“América Latina se debate entre la continuidad y el cambio”. Esta idea ha estado en el centro del debate político latinoamericano de los últimos años. Las nociones de continuidad y cambio han estado ancladas en la convivencia en la región de gobiernos de izquierda socialdemócrata, de una izquierda más contestataria y de gobiernos conservadores. En ese contexto, los procesos electorales que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Uruguay y Bolivia y el que se viene en Chile este domingo, obligan a repensar algunas de las nociones sobre el significado de cambio y continuidad en el espacio latinoamericano.

En las democracias que gozan de más salud, las pugnas electorales entre gobierno y oposición giran en torno a diferencias programáticas. Las elecciones son una oportunidad para que los que están en el poder defiendan su performance en el Ejecutivo y la oposición presente propuestas alternativas que generen la suficiente confianza en el electorado para generar un cambio de gobierno.

En América Latina se observan hoy en día dos paradojas. La primera es que, a menudo, el electorado asocia más al partido de gobierno o al candidato oficialista con alguna forma de cambio, incluso después de más de un mandato en el poder. La segunda es que en varios países los ciudadanos quieren a la vez cambio y continuidad.

El ciclo electoral en marcha pone en evidencia esta contradicción. En Uruguay, después de cinco años de gobierno del Frente Amplio, el cambio lo encarna, vaya ironía, un político de 74 años de edad, cuyo origen humilde desafía a una clase política, que casi en su totalidad, proviene de las clases medias profesionales. El vencedor de la elección presidencial, José Mujica, ex guerrillero tupamaro, ha sintonizado muy bien con los sectores populares y, al mismo tiempo, se ha beneficiado del exitoso gobierno de su correligionario Tabaré Vázquez, que ha incrementado la inversion social, desde la educación a las pensiones.

En Chile, pese a los esfuerzos del candidato de la oposición de convencer a los votantes de lo contrario, la idea del cambio no la encarna Sebastián Piñera, sino un diputado de 35 años que hasta hace solo unos meses militaba en el Partido Socialista (PS). Marco Enríquez-Ominami, o ME-O como se lo conoce en su país, abandonó el PS cuando se le prohibió participar en las internas presidenciales de la gobernante Concertación. Desde entonces, su mensaje ha estado centrado en la renovación de la veterana clase política chilena. Cambio en el Chile de ME-O significa, fundamentalmente, reposición de personal.

Al igual que en Uruguay, en Chile la derecha se ha mantenido leal al régimen, pese a llevar casi 20 años alejada del poder. Para poder llegar al gobierno en 1990 y, después, durante los años de la transición, los gobiernos de centro-izquierda chilenos tuvieron que aceptar las reglas del juego económico neoliberal. Hoy, tras dos décadas en el poder, le toca a la derecha aceptar las reglas impuestas por la Concertación, es decir, la ampliación del estado de bienestar y la reducción de las desigualdades impulsadas por los gobiernos de los socialistas Lagos y Bachelet.

En un clima post-consenso de Washington como el que se respira en Chile y Uruguay, las opciones más extremas en ambos lados del espectro político tienen poca viabilidad electoral. En Uruguay, el Frente Amplio ha sabido domar a los sectores más rebeldes de la coalición, al punto que el ex guerrillero Mujica sólo habla de continuidad con el gobierno del saliente Vásquez. En Chile, la izquierda extraparlamentaria de origen comunista aspira a un 10%, pero un 7% es más realista. A su vez, las propuestas de gobierno de la Concertación y de la derecha casi no se diferencian, lo que deja la impresión en el electorado de que ambas coaliciones son prácticamente intercambiables.

En ese contexto de escasa diferencia programática entre las opciones de centro-izquierda y centro-derecha y de buena performance gubernativa de las izquierdas moderadas, a la derecha en la oposición sólo le queda esperar el desgaste de los partidos de gobierno para poder dar el zarpazo y volver al poder. En Chile, los conflictos al interior y entre los partidos de la Concertación, expresados en algunas rupturas en la Democracia Cristiana y en el Partido Socialista – la más notoria la del propio ME-O – así como la incapacidad de hacer un recambio generacional, han deteriorado seriamente la imagen de la coalición de gobierno. A tal punto ha llegado este deterioro que ni siquiera el hecho de contar con el respaldo del presidente más popular desde el retorno de la democracia va a permitir al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, alzarse con la victoria ante el conservador Piñera. En Uruguay, en vez, donde los años en el poder aún no han deteriorado al Frente Amplio, los tradicionales Partido Colorado y Nacional tienen en frente un panorama más complicado.

En Bolivia, donde el ascenso de Evo Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) han transformado el panorama politico del país, se respira un ambiente de confrontación mucho más pronunciado. Al igual que en Uruguay, es el partido de gobierno el que monopoliza el discurso de la renovación, pero bajo circunstancias completamente distintas. Cambio en Bolivia no significa que el Estado redistribuya mejor los beneficios económicos del liberalismo de mercado, sino la intervención estatal a través del control de ciertas industrias y la profundización de un novísimo proceso de reivindicación indígena cuyas consecuencias aún son inciertas. Las elecciones del último domingo han dejado al gobierno en una posición de fuerza inusitada en la historia democrática de Bolivia. Morales no solamente fue reelegido sino que obtuvo dos tercios de los escaños en cada una de las cámaras legislativas, con lo que tiene carta blanca para desarrollar la Constitución que hizo aprobar este año.

Las dimensiones del triunfo electoral de Morales no pueden dejar de ser enfatizadas. Con la elección del último domingo, el sistema de partidos que existió en Bolivia hasta comienzos de este siglo ha firmado su desaparición. Aún así, lo más impactante ha sido los avances que el MAS ha hecho en algunas provincias de la Media Luna, las regiones criollas del este de Bolivia que concentran las riquezas del gas. A partir de esta nueva configuración política del país, a la oposición boliviana no le queda otra opción más que aceptar que los términos del juego político han cambiado y que van a tener que alcanzar pactos con el gobierno si no desean caer en la irrelevancia. Hasta ahora, la oposición a Morales no ha sabido interpretar los nuevos tiempos que se respiran en Bolivia.

En el fondo, la cuestión de la continuidad y el camio se reduce a lo siguiente: ¿cuánto consenso y cuánto disenso son beneficiosos en una democracia? Por un lado, que las clases dirigentes sean capaces de llegar a pactos duraderos es un signo de madurez política. Por otro lado, si la política no es capaz de presentar opciones diferenciadas y renovar sus discursos, se cae en el riesgo de la apatía y el cinismo. Esto significa que en países como Bolivia – y esto también es válido para los demás países andinos – los políticos deben intentar llegar a un sentido común por el que discurra el juego político. Bolivia, donde la lectura del gobierno es que su hora de desprenderse de todos los vestigios del antiguo sistema político no ha terminado, y donde la oposición está desorientada, es un ejemplo de lo difícil que es alcanzar consensos significativos. En los países más modernos del continente en los que las divisiones sociales son menos complejas, la renovación pasa más por introducir nuevos elementos en el debate político que vuelvan a entusiasmar a los ciudadanos.

Ignazio De Ferrari