Crónica semanal (17 al 23 de enero)

La polémica suscitada a raíz de los sucesos en Bagua no tiene cuándo acabar. La Comisión Investigadora emitió un informe final que sólo fue firmado por tres de sus cinco integrantes. El mismo presidente de la Comisión, el líder indígena Jesús Manacés, se negó a respaldar el informe.

La otra persona en negar su rúbrica fue la hermana Maricarmen Gómez. Según Gómez, el informe no se ajusta a la verdad puesto que presenta a los indígenas como “víctimas de manipulación” (fuente: RPP).

Tampoco se ha avanzado mucho en el diálogo entre gobierno y representantes indígenas. El Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se constituyó el 11 de junio del 2009, tuvo su última reunión el 12 de enero. Este Grupo, conformado por miembros del Estado central, de los gobiernos regionales y por representantes indígenas, contó con cuatro mesas de trabajo, una de las cuales estuvo a cargo de instalar la Comisión Investigadora.

Según el Primer Ministro, Javier Velásquez Quesquén, el Grupo de Coordinación logró obtener un consenso sobre la mayoría de los puntos discutidos. Pero no todos son de la misma opinión. Tal como indica el diario La República, los trabajos de las mesas 2, 3 y 4 fueron aprobados por mayoría, pero no el informe final a cargo de la mesa 1. Esto significa que el intento de lograr un acuerdo sobre los hechos y la responsabilidades del Baguazo ha fracasado.

En el entretiempo, el Congreso ha decidido formar su propia Comisión de Investigación presidida por el periodista y también congresista Güido Lombardi. La Comisión ha anunciado que presentará su propio informe final el 26 de marzo.

En medio de tanta confusión, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se presentó ante el Congreso para dar su versión de los hechos. El discurso de Merino (presione aquí para accederlo) contiene un detallado recuento de los principales eventos y de la actuación por parte de la misma Defensoría. Pero es, también, un jalón de orejas al Estado peruano. Según la Defensoría, el gobierno no supo escuchar las demandas de los pueblos indígenas. Sostiene Merino:

Un conflicto violento pone en evidencia las fallas, vacíos y deficiencias de las estrategias y mecanismos para preservar la paz frente a las naturales controversias que se presentan en todas las sociedades. En el presente caso, una de dichas fallas fue, indudablemente, el no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la construcción de consensos.

Merino también invocó al gobierno a aprobar una ley para la consulta de pueblos indígenas en el corto plazo. Con un Congreso tan debilitado y disfuncional como el nuestro se necesitará el apoyo -implícito o explícito- del Ejecutivo para cambiar la relación del Estado con los pueblos indígenas. Resulta, sin embargo, difícil imaginar a un Alan García dispuesto a sacrificar parte de su lógica macroeconómica a favor de una minoría de ciudadanos peruanos.

Por Bernd Krehoff