Los petroaudios han pasado a ser una fuente inagotable de escándalos políticos. Han pasado 20 meses desde la divulgación de los primeros audios y aún no hay final a la vista. La semana pasada, la caja de Pandora se volvió a abrir con la aparición de nuevos audios.

Esta vez, el involucrado fue Jorge Del Castillo (entre otros). Su aparición no fue una novedad. Los petroaudios lo obligaron a renunciar como Primer Ministro en octubre del 2008. En aquel entonces, Del Castillo admitió haberse reunido con Fortunato Canaán, el empresario dominicano encargado de hacer valer sus contactos para favorecer a la empresa noruega Discover Petroleum en la concesión de lotes petroleros. Del Castillo reconoció que las reuniones, que se llevaron a cabo en la suite hotelera de Canaán, fueron un error, pero siempre negó haber cometido delito alguno durante estas reuniones.

Esta vez, las acusaciones contra Del Castillo son más serias. En un audio, difundido por el programa televisivo Prensa Libre de Rosa María Palacios, se escucha a Alberto Químper, ex directivo de la empresa estatal PerúPetro, en conversación con Daniel Saba, presidente de la misma entidad. PerúPetro es el organismo estatal encargado de promocionar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. En la conversación, Químper (también conocido como Don Bieto) alega haber conversado con Del Castillo y sostiene que este le pidió “apurar un asunto pendiente en PerúPetro” a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, dueño de la empresa petrolera Monterrico.

El “asunto pendiente” es la ley 28109, promulgada en el año 2003, la cual permite rebajar las regalías para exploraciones petroleras que se realizan frente a las costas de Talara. Monterrico, la empresa de Vera, buscaba acoger uno de sus lotes petroleros (el 15) a esta ley, y para ello había hecho el pedido frente a PerúPetro. Jorge Del Castillo, según la versión de Químper, habría buscado hacer valer su peso político para presionar a favor de la aprobación del pedido.

La otra acusación involucra al congresista aprista José Carrasco Távara. Se trata de otro audio, el cual registra una conversación entre Químper y Miguel Atala, vicepresidente de la empresa estatal petrolera PetroPerú (no confundir con PerúPetro). En aquella conversación, Químper habla confusamente de una “lobby en el Congreso” que se habría montado “contratando” al legislador Carrasco Távara “para que se haga una ley ordenando que se prorrogue a cambio de nada”. Lo cierto es que el mencionado congresista presentó un proyecto de ley para que la rebaja de regalías contemplada en la ley 28109 se aplique no solamente a las exploraciones nuevas, sino también a los pozos de explotación que ya están en operación.

Lo cierto es que ninguna de las dos movidas tuvo éxito. Tal como indica la revista Caretas en su última edición, el proyecto de ley de Carrasco Távara fue rechazado en la Comisión de Energía y Minas en mayo del 2008. PerúPetro, en cambio, aprobó el pedido de la empresa Monterrico para acogerse a la ley 28109, pero recién a fines de junio del 2009. Sin embargo, faltaba el visto bueno del Ministerio de Energía y Minas para que Monterrico pudiera acceder a los beneficios. Dos meses después, en agosto del 2009, PerúPetro remitió el asunto al Ministerio, pero éste nunca dio luz verde.

Del Castillo ha admitido que tiene una buena relación con el empresario Vera Gutiérrez, pero niega haber buscado favorecer a la empresa Monterrico de alguna forma. Según el programa de televisión Panorama, Del Castillo se habría beneficiado financieramente de Vera Gutiérrez mediante un intercambio inmobilario cuando Del Castillo era Primer Ministro. Según Panorama, el beneficio se da porque el inmueble de la famila Del Castillo, localizado en Surco, habría valido mucho menos que el departamento ofrecido por Vera Gutiérrez a cambio, en el exclusivo distrito de San Isidro. Dado que la transacción ocurrió en los primeros meses del año 2008, existe al menos una cercanía temporal con las supuestas gestiones hechas por el entonces Primer Ministro a favor de la empresa de Vera Gutiérrez.

Pero Caretas ha señalado que el negocio inmobiliario se remonta a mucho antes (enero del 2007), cuando la esposa de Del Castillo firma un compromiso de compra para la casa de Vera Gutiérrez y le paga a este diez mil dólares como adelanto. Según Caretas, la intención de la familia Del Castillo era vender su departamento de Surco para comprar el de San Isidro, pero como no consiguen lo primero acuerdan intercambiar los domicilios. En entrevista con Del Castillo, Cayetana Aljovín, conductora de Panorama, le reprochó a Del Castillo que el intercambio tuvo que haber beneficiado a este último al cambiar Surco por San Isidro. Del Castillo lo negó diciendo que su departamento era “de estreno” mientras que el de San Isidro tenía 25 años de antigüedad.

En los días siguientes a la difusión de estas noticias, los medios de comunicación y una parte importante del entorno aprista se posicionaron en contra de Jorge Del Castillo. El periodista Augusto Álvarez Rodrich, en su columna del diario La República, le recomendó a Del Castillo mantenerse como congresista “para conservar la inmunidad que lo proteja de acabar en su San Tocayo [iel penal San Jorge] durante el lustro siguiente.” En su blog Desde el Tercer Piso, José Alejandro Godoy escribe sobre Del Castillo:

Quizás penalmente su situación no sea tan compleja (todavía), pero políticamente parece que su sueño de candidatura presidencial está más que complicado.

El daño a la reputación del ex Primero Ministro es innegable, por más que ninguna de las evidencias reveladas hasta ahora representen un claro indicio de corrupción. Contrariamente a lo que sostiene Caretas, el presidente puede haber tenido algo de razón cuando comentó el caso Del Castillo diciendo que “la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo”. Del Castillo no es un político novato, ni mucho menos. Él mismo debe saber cuánto vale tener una reputación impecable en política. Por lo mismo, debió haber sido mucho más cuidadoso en su trato con empresarios como Fortunato Canaán o el mismo Vera Gutiérrez.

Pero el caso de los petroaudios también dice mucho sobre la paranoia colectiva que afecta a nuestra sociedad. La sensación imperante es que la corrupción está en todos lados y que la gran excepción es aquel que está libre de polvo y paja. Esto ha llevado a una inversión del principio de inocencia: Todo político bajo sospecha de corrupción es considerado corrupto a no ser que se pruebe lo contrario.

Por Bernd Krehoff