En esta crónica semanal de Perú Político del 21 al 27 de febrero, tenemos dos noticias centrales: El controvertido bono entregado a policías y miembros de las Fuerzas Armadas, y el escándalo que rodeó el proceso de selección de jueces y fiscales.

Desde Palacio, el presidente Alan García anunció que alrededor de 150 mil militares y policías en actividad recibirán, en la planilla de este mes, un bono especial extraordinario de 1,000 soles. Este beneficio alcanza no solo al personal activo (desde comandante y equivalentes hacia abajo), sino que incluye, además, a viudas, deudos y personal que haya pasado al retiro por invalidez durante el combate a la subversión y a la delincuencia. Dicho bono empezó a entregarse a partir del miércoles 24 para los policías y a partir del viernes 26 para los miembros de las Fuerzas Armadas. Según el jefe de Estado, esta asignación extraordinaria se entrega luego de un “minucioso estudio de ejecución del gasto”, que implica el desembolso de 150 millones de soles, que no serán recursos adicionales del Tesoro Público sino que serán financiados con los presupuestos institucionales de los pliegos del Interior y de Defensa. García anunció también el aumento de 100 soles para todo el personal policial y militar activo y pensionistas, que se hará efectivo de manera fraccionada –50 soles en marzo y 50 soles en junio–, de modo que, a partir de julio, el incremento sea definitivo. Indicó que esto demandará un gasto de 300 millones de soles en este año que se suman a los 150 millones de la asignación extraordinaria. El presidente informó, asimismo, que un grupo de trabajo se encargará de proponer una reestructuración global de las remuneraciones de policías y militares. Esta comisión presidida por el primer ministro e integrada por los titulares del Interior, Defensa y Economía, así como por un representante del Acuerdo Nacional, tendrá 180 días para elaborar una propuesta que prevea las posibilidades fiscales de los próximos años “sin caer en excesos ni privilegios”.

Por su parte, el primer vicepresidente de la República, congresista Luis Giampietri, destacó la asignación extraordinaria de mil soles y la calificó como “un acto de sensibilidad por parte del presidente (para) reconocer que este tema es de prioridad. Yo estoy detrás de un tema más permanente, que es el sinceramiento del sueldo”, recalcó.

No obstante, el bono extraordinario de mil soles para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad dejó fuera a 60 mil retirados de las instituciones castrenses y policiales cuyos gremios representativos reclaman equidad. Sus voceros denunciaron que el Decreto de Urgencia Nº 014-2010 solo considera a los retirados por invalidez y a los deudos de los caídos en acción, discriminando a 20 mil efectivos. El presidente de la Coordinadora Nacional de las Fuerzas Armadas, que agrupa a 25 asociaciones de retirados y familiares, el comandante EP (r) Jorge Rivas, refirió que el gobierno tomó represalias contra el sector que más reclama. Rivas refirió además que el decreto del Ejecutivo afecta a la Ley 19846 de Pensiones para Fuerzas Armas y PNP. La norma vigente desde hace más de cuatro décadas establece que los mismos beneficios que recibe el personal en actividad deben alcanzar al sector de efectivos en retiro. El vicealmirante en retiro Francisco Vanstein, de la Alianza por la Reivindicación de FFAA y PNP, protestó porque “el 90% de pensionistas participamos en la derrota militar del terrorismo y dimos un clima de seguridad al país… No se puede decir: ‘Usted debe morir para que su viuda reciba mil soles’. Es inaceptable”.

El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, anunció el lunes que la comisión que atenderá la reestructuración de las remuneraciones y pensiones de los militares y policías podría formular una propuesta en cuatro meses, de no haber desastres naturales en el sur del país. Velásquez se contradijo con el presidente García cuando indicó que el bono de mil soles para militares y policías era producto del recorte de gastos corrientes y no de proyectos de inversión de los sectores Interior y Defensa. El jefe de Estado había dicho el sábado que se dejarían de lado inversiones que se tenían previstas. La ministra de Economía Mercedes Aráoz aseguró que el desembolso de S/.150 millones no afectará el equilibrio fiscal.

Por otra parte, el Sindicato Único de la Policía Peruana (SUPP), organización que el gobierno desconoce, aclaró que el bono extraordinario de mil soles no es ninguna solución a sus demandas de aumento de sueldos y pensiones, reflotamiento de la Caja de Pensiones Militar Policial y lucha contra la corrupción enquistada en la institución, por lo que reafirmaron su intención de participar en la marcha del 4 de marzo y el paro policial del 5 de abril próximos. Ante tal situación, fuentes de inteligencia de la Policía informaron que el ministerio del Interior dispondrá “orden de inamovilidad” a partir del 2 de abril a fin de romper con el paro policial evitando que los agentes no acudan a laborar en sus respectivas delegaciones, como tenían previsto.

Pasamos a la segunda noticia de nuestra crónica semanal. El fiscal Avelino Guillén, quien cumplió un papel decisivo en el juicio a Alberto Fujimori Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, anunció su renuncia al Ministerio Público aduciendo maltrato del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Guillén tomó la drástica decisión de apartarse de una carrera de 30 años en el Ministerio Público porque el CNM lo desaprobó en el examen de elección de fiscales supremo objetando su línea de argumentación en el caso desarrollado. Sin embargo, el tema con el que se le evaluó a Guillén fue nada menos que el caso del video Alberto Kouri-Montesinos, materia que él sustentó ante la Suprema y que ameritó que el Poder Judicial emita sentencia. Además, mencionó que ha participado desde el 2002 en la investigación de numerosos procesos por corrupción en representación de la Fiscalía y que ha obtenido el 98% de sentencias condenatorias. Guillén denunció que hubo un móvil político detrás de su desaprobación como fiscal supremo titular con el objetivo final de que no continúe en el Ministerio Público. Agregó que también existen sectores vinculados a la corrupción que no quieren que él continúe en la Fiscalía. En otro momento, destacó el compromiso de la fiscal de la Nación Gladys Echaíz en la lucha contra la corrupción, y en ese sentido expresó su confianza en que dicha entidad pueda reagruparse y consolidar una posición de lucha contra la corrupción. El fiscal Guillén cuestionó el procedimiento de la evaluación :”Lo cierto es que a las 48 horas de tomado el examen la prueba escrita es incinerada, quedando únicamente el informe del jurista cuya identidad nadie conoce. Es decir, lo puede hacer un abogado que ha litigado conmigo y al final uno termina siendo evaluado por los abogados que ha enfrentado”. También consideró que el concurso conducido por el CNM está siendo llevado a marcha forzada y contra el tiempo, lo que, agregó, puede revelar un apresuramiento y que esto responda a intereses políticos. Recordó que dos consejeros cesan el próximo 28 de febrero, y que inclusive la última ronda de entrevistas está programada para el 26 de febrero. ”Debieron esperar la designación de nuevos consejeros a julio del 2010”

Carlos Mansilla, quien fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura hasta este miércoles, descartó cualquier situación en contra del fiscal Avelino Guillén. Dijo que en lo personal, Guillén le merecía el mejor de los respetos y aprecios como profesional y como persona. Mansilla señaló que, no obstante que no ponía en duda los conocimientos del fiscal, respetaba los resultados de las pruebas. Al contrario, el periodista y director de Ideele-Reporteros, Gustavo Gorriti, sostuvo que el CNM actuó de forma “desvergonzada y cínica” al desaprobar al fiscal Avelino Guillén. Gorriti consideró además que esta desaprobación ha sido “una forma de pasar factura a la ilustre trayectoria de la lucha contra la corrupción en el caso Fujimori que tuvo Avelino Guillén”. El nivel profesional de este magistrado, agregó, no solo se vio en los argumentos textuales que fueron presentados ante tribunales supremos, sino también durante los interrogatorios a los testigos.

El fiscal Avelino Guillén señaló que cuenta con el respaldo de la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y reveló que la máxima representante del Ministerio Público le ha pedido que no renuncie, solicitud que habría evaluado el fin de semana pasado. “A más tardar entre lunes y martes tomaré la decisión”, comentó, agradeciendo el apoyo que le han dado diversas personalidades, como el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y varios magistrados. Por su parte, el premier Javier Velásquez, instó a Guillén a revelar el nombre del presunto líder aprista que presionó ante el CNM para evitar que sea nombrado fiscal supremo. Mientras tanto, el decano del Colegio de Abogados de Lima, José Ñique, refirió que se investigue a profundidad la denuncia del fiscal Guillén, pues la elección de los magistrados debe contar con la mayor transparencia y confiabilidad.

Como respuesta a estos cuestionamientos, el CNM terminó por anular por unanimidad el proceso de selección de jueces y fiscales para garantizar que el proceso sea totalmente transparente. A los cuestionamientos del fiscal Guillén, se suma la denuncia hecha por el diario El Comercio de que el consejero Efraín Anaya, integrante de la Comisión de Selección y Nombramiento que manejó el proceso, habría pedido favores económicos al fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez Villegas para recibir apoyo durante el examen. Asimismo, se tomó la decisión de publicar los exámenes de los postulantes para transparentar el proceso de selección. Frente a la anulación del proceso, el fiscal Guillén sostuvo que no renunciará a la Fiscalía y volverá a postular si es que se dan las condiciones adecuadas para el proceso. Días después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió a todos los integrantes del CNM que renuncien frente a la denuncias de corrupción.

Mariana Olcese