En esta nueva crónica semanal tenemos dos noticias centrales: La salida de Aurelio Pastor de la cartera de Justicia, y la inminente investigación a la congresista Nancy Obregón por supuestos lazos con el narcotráfico.

Alan García ya tenía decidido relevar a Aurelio Pastor de la cartera de Justicia, pero éste habría precipitado su salida al poner en aprietos al gobierno tras denunciar que existían intereses económicos detrás del pedido de su renuncia por parte de los medios de comunicación del Grupo El Comercio. Pastor había formulado su iracunda denuncia contra la familia Miró Quesada a la 1.30 pm, y al promediar las 6 de la tarde, Palacio de Gobierno distribuyó a los periodistas una copia de la resolución suprema por la cual dieron por concluida la permanencia de Pastor en el sector Justicia. La oposición y los mismos apristas exigían a Pastor que honre la promesa que hizo cuando declaró que renunciaría a su cargo si se anulaba el indulto humanitario a José Enrique Crousillat. Luego se puso en el ojo de la tormenta por su vehemencia para defender la validez del expediente del indulto, pese a la decisión presidencial de revocar el indulto tomada cuando el juez César Vásquez Arana, del Segundo Juzgado Anticorrupción, ordenó la captura del indultado por el delito de cohecho pasivo, supuestamente por sobornar a dos funcionarios del Inpe para obtener beneficios carcelarios y para que el expediente del indulto lo favorezca. Pero Pastor, en declaraciones a Radioprogramas del Perú, denunció que la familia Miró Quesada, dueña del grupo El Comercio pedía su renuncia a través de sus medios de comunicación “solamente para defender sus intereses” y desinformaban al país “para mantener una hegemonía de la comunicación y lograr mayores beneficios económicos”. El también legislador aprista fue categórico en señalar que no pensaba renunciar, y que en todo caso sea el presidente García el que tomara la decisión.

La idea del jefe de Estado habría sido relevarlo junto con otros ministros más que hace tiempo piden –conscientemente o no– jubilarse del gabinete. Pero el mini-mitin que improvisó la noche del lunes en la Casa del Pueblo y sus declaraciones contra los Miró Quesada aceleraron las cosas. La mayoría de los apristas bien informados sostiene que el perdedor con esta salida es Jorge del Castillo, su protector de toda la vida. Es posible que el recambio de emergencia en el ministerio de Justicia postergue por un corto tiempo la salida de otros ministros. Pero una recomposición de parte del gabinete se dará en un corto plazo.

Tras jurar como ministro de Justicia, Víctor García Toma aseguró que pondrán todo su esfuerzo para demostrar la legalidad de la resolución que revocó el indulto a José E. Crousillat, e indicó que el Estado capturará al prófugo empresario y le cobrará la reparación civil establecida por el Poder Judicial, que alcanza la suma de ochenta millones de soles. Por lo demás, precisó que el indulto es “cosa cerrada” y ha quedado sin efecto, sin valor legal. Por ello indicó que, a través de su mejor procurador, el Ministerio de Justicia demostrará ante el 50º Juzgado Penal, donde Crousillat presente un hábeas corpus en contra de la revocatoria del indulto, que esa decisión es correcta y se ajusta a la Constitución. Sobre la comisión de indultos que recomendó el beneficio para Crousillat, García Toma dijo que evaluará el trabajo de los funcionarios de esta dependencia y, si es necesario, impulsará reformas normativas porque es interés de su sector recuperar el trato que corresponde a la figura del indulto.

Ya son dos las órdenes de captura en contra de Crousillat. El titular del Segundo Juzgado Penal Especial, César Augusto Vásquez Arana, notificó a la jefatura de la División de la Policía Judicial para que disponga la inmediata ubicación, captura y conducción al local del juzgado del prófugo José Enrique Crousillat López Torres. Esta captura guarda relación con el proceso que se le siguió por delito contra la administración pública en agravio del Estado, en su modalidad de peculado por apropiación, y por el cual fue sentenciado a ocho años de prisión y posteriormente indultado por el presidente Alan García. El oficio tiene la fecha del 15 de marzo, es decir, dos días después de que el jefe del Estado anulara el controvertido indulto que otorgó el 10 de diciembre del año pasado, cuando aún faltaban dos años para que Crousillat cumpliera su condena. El procurador anticorrupción Pedro Gamarra explicó que, al quedar sin efecto el indulto, el Poder Judicial puede disponer que el prófugo retorne a prisión para que cumpla lo que le resta de condena.

Todo parece indicar que el destino elegido por el prófugo José Enrique Crousillat para huir del país es el Ecuador. Al menos, esa es la información que maneja la Dirección de Inteligencia Policial, que ha desplegado una serie de operativos en las ciudades del norte del Perú con el objetivo de capturar al ex broadcaster. Estas acciones policiales están a cargo de la Dirección Territorial de la Policía y de Inteligencia. Asimismo, se informó que para el Ejecutivo la captura de Crousillat tiene carácter de reservado y urgente, al grado que las informaciones que dan cuenta de los operativos realizados y por desarrollarse son remitidas por el director de la PNP, general Miguel Hidalgo, al ministro del Interior, Octavio Salazar, en un sobre cerrado y sin intermediarios.

Mientras tanto, la jueza Doly Roxana Herrera López, que despacha el Juzgado Penal Especial 50 de Lima, admitió a trámite un recurso de hábeas corpus que en nombre de José Enrique Crousillat ha presentado su abogado Jorge Castro contra el presidente de la República, Alan García, por haber dejado sin efecto el indulto presidencial. El propósito de este recurso constitucional es revertir la resolución suprema que dejó sin efecto la gracia presidencial. El abogado argumenta que el indulto tiene calidad de cosa juzgada. Cabe precisar que la jueza admitió la demanda en cumplimiento de las normas vigentes, pero eso no significa que haya sido declarada procedente. Si esta demanda, que también ha sido interpuesta contra el primer ministro Javier Velásquez Quesquén y el ex ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso, es declarada improcedente, el abogado de Crousillat podría apelar y volver a interponerla en una instancia superior hasta llegar al Tribunal Constitucional e incluso a un tribunal supranacional.

En nuestra segunda noticia de esta crónica semanal, tenemos la inminente investigación a la congresista Nancy Obregón por supuestos vínculos con el narcotráfico. Fue su propia bancada, la bancada nacionalista, y el Partido Aprista presentaron quienes presentaron pedidos en tal sentido. En rueda de prensa, la vocera de la bancada nacionalista, Marisol Espinoza, precisó que la cuestionada congresista fue la que promovió la medida. Indicó que el humalismo le reiteró su respaldo, esto pese a que la Fiscalía Antidrogas de Tingo María ha denunciado a la ex pareja de la citada legisladora, Fabio Chávez Peralta; a su madre, Rofina Peralta, y a sus hermanas Carla Isabel y Marleni Rosa Obregón.

El juez mixto de Tocache, Alberto Villanueva Villar, abrió proceso penal con mandato de detención en contra de Fabio Chávez Peralta, ex conviviente de la congresista Nancy Obregón, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, acusado de procesar pasta básica de cocaína en una poza de maceración que fue intervenida en el caserío Santa Rosa de Mishollo (Tocache) el pasado 6 de marzo.