personajes a quienes en el ‘petroaudio’ se les escucha conversando sobre Del Castillo y la Petrolera Monterrico. Cabe resaltar que, a inicios de marzo, la Primera Fiscalía contra la Criminalidad Organizada había decidido no investigar al legislador por el caso de los ‘petroaudios’.

El jueves pasado Del Castillo fue denunciado constitucionalmente por la presunta infracción a la Carta Política y la comisión de los delitos de cohecho activo y pasivo, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cometidos en el ejercicio de su función como presidente del Consejo de Ministros en el caso de BTR. “Ante la gravedad de la infracción cometida —dice el documento— se solicita que se sancione al denunciado con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”. Todo surge a propósito de las declaraciones de la ex analista de BTR Giselle Giannotti, quien en diferentes medios de prensa ha señalado que existen varios audios incautados a BTR que han sido adulterados, en los que se coloca en situación complicada al ex ministro de Salud Hernán Garrido Lecca y a Jorge Del Castillo.

Jorge Del Castillo reconoció haber tenido una conversación con Quimper, presentada en el programa “Panorama” el domingo pasado, sobre un pedido para que Petrolera Monterrico se acogiera a los beneficios de una ley que reducía el porcentaje de regalías por pagar. Sin embargo, Del Castillo negó que haya conflicto de intereses al haber intercedido. “Si una persona viene y se queja, ¿qué tiene de malo preguntar? Todos los ministros recibimos quejas”, indicó y negó haber influido en la decisión de Perú-Petro que permitió que Petrolera Monterrico se acogiera a los beneficios. Sobre este punto, la ministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, justificó ese tipo de gestiones al asegurar que los ministros constantemente reciben estos pedidos. “A mí varias veces me llaman [empresarios] y yo puedo también pedir que aceleren un proceso”, dijo la ministra en entrevista a RPP. “Se me han acercado empresas privadas y dicen “tenemos un problema; por favor, resuélvalo”. Yo lo único que digo a mis funcionarios es: “Señores, no demoren, tengan serenidad y tomen la decisión que corresponde a la ley””, precisó Aráoz. Del Castillo acusó la existencia de “una campaña de pretendida demolición” en su contra.

El director ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Omar Quesada, dejó su cargo luego de que el presidente Alan García aceptara su renuncia y de que se revelara que funcionarios de su institución concedieron irregularmente 30 hectáreas de terreno al sur de Lima a un presunto traficante de tierras. Estas hectáreas de tierra fueron vendidas a S/. 4,908.00, cuando su valor de mercado es de US$ 12 millones. A diferencia de otras ocasiones, en las que se han denunciado casos de corrupción, el jefe de Estado no dejó pasar mucho tiempo y, por la tarde, decidió la salida de Quesada, también secretario general del Apra. El mandatario pidió la captura inmediata de los seis funcionarios de Cofopri implicados en este caso para que sean puestos a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. Quesada sostuvo que presentó su renuncia “por dignidad y para que no se manchara mi nombre, el de Cofopri y el del Partido Aprista”. Dijo también que a las 4:30 de la tarde tuvo una conversación con García y que, al finalizar este diálogo, el jefe de Estado le manifestó que aceptaría su dimisión. A pesar de la versión de Quesada, fuentes palaciegas señalan que fue el presidente quien le pidió su dimisión, y que este se vio obligado a aceptar. Horas antes de este desenlace, Quesada ya había admitido que se concedió irregularmente las 30 hectáreas de terreno a Oswaldo Chauca, un personaje a quien se asocia con el tráfico de tierras. Sorprendentemente, el nuevo director de Cofopri sólo cuenta con parte del expediente de la mencionada transferencia de terreno mientras que la Fiscalía y la Policía Anticorrupción sólo han logrado incautar documentación dispersa sobre el caso. Por su parte, el Congreso levantará el secreto bancario a Quesada y a otros funcionarios involucrados en el caso Cofopri.

En medio del contexto político, el congresista Mauricio Mulder afirmó que al interior de su partido existe una crisis que deberá llevar a sus militantes a hacer “deslindes rápidos y precisos”. El subsecretario general de la agrupación, Wilbert Bendezú, comparte esta opinión. “Definitivamente hay crisis. El Apra está herido y vivimos una situación que ojalá, por el bien del partido, se supere. El Apra no puede estar encapsulado en un manto de inmoralidad”, señaló al referirse a las recientes acusaciones contra Del Castillo y Quesada por el caso de los “petroaudios” y el tráfico de tierras. Sin embargo, Bendezú celebró la decisión de Del Castillo de acudir a la fiscalía para ponerse a derecho y la actitud de Quesada, quien renunció a la jefatura de la Cofopri tras la denuncia. En tanto, el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, dijo respetar las opiniones de ambos “compañeros”, pero aclaró que no se debe sobreestimular una “turbulencia política”. Por su parte, el presidente García aseguró que no protege a ningún compañero y en conferencia de prensa sostuvo que su partido atraviesa grandes problemas y que espera que se analice la situación dentro del partido para tomar decisiones.

