El debate político de la semana ha estado centrado en torno a la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue un bono extraordinario a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El debate ha sido intenso y ha generado divisiones dentro del oficialismo, ya que el bono ha enfrentado al vicepresidente Luis Giampietri con varios miembros del gabinete ministerial. La polémica ha girado en torno a la conveniencia del bono y a la necesidad de mejorar las remuneraciones de los uniformados.
La idea del bono nació en el Congreso. Sin embargo, el proyecto original se encontró con un no rotundo de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Mercedes Aráoz, quien se apuró en anunciar que no había dinero para entregar esa asignación extraordinaria. El gobierno decidió entonces observar el proyecto de ley enviado por el Legislativo. Este regresó a la Comisión de Defensa del Congreso, que aprobó con 13 votos a favor, desestimar los cuestionamientos del Ejecutivo e insistir en su propuesta inicial. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que cuatro legisladores apristas – Mercedes Cabanillas, Édgar Núñez, Luis Giampietri y Luis Negreiros – insistieran en defender la propuesta del Legislativo, enfrentándose de esa manera con el gobierno. Cabanillas aclaró que “nada le impide al Ejecutivo determinar el monto y el plazo” del bono, e insistió que “[n]o hay una camisa de fuerza” en ese sentido. Por el contrario, el ex premier, Jorge del Castillo, calificó la posición de sus colegas de partido como “poco seria” (fuente: Perú.21, 10/02/2010).
Sin embargo, no fue entre apristas que se desató la verdadera batalla mediática. Pese a que Giampietri no había sido el único miembro de la bancada de gobierno en votar a favor del bono, fue en él en quien recayó la artillería de la plana media oficialista. El canciller, José Antonio García Belaúnde, le dijo que más parecía “vicepresidente de la oposición” por contradecir al gabinete. La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, cuestionó la “traición al país y a la confianza del presidente”. La cerrada posición del Ejecutivo la reflejó también el premier Javier Velásquez, quien respaldó al canciller García Belaúnde manifestando que este “ha dicho algo evidente” (Perú. 21, 12/02/2010). Sobre los disidentes Nuñez, Negreiros y, en especial, Cabanillas, ex candidata a la presidencia por el APRA y figura de poder dentro del partido de la estrella, no se pronunció ningún ministro.
Giampietri no se quedó callado y salió a defenderse en Radioprogramas, recordando que él no era solamente vicepresidente y que como legislador tenía “también algunas funciones que hacer” (La República, 14/02/2010). En el fondo, lo que quería decía Giampietri es que por ser vicepresidente y, por lo tanto, parte del Ejecutivo cuando se ausenta el presidente, no se debía esperar de él que estuviera siempre alineado con las posiciones del gobierno. El era también congresista y en el régimen peruano existía la independencia de poderes y esta debía ser respetada. De paso, Giampietri abrió un debate más profundo sobre la conveniencia de que el vicepresidente pueda ejercer a la vez el cargo de legislador.
Al final, pese a los ataques iniciales de la dirigencia aprista, Giampietri y sus aliados en Alfonso Ugarte se salieron con la suya. Primero, el presidente García salió a desmentir cualquier distanciamiento con el vicepresidente, negó que éste renunciaría y recordó que se saludaban “hasta con besos” (Perú. 21, 15/02/2010). Más importante aún, el gobierno decidió finalmente aprobar un bono de hasta 1000 soles que beneficiará a todos los mienbros en actividad así como a las viudas de los militares y policías caídos en acción y a los efectivos lisiados en combate. El gasto para el Estado sería de 150 millones de soles (El Comercio, 20/02/2010).
Dos hechos con respecto a la discusión de esta semana resultan preocupantes. El primero es que el campo de gobierno – el Ejecutivo y la bancada aprista – ha dado una nueva muestra de falta de cohesion. Las propuestas que se envían desde el Congreso al Ejecutivo con apoyo aprista no son discutidas previamente en una comisión bancada-Ejecutivo. Eso permite que se produzcan este tipo de desencuentros. El segundo hecho que preocupa es la politización de las fuerzas del orden. La forma en que éstas han recurrido a un representante político como Giampietri, que confiesa haber incursionado en la política para defender las posiciones de las Fuerzas Armadas, no es muy distinta de la de otros gremios que también se valen de sus representantes para hacer sentir su peso político. Dicho de otra manera, si Negreiros es el representante gremial de los trabajadores portuarios en el APRA, Giampietri lo es de los militares y policías.
La politización de las demandas de las fuerzas del orden, es un hecho sumamente complejo. De ellas se espera absoluta neutralidad, ya que su función es defender al Estado por encima de cualquier color partidario. En el pasado, las Fuerzas Armadas fueron el partido político de la oligarquía y, hasta hace sólo diez años cogobernaban con Fujimori. Sin embargo, la gran diferencia es que hoy, además de la fuerza, tienen el voto, lo que ha hecho que no estén solamente en el radar de los gobernantes sino también de los aspirantes a gobernar. Si bien en la actualidad sus representantes más poderosos son marinos o militares en retiro como Giampietri o Humala, no se puede descartar que en el futuro cercano políticos civiles entren a competir de manera más enérgica por su voto.
En la medida en que el debate sobre qué hacer con las fuerzas del orden y cómo mejorar sus escalas remunerativas se conduzca por causes responsables y realistas, el voto militar será positivo para la democracia. En cambio, si los políticos deciden hacer demagogia de las carencias de los uniformados, el riesgo para la democracia será grande. La demagogia siempre es nociva pero no siempre es igual de peligrosa.
Ignazio De Ferrari