Crónica semanal (12 al 18 de octubre)

JNE y TC: ¿Quién manda a quién?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Tribunal Constitucional (TC) se pelean por tener la última palabra en materia electoral.

Integración con obstáculos

La marcha por la integración, liderada por el presidente lambayecano Yehude Simon, fue recibida con piedras en Piura.

Para no olvidar

El Ministerio de Educación acordó llevar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación a los colegios.

JNE y TC: ¿Quién manda a quién?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Tribunal Constitucional (TC) se pelean por tener la última palabra en materia electoral.

La polémica nació en la Comisión de Constitución del Congreso. Allí se planteó la posibilidad de que las resoluciones del JNE puedan ser apeladas frente a instancias judiciales. El presidente del TC, Javier Alva Orlandini, también se mostro a favor de que las resoluciones del JNE sean apelables:

No hay zona en la vida política y en un Estado democrático y constitucional que esté al margen del control de constitucionalidad.

El JNE, en cambio, sostiene que sus resoluciones no pueden ser apeladas en ninguna instancia. La Constitución parece darle razón. Según artículo 181 de nuestra carta:

En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones [las del JNE] son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.

Pero en un fallo de abril del 2004, el TC relativizó la “imunidad” de las resoluciones electorales:

dicho criterio [el de la inapelabilidad] sólo puede considerarse válido en tanto y en cuanto se trate de funciones ejercidas en forma debida.

El fallo se apoya en el artículo 200 de la Constitución. En él, se establece que una “acción de inconstitucionalidad” en contra de leyes tiene rango de “garantía constitucional”.

Pero el rechazo del JNE también tiene razones prácticas. Teme una avalancha de apelaciones que podrían paralizar el proceso electoral. Alejandro Rospigliosi, abogado del JNE, señala que el Tribunal Constitucional resuelve más de 800 expendientes al mes:

Si a esto se le suma los casos que llegarían por materia electoral, el TC no podrá resolverlos en tres días, como plantea el Congreso.

Tanto el Ministro de Justicia Alejandro Tudela como el congresista Natale Amprimo se pronunciaron a favor de un “camino medio” que permita la apelación de las resoluciones del JNE solo frenta a las instancias más altas del Poder Judicial donde las apelaciones serían tratadas en un “proceso sumario, brevísimo”.

Integración con obstáculos

La marcha por la integración, liderada por el presidente lambayecano Yehude Simon, fue recibida con piedras en Piura.

La marcha busca promocionar la integración regional de los departamentos norteños de Tumbes, Piura y Lambayeque. Simon también tuvo problemas en Tumbes, donde un grupo de pescadores se congregó en contra de la integración que se decidirá en un referéndum el 30 de octubre.

Desde Lima, los congresistas apristas Javier Velásquez Quesquén y Luis Gasco Bravo se pronunciaron en contra de la Región Norte. Tanto el APRA como el Partido Popular Cristiano (PPC) habían exigido posponer la fecha del referéndum, mereciendo duras críticas por parte de Simon:

La Comisión de Descentralización ha aprobado por unanimidad este proyecto, de qué se quejan. No entienden que es la hora de los provincianos, de ser descentralistas, de formar verdaderas regiones.

En el sur, el alcalde provincial de Arequipa, Yamel Romero (APRA), se mostró a favor de la integración con Puno y Tacna. En esta última ciudad, sin embargo, las autoridades provinciales se oponen a la integración. Por otro lado, las autoridades de Huancavelica y Ayacucho están a favor de la integración con Ica, pero Ica se opone. Sin embargo, será el ciudadano común el que decida a favor o en contra el 30 de octubre.

Ver también: Ica, rica y solitaria.

Para no olvidar

El Ministerio de Educación acordó llevar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación a los colegios.

El plan piloto comenzará en 50 colegios de diez regiones, incluyendo a 22 mil escolares de primaria y secundaria. Tanto la Universidad Católica como el Instituo de Defensa Legal (IDL) y UNICEF son partícipes del plan que busca complementar y contrastar el contenido del Informe con las biografías de los escolares. Según Rocío Franco, representante del IDL:

La idea es tomar en cuenta la edad y vivencias de los escolares para explicarles lo que pasó en el país, para promover luego la discusión y análisis.

Los resultados del plan piloto serán evaluados en diciembre. Una vez hechos los ajustes correspondientes, se presentará una propuesta definitiva al Ministerio de Educación para implementar el debate del Informe en todas las escuelas del país a partir del 2006.

Por Evaristo Pentierra