Mariana Olcese

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4 thoughts on “Crónica semanal (25 de abril al 1 de mayo)”

  1. Excelente crónica, me encuentro creando una revista de corte empresarial, que sera lanzada en Trujillo, es una revista gratuita, y me gustaria citar esta entrada, mi pregunta es; hasta que punto puedo usarla sin infringir los derechos de autoria, muchas gracias

  2. Hola Dante,

    No hay problema con citar esta entrada, sólo te pido que por favor pongas los datos correspondientes de la página web. Muchas gracias.

    Saludos,
    Mariana

  3. DENUNCIA CONTRA JORGE DEL CASTILLO GALVEZ

    SINTESIS:
    Sin que la Municipalidad de Lima fuera propietaria JORGE DEL CASTILLO GALVEZ, cuando era Alcalde de Lima, se apoderó de ciento cuarenta y tres lotes de terreno, cada uno de más de mil metros cuadrados, ubicados en el exclusivo distrito de La Molina. Cada uno de estos lotes vale ciento cincuenta mil dólares. Entre los beneficiarios figuran: FLOR DE MARIA REYES TORRES, su primera esposa; GENARO RAMON VELEZ CASTRO, actual Presidente del FONAFE; DIONISIO LUQUE FREYRE, Past Jefe del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Los “beneficiarios” vienen “traspasando sus derechos” en perjuicio de los verdaderos propietarios.
    Respecto a la adjudicación que hizo JORGE DEL CASTILLO a la madre de sus primeros hijos, es de destacar que se hizo bajo la premisa que ella (posiblemente en compañía de su esposo e hijos) vivía desde 1980 en el Lote 1 Manzana I de la urbanización Los Huertos de La Molina. Sin embargo, tal como se puede verificar, ese terreno nunca tuvo edificación alguna, salvo que se refiera a alguna choza que luego fue retirada. ¿Dónde y en que condiciones vivía la familia Del Castillo – Reyes entre 1980 y 1983? Del Castillo pregunta: “quien pide que las coimas se depositen en su cuenta corriente”; nosotros preguntaríamos ¿Quién pone un terreno obtenido dolosamente a nombre de la madre de sus hijos? La respuesta una persona soberbia y sin escrúpulos. El segundo supuesto para la adjudicación gratuita que le hizo DEL CASTILLO a su esposa es que, ella era asociada de la asociación de Vivienda Los Huertos de la Molina, pues se ha demostrado judicialmente que la Señora Reyes NUNCA fue socia de esa institución. Peor aún la señora Reyes nunca hizo el pedido, nunca se lo solicito a la Municipalidad ni al Alcalde que era su esposo, el pedido lo hicieron alrededor de 180 personas, y cuando salió la resolución de beneficiarios aparecieron 326, esas 150 personas más son testaferros y personas cercanas a JORGE DEL CASTILLO, entre ellos su EX ESPOSA FLOR DE MARIA REYES TORRES. LA ADJUDICACION FUE POR ESCRITURA PUBLICA.
    HECHOS:
    1. Por Acuerdo de Concejo Nº 323-86, la Municipalidad de Lima autorizó a su Alcalde a expedir títulos de propiedad a sólo 180 personas, quienes debían reunir la doble condición de a) asociados de la Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; y, b) Posesionarios desde 1980. Estas personas fueron previamente identificadas en dos inspecciones oculares.

    2. So pretexto de dar cumplimiento a ese Acuerdo, JORGE DEL CASTILLO GALVEZ título a 143 personas adicionales, ajenas que no reunían las condiciones dispuestas en el Acuerdo 323-86. “La gente de DEL CASTILLO” ni siquiera había solicitado esas adjudicaciones, no pagaron absolutamente nada a la Municipalidad de Lima ni a la propietaria, Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina.

    3. En algunos casos, estos “beneficiarios” luego “vendieron” sus lotes a personas como:
    3a. JUAN JOSE UCHUYA MAURTUA, quien ha edificado una mansión valorizada en más de setecientos mil dólares. Sobre el particular es importante indicar que la Urbanización no cuenta con obras de habilitación urbana terminadas, lo que impide el acceso a créditos hipotecarios ¿Cómo financió esa edificación?. Este sujeto fue durante la alcaldía de DEL CASTILLO concejal y el jefe de asuntos legales de la Municipalidad de Lima. El tenia a cargo el expediente de adjudicación y ahora aparece viviendo en la Urbanización por haberle “comprado a un adjudicatario de la municipalidad”
    3b. CARLOS NAVAS RONDON ex Fiscal Superior Adjunto, (NO RATIFICADO), quien emitió acusación sustantiva contra los verdaderos propietarios, (absueltos) hoy VOCAL de CONSUCODE.
    3c. FIDEL RAMIREZ Rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez.
    4. Estas personas han formado la denominada Asociación de Propietarios de la Urbanización Los Huertos de La Molina, presidida por JOSE PABLO CASTRO MOTA (Pasta Abogado del condenado por Narcotráfico apelado VATICANO), quienes han generado un ghetto. Pese a que existen dos sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, impiden el ingreso de los verdaderos propietarios, y de la Fiscalía.

    5. Si bien la Municipalidad de Lima, fue engañada al emitir el Acuerdo de Concejo Nº 323-86; pues, no se citó a la Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina; al apersonarse ésta, demostró que ninguno de los beneficiarios era asociado de su institución y que tampoco estaban en posesión desde 1980. JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ, hizo caso omiso a la nueva documentación; y, pese a una Sentencia Constitucional de Acción de Amparo, procedió a extender títulos a 326 personas que no eran asociados ni posesionarios. La Sentencia Constitucional quedó luego ejecutoriada; y, de otra parte, la Corte Suprema determinó que la persona que había inscrito a esos seudo asociados nunca tuvo facultades para “inscribir asociados” a la Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina.

    6. Estas personas, continúan utilizando las Escrituras Públicas que les entregó JORGE DEL CASTILLO GALVEZ; Y, AÚN HOY EN DÍA VIENEN “Vendiendo” esos lotes a sumas millonarias. Lograron una inscripción fraudulenta en Registros Públicos, por lo que el Ministro de Justicia del Perú en el año 2002, ordenó al Procurador Público los denuncie por Corrupción de Funcionarios y delito Contra la fe Pública, pero nada se ha hecho.

    7. Otros han acudido a COFOPRI para que los titule, bajo el falso dicho que están en posesión desde hace mas de diez años, uno de ellos Genaro Ramón Vélez Castro es el Presidente de FONAFE.
    PRUEBAS:
    A) Copia del Testimonio de la Escritura Pública otorgada por la Municipalidad de Lima, representada por JORGE DEL CASTILLO GALVEZ a su ex esposa FLOR DE MARIA REYES TORRES, EL QUE VAN INSERTAS: La Resolución Ministerial Nº 0117-80-VC-5600, la Resolución de Alcaldía Nº 1229-85, El Acuerdo de Concejo Nº 323-86, la Resolución de Concejo Nº 054-88, la Resolución de Alcaldía 571-89.
    B) Copia de la Partida de Matrimonio entre JORGE DEL CASTILLO GALVEZ y FLOR DE MARIA REYES TORRES.
    C) Copia de las inspecciones citadas en el Acuerdo de Concejo Nº 323-86.
    D) Copia del “Anexo” aprobado por la Resolución de Alcaldía Nº 571-89.
    E) Cotejo realizado por Registros Públicos en mérito a mandato judicial.
    F) Copia del seudo Padrón, con el que se adulteró el título registral de constitución de la Asociación de Vivienda Los Huertos de La Molina.
    G) Copia del seudo padrón, con el que se sustituyó el presentado al Ministerio de Vivienda y Construcción.
    H) Copia de la Pericia Grafo técnica, elaborada por mandato de la Segunda Fiscalía Mixta de La Molina.
    I) Copia de la Pericia Documentoscópica elaborada por mandato de la Segunda Fiscalía Mixta de La Molina.
    J) Copia de la Sentencia Constitucional de Acción de Amparo que, declarando la nulidad de la Resolución de Concejo Nº 054-88, repuso las cosas al estado anterior de su emisión, 23 de junio de 1988, generando la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 571-89 y de las adjudicaciones realizadas por JORGE DEL CASTILLO GALVEZ.
    K) Copia del Levantamiento Catastral realizado por la Municipalidad de La Molina.
    L) Copia de la Resolución Ministerial Nº296-JUS-2002.
    M) Copia del informe al Poder Judicial suscrito por la Superintendente de Bienes Nacionales.
    N) Sentencia del Tribunal Constitucional.
    O) Segunda Sentencia del Tribunal Constitucional.
    P) Copia de solicitud ante COFOPRI presentada por Genaro Ramón Vélez Castro.
    Q) Certificado registral de Directiva vigente.
    R) Cuadro comparativo de las adjudicaciones realizadas por JORGE DEL CASTILLO GALVEZ, con las inspecciones citadas en el Acuerdo de Concejo Nº 323-86.

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