¿Innovador? A todas luces sí. ¿Pérdida de tiempo? Para muchos es una utopía. ¿Qué es exactamente la Iniciativa Yasuní-ITT que propone el gobierno del Ecuador? Esencialmente es pagarle al Ecuador para que no extraiga el petróleo situado en el subsuelo de una de las áreas más biodiversas del planeta. Es decir, utilizar los mecanismos que nos habrían llevado a la actual situación de crisis climática para evitar mayores daños. Aquí una explicación de una iniciativa que podría abrir un nuevo camino en la adaptación y mitigación al cambio climático en un período de crisis económica.
La Iniciativa aplica al bloque ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) del Parque Nacional Yasuní (PNY), el cual se encuentra ubicado en la región amazónica del Ecuador, bordeando parte de la frontera con el Perú. El PNY cubre una superficie de 9280 kilómetros cuadrados, y en su subsuelo se encuentran aproximadamente 846 millones barriles de petróleo crudo que representarían un ingreso de US$ 7,000 millones para el Estado ecuatoriano –considerando un precio de US$ 61.00 por barril-. La riqueza del PNY es aún mayor sobre el suelo: En una sola hectárea del PNY hay tantos árboles y arbustos como existen en toda América del Norte, aproximadamente 680 especies. Se han reconocido 567 especies de aves, 105 especies de anfibios y 83 de reptiles. Adicionalmente, el PNY es hogar de los pueblos indígenas Huorani, Tagaere y Taromenani.
¿Cuál es la idea detrás de la Iniciativa Yasuní-ITT? El objetivo es que el gobierno ecuatoriano mantenga indefinidamente intactas las reservas petroleras ubicadas en el subsuelo del PNY, siempre y cuando la comunidad internacional provea una compensación equivalente como mínimo al 50% de las utilidades obtenidas en caso las reservas sean explotadas. Ecuador sería responsable del dinero restante para completar el 100% de las potenciales utilidades. Cabe resaltar, que, para quienes dudan sobre el destino final -o bolsillo final- de esos fondos, el fideicomiso será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A cambio de la inversión realizada por los miembros de la comunidad internacional, el Estado ecuatoriano emitirá Certificados de Garantía Yasuní (CGY), que corresponde a toneladas métricas del dióxido de carbono no emitido por la no explotación. Este CGY no genera intereses y no caduca, pero se haría efectivo en caso el Estado ecuatoriano decide iniciar la explotación de las reservas petroleras del bloque ITT. Cabe resaltar que se evitaría liberar aproximadamente 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera si las reservas petroleras se mantienen en el subsuelo del PNY.
Esta Iniciativa, lanzada oficialmente en el año 2007, ya ocasionó la reciente salida del Canciller ecuatoriano Fander Falconí, quien era uno de los personajes más cercanos al Presidente Rafael Correa. ¿Cómo una Iniciativa que parece ser una buena y original idea ha podido causar la salida del Canciller Falconí? ¿Podríamos adaptar el modelo Yasuní a nuestro contexto?
De acuerdo con la información oficial de la Iniciativa Yasuní-ITT, este modelo de mantener los combustibles fósiles bajo tierra es aplicable para países que cumplan con tres características:
1. Ser un país en vías de desarrollo, ya que el modelo promueve un desarrollo sustentable.
2. Ser países mega-diversos ubicados entre el Trópico de Cáncer y de Capricornio, donde se concentra la mayor biodiversidad del planeta.
3. Poseer grandes reservas de combustibles fósiles en áreas biológica y culturalmente sensibles.
Nuestro país las cumple a cabalidad, pero como evidencia el caso ecuatoriano, es más difícil poner en práctica este modelo que diseñarlo. Por ejemplo, una de las grandes interrogantes en el caso ecuatoriano: ¿A qué se destina el dinero? ¿Cuáles zonas y poblaciones deberían beneficiarse del dinero invertido por la comunidad internacional? Más aún: ¿Los países más desarrollados y más contaminantes -a lo largo de la historia, no sólo en el momento actual- considerarán viable un modelo que puede verse superado por crisis que obligan a los diferentes Estados que han recibido dinero a explotar sus reservas naturales? Y si esto llegara a suceder, ¿llegarían a pagarse los certificados emitidos que podrán ser cobrados a partir de la explotación de los combustibles fósiles que se aseguró serían mantenidos bajo suelo?
En el caso ecuatoriano, la salida del Canciller Fander Falconí respondió a las severas críticas del presidente Correa hacia las condiciones que se habían negociado con las partes que suscribirían el acuerdo para suplementar el dinero que aportaría el Estado del Ecuador, ya que el Canciller fungía de cabeza de la comisión negociadora. Las críticas se referían específicamente los términos en los que las partes inversoras podían participar en las decisiones sobre el destino de los fondos entregados y, en consecuencia, quiénes y qué proyectos específicos dispondrían del dinero en cuestión. En resumen, la discusión se centró en el siempre controversial elemento de la soberanía nacional y en quién tendría la palabra final.
Es decir, el modelo Yasuní no se encuentra exento de la discusión que subyace a las negociaciones sobre mitigación y adaptación al cambio climático: ¿Quién es responsable de la situación en la que nos encontramos? ¿Sólo los países industrializados? ¿Y los países que están en vías de desarrollo, como India y China? El quid del problema relativo al cambio climático es que se busca establecer derechos y obligaciones particulares para una amenaza inminente que atraviesa fronteras y que afecta a todos -y a las futuras generaciones- sin considerar la responsabilidad de cada uno en la situación. Una de las formas de enfrentar el problema es utilizando mecanismos de mercado donde los países más desarrollados ofrecen dinero a cambio de que los países que todavía mantienen capacidad biológica mayor a la que consumen -generalmente poco industrializados- reduzcan los niveles de deforestación, cuyos niveles de emisión de gases de efecto invernadero se calcula equivalente a los emitidos por el transporte mundial. Comúnmente estos mecanismos son denominados como REDD (Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación).
No obstante, esta clase de mecanismos pueden convertirse en incentivos perversos, ya que en el afán de recibir los fondos destinados a la reforestación, se talan bosques y después se reforestan, a pesar de que el sólo hecho de talar un bosque ya está liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, se saca la vuelta al mecanismo porque la protección de los bosques existentes no resulta lo suficientemente rentable como para mantenerlos intactos.
Frente al fracaso de la Conferencia de las Partes (COP15) en Copenhague en diciembre pasado, las discusiones sobre cómo enfrentar el cambio climático, adaptarse o mitigarlo dentro de lo posible, continúan abiertas. De tener éxito, el diseño de la Iniciativa podría integrarse al acuerdo “Post-Kyoto” que se espera concluir este año, ya que actualmente no forma parte de los mecanismo contemplados en el Protocolo de Kyoto. El Perú debe mantenerse pendientes de los resultados, obstáculos y sostenibilidad de este proyecto, de forma que podamos recibir compensaciones por los servicios ecológicos que brindamos al planeta.
Mariana Olcese
Más información:
“REDD…¿Qué es y con qué se come?” (BBC Mundo, 22 de diciembre de 2009)
Iniciativa Yasuní-ITT (Página Web oficial del Gobierno de Ecuador)