La mala imagen del Poder Judicial no es novedad. En las últimas semanas, sin embargo, la atención se ha volcado hacia un órgano particularmente importante dentro del sistema judicial. Hablamos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre el cual recae la responsabilidad de seleccionar, ratificar y destituir a todos los jueces y fiscales del país. El CNM se vio envuelto en un escándalo de corrupción que llevó a la suspensión del actual proceso de selección.
También trajo consigo un inusitado enfrentamiento público dentro del sistema judicial. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, pidió la renuncia de los actuales integrantes del CNM, pero estos rechazaron el pedido calificándolo como una intromisión a su autonomía constitucional. En los últimos días, las aguas parecen haberse calmado. Pero la pregunta de fondo sigue ahí, intacta: ¿Cómo reformar al CNM?
El Consejo Nacional de la Magistratura se rige por la Constitución de 1994, pero empezó a funcionar ya en 1982 bajo la Constitución de 1979. Desde su creación, el CNM ha adoptado distintas formas, pero su función ha sido siempre la misma: despolitizar el nombramiento y la destitución de jueces. La realidad, sin embargo, fue otra. Durante los años ochenta, el CNM tenía la facultad de proponer jueces y fiscales, pero su nombramiento requería el visto bueno del Presidente de la República.
La Constitución de 1993 se propuso acabar con la injerencia del Poder Ejecutivo, pero las tentaciones autoritarias de Fujimori y Montesinos pesaron más. En 1998, se promulgó la ley 26933 que eliminó la potestad del CNM de destituir a los jueces de la Corte Suprema. Esta ley motivó la valiente renuncia de todos los integrantes del CNM, quienes señalaron que la norma atentaba contra el espíritu de la Constitución al debilitar al CNM.
Con el fin del fujimorismo, el CNM pudo, finalmente, operar independientemente del Poder Ejecutivo. Ello, por supuesto, no fue garantía de una gestión limpia y eficaz. Los escándalos recientes son muestra de ello. Ni siquiera podemos decir que el problema sea intrínsico al Poder Judicial. Cinco de los siete miembros del CNM no provienen del Poder Judicial sino de la sociedad civil: Dos representan a los rectores de las universidades públicas y privadas del Perú, tres representan a los miembros de los colegios profesionales del Perú, y sólo los dos restantes representan a los jueces y fiscales del Perú.
El señor Efraín Anaya, enfermero de profesión, es uno de los representantes actuales de los colegios profesionales. Según un reporte periodístico del diario El Comercio, difundido el 18 de febrero, Anaya habría pedido dinero al fiscal superior Tomás Gálvez Villegas para favorecerlo en el proceso de evaluación. Luego de divulgarse la noticia, Anaya fue separado del proceso de selección y su caso remitido al Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación. A este escándalo se sumó la sospechosa desaprobación del fiscal del caso Fujimori, Avelino Guillén, en el proceso de selección (el cual será repetido).
Hechos como estos han llevado a un debate sobre la conformación del CNM y, en especial, sobre la elección de sus integrantes. En el programa Llanta de Prensa, Fernando Rospigliosi hizo un cálculo pesimista. Según Rospigliosi, los únicos actores capaces de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura son el Congreso y el Ejecutivo, pero ambos no están interesados en tener un CNM inmune a los intereses de actores políticos. En el mismo programa, Nicolás Lynch plantea la alternativa de elegir a los jueces por los propios ciudadanos:
Si no nos vamos al principio democrático o a la elección corporativa vía sociedad civil, ¿qué nos queda? ¿Traer del cielo a los jueces?
El dilema de Lynch se explica con la naturaleza de la corrupción en el Perú. No se trata de un fenónemo aislado, limitado a ciertos sectores como lo son el Congreso o el Poder Judicial, sino de un problema sistémico que afecta a la sociedad entera. Es por ello que la elección de jueces por mandato popular podría resultar en el mismo desastre que ha sido la elección de congresistas.
En Ideele, la revista del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva aboga por mayor transparencia en el proceso de selección de los integrantes del CNM “para saber quién es quién entre los postulantes”. Esto incluiría la posibilidad de presentar tachas, la realización de debates y entrevistas públicas para conocer a los candidatos, así como la participación de todos los grupos de profesionales para que los elegidos sean, realmente, representantes de la sociedad civil y no oscuros traficantes de influencias.
Fuentes:
CNM: ¿Cómo encontrar a los mejores y no morir en el intento? Por Cruz Silva, publicado en Ideele 196 (2009), 30-31.
Para cambiar el CNM. Por José Alejandro Godoy, en Desde el Tercer Piso.
Imagen tomada de: http://www.revistaideele.com