Ojalá que no, pero el interés político parece asomar su rostro pernicioso en un tema técnico del sector telecomunicaciones como la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El año pasado el Poder Ejecutivo adoptó el estándar tecnológico japonés-brasileño para la implementación gradual de la TDT en el Perú. Una comisión de expertos en telecomunicaciones y representantes de las televisoras escogió el estándar entre las opciones estadounidense, europea, japonesa, china y japonesa-brasileña por sus ventajas tecnológicas y comerciales, se decidió que el “apagón analógico” (cuando las televisoras dejarán de transmitir en la actual señal analógica, para hacerlo sólo en la señal digital) para el año 2020 y se acordó el calendario de licitación pública de las frecuencias en la banda UHF para que las televisoras privadas empiecen a transmitir en señal digital, mientras todavía transmiten en señal analógica.

Si ese trabajo tan técnico se desarrolla bastante bien, ¿por qué recientemente el Ministro de Transportes y Comunicaciones se quejó que los bancos aún no otorgan líneas de crédito a las televisoras para la reconversión de sus señales y criticó a las propias televisoras por pretender comprar equipos de transmisión o aparatos decodificadores de señal no-japoneses?, ¿hay algún interés político por cambiar o alterar condiciones o plazos de la implementación gradual de la TDT?

Nuestro pasado nos recuerda bien que lo técnico y lo político son tan opuestos como agua y aceite: en 1921 la dictadura de Augusto Bernardino Leguía había decretado que el correo y los telégrafos eran exclusividad del Estado, pero ese año, extrañamente, otorgó en concesión monopólica por veinte años los servicios telegráficos, cablegráficos y de correos en el país a la empresa estadounidense Marconi’s Wireless Telegraph Company.

Los diarios El Comercio y La Prensa atacaron el contrato y Leguía, para lavarse las manos y librarse del problema, lo envía a la Cámara de Diputados, donde hubieron encendidos debates sobre su aceptación. Finalmente, el Senado lo aprobó, pero la concesión no entraría en vigencia hasta 1924.

De otro lado, en 1987 el gobierno del APRA asignó a la empresa de radiodifusión 1160 la frecuencia del canal 13, la última que quedaba en la banda VHF. La oposición y la prensa criticaron la rapidez con la que se promulgó la resolución suprema que otorgaba esa frecuencia, especialmente, porque en esa época los jerarcas apristas no disimulaban su interés por tener una televisora privada a su disposición.

Precisamente, con tales antecedentes, el ministro debiera tener cuidado que la política no borre con “la mano izquierda” el trabajo técnico bien realizado en este tema con “la mano derecha”. Si queremos gozar de la TDT en el Perú dentro de los lapsos señalados, que así sea.

Nota aparte: debido al alboroto por el decreto de urgencia que formaliza la minería informal en Madre de Dios, pocos peruanos recordaron que el lunes 05 de abril se cumplieron dieciocho años del infame golpe de estado de 1992. “Disolver…”, ¡nunca más!

Por Gian Carlo Orbezo Salas

